NEGOCIO CON POCOS ANTECEDENTES
› Por Fernando Krakowiak
Es difícil precisar cuán rentable será el negocio de las AFJP a partir del año próximo, pero no hay dudas de que hasta ahora obtuvieron ganancias millonarias administrando los ahorros de los trabajadores. Según un informe elaborado por los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, desde que se instauró el régimen privado de capitalización de fondos de pensión, las AFJP recibieron 93.870 millones de pesos (valuados a los precios de 2006) y se quedaron con 30.789 millones en concepto de comisión (32,8 por ciento).
De esta cifra, 10.388 millones fueron a sus empresas vinculadas de seguro de fallecimiento e invalidez, 10.141 millones a gastos comerciales (cuyo mayor componente es la retribución al personal de ventas, gastos varios e ingresos brutos), 8285 millones a gastos administrativos (que incluye remuneraciones al personal administrativo y directivo, gastos de computación, depreciación de bienes de uso e impuestos), quedando 1975 millones de pesos de utilidad neta.
En el informe de la CTA se destaca que, con toda esa masa de recursos, se podría haber financiado un aumento a los jubilados de 27 por ciento anual promedio desde la instauración del sistema privado hasta la actualidad. Es decir que la jubilación mínima, que entonces estaba en 200 pesos, podría haber subido paulatinamente hasta llegar a 860 pesos a comienzos de este año, en lugar de los 560 pesos a los que estaba antes de la última recomposición.
Sólo 17 países en el mundo instauraron un sistema previsional donde el régimen de capitalización privado de fondos de pensión es de carácter obligatorio o voluntario: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Bulgaria, Federación Rusa, Kazajstán y Ucrania. Como puede verse, la gran mayoría son naciones subdesarrolladas. Además existen países que han adoptado la capitalización pero con gestión exclusivamente estatal: son los casos de Italia (1995), Letonia (1995), Suecia (1999) y Polonia (1999).
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