Por F. K.

Durante las primeras semanas que siguieron a la devaluación, las grandes exportadoras pudieron disfrutar de inéditas ganancias sin tener que pagar ni siquiera un mínimo de retenciones. Sin embargo, en marzo, el Gobierno decidió gravar algunos productos para garantizar el abastecimiento del mercado interno e intentar “estabilizar” el precio de la canasta básica de alimentos y de los combustibles. El petróleo crudo, los granos, los aceites y las harinas comenzaron a pagar una retención del 20 por ciento, mientras que al resto de los productos gravados se les aplicó entre 5 y 10 por ciento.
Las grandes corporaciones pusieron el grito en el cielo, pero rápidamente se las ingeniaron para sacarse de encima el peso de las retenciones. En el caso del campo, la falta de regulaciones en la cadena de comercialización les permitió transferir una parte importante del impuesto a los pequeños productores imponiendo precios más bajos a la hora de comprar. Cuando existía la Junta Nacional de Granos esa alternativa estaba vedada porque el Estado les aseguraba a los productores la compra de la cosecha a un precio mínimo para garantizar una redistribución progresiva del excedente al interior del campo.
Sin embargo, en 1989 aquel organismo se desmanteló. Desde entonces, los precios deberían ser fijados por el mercado a través de la oferta y la demanda, pero la perfección de la teoría liberal ha venido chocando constantemente con una realidad conformada por pocas empresas que se ponen de acuerdo para pagarles cada vez menos a los eslabones más débiles de la cadena.
La otra alternativa para neutralizar las retenciones consistió en apostar a la suba del dólar. Cuando se terminaron de establecer los derechos a la exportación, la divisa norteamericana cotizaba a 2,90 pesos. Al poco tiempo superó la barrera de los 3,50 pesos y desde hace más de seis meses permanece por encima de ese umbral sin que el porcentaje de las retenciones haya aumentado. Con este esquema los principales perjudicados fueron los consumidores, que debieron afrontar aumentos de más de 50 por ciento en los alimentos básicos y casi 100 por ciento en las naftas.