En un documento dirigido a la Comisión Renegociadora, Aguas Argentinas argumenta su posición frente a algunas observaciones hechas en el informe oficial y justifica los reclamos tendientes a dar respuesta a la crisis.
Los puntos más destacados del texto son:

La concesión ha sido capaz de realizar inversiones por 1700 millones de dólares en nueve años, conectando a más de 3 millones de personas a los servicios.

Se han reinvertido el 76 por ciento de las utilidades para apoyar ese tremendo esfuerzo de inversión.

El contrato, al definir un plan de inversión muy ambicioso y al incentivar bajas en las tarifas, conducía a generar altos ratios de endeudamiento.

Los dividendos pagados a los accionistas por 109 millones de dólares representan una rentabilidad que varía entre el 5 y 6 por ciento sobre el Patrimonio Neto.

La tarifa por los servicios básicos, asociada al factor tarifario K, sigue 4 por ciento inferior a lo que era en 1993, con Obras Sanitarias de la Nación. En cambio, es cierto que la factura promedio ha aumentado.

La larga duración de la concesión (30 años) implica que el entorno evoluciona en forma no prevista, lo cual obliga a replantear ciertas disposiciones del contrato.

El Estado Nacional puede colaborar desde el punto de vista fiscal, reduciendo la carga impositiva y desde el punto de vista del control regulatorio, con un control más ágil, más eficaz y menos burocrático.

Proponemos un plan de inversión de 245 millones de pesos entre 2002 y 2003, de los cuales 155 millones corresponden a 2003.

Proponemos reducir un 60 por ciento el servicio de la deuda limitándonos al solo pago de sus intereses.

Incremento tarifario inmediato de 15 por ciento, que puede ser mitigado por una reducción del IVA.

Cancelación de la deuda del Estado con Aguas Argentinas.

Eximición del impuesto a la ganancia mínima presunta, estimado en 45 millones de pesos.