En las últimas semanas, el tema de la deuda externa ha vuelto a colocarse en el candelero de las finanzas y de la política internacional debido a un juicio de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que ha emitido una resolución en contra del gobierno de la Argentina. Esta decisión evoca el profundo dilema que existe entre soberanía nacional y globalización financiera. Cuando un gobierno coloca deuda en los mercados internacionales, ofrece garantías de pagos que comprometen a sus contribuyentes en el mediano o largo plazo. Sin embargo, al venderse los bonos públicos se convierten en títulos privados que pueden convertirse en determinadas circunstancias en objeto de gigantescas especulaciones que pueden desencadenar bancarrotas de los Estados deudores.

En 2011 y 2012, España, Portugal y Grecia estuvieron sujetos a este tipo de especulaciones por parte de bancos e inversores que se beneficiaron de las abruptas subidas de la tasa de interés de los bonos soberanos. En algún momento se temió que podría producirse una bancarrota soberana y, por consiguiente, el hundimiento de la moneda común, el euro. Fue la intervención de Mario Draghi, director del Banco Central Europeo, factor clave en disipar la burbuja de la especulación y el peligro de “default”. Pero el fantasma de la deuda sigue planeando y no tardará en regresar.

En el caso de América latina, no pueden olvidarse la brutalidad y persistencia de las crisis de las deudas externas, tanto en los años ’80 como en las crisis financieras de México en 1995, Brasil en 1998 y la Argentina en 2001-2002. Cada una de estas debacles tuvo impactos económicos y sociales muy costosos, y constituyen capítulos clave de la historia reciente de la globalización financiera.

La experiencia de la Argentina fue de las más traumáticas. No sería hasta la elección de presidente de Néstor Kirchner, en mayo de 2003, que comenzó a vislumbrarse un posible cambio de rumbo. Para principios de 2004, la deuda externa alcanzaba la estratosférica cifra de 192 mil millones de dólares. A partir de repetidos viajes a Wa-shington, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, con el apoyo muy firme de Kirchner, logró una reprogramación de las obligaciones con los principales organismos financieros multilaterales (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). Luego se negoció con los acreedores privados garantías de pagos del servicio de los bonos externos a cambio de una reducción de su valor nominal que se estimaba en 100 mil millones de dólares en marzo de 2005: se alcanzó una quita de cerca de 55 por ciento, una de las mayores en la historia financiera internacional reciente.

Como consecuencia, el gobierno de la Argentina fue marginado de los mercados de capitales internacionales, pero durante los últimos diez años ha pagado el servicio de la deuda de manera puntual todos los años, lo cual ya ha representado una transferencia de más de 100 mil millones de dólares a los tenedores de bonos y una reducción dramática de la deuda externa. Sin embargo, una pequeña porción de bonos que no entraron en el acuerdo fueron adquiridos por un par de fondos de inversión de los Estados Unidos que son conocidos como “fondos buitre” porque compran por centavos para luego tratar de cobrarlos a precios mucho más altos vía juicios. Este negocio depende de la posibilidad de convencer a una Corte de Nueva York que las compras especulativas deben reembolsarse al 100 por ciento de su valor nominal. Esto es lo que ocurrió a partir de la decisión del juez Thomas Griesa de la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, que ha sido avalado por la instancia superior del sistema judicial norteamericano: en este caso, se sostiene que los reclamos de los especuladores serían de mayor valor jurídico que aquellos de un gobierno soberano.

El gobierno argentino ha respondido con dos estrategias complementarias. Por una parte ha afirmado que acatará el fallo y negociará en condiciones justas, equitativas y legales. Al mismo tiempo ha puesto en marcha una campaña política internacional para limitar los daños a su economía. Desde el lunes 7 de julio, el juez Griesa ha autorizado a un intermediario, el famoso abogado Daniel Pollack, de Nueva York, para que supervise el proceso de negociaciones entre los especuladores y el gobierno de la Argentina.

La respuesta internacional de solidaridad con la Argentina ha sido impresionante.

En primer término ha logrado el apoyo de los gobiernos latinoamericanos, incluyendo los del Mercosur, así como una resolución de apoyo de la Organización de Estados Americanos, aprobada el 4 de julio. En segundo lugar ha obtenido los apoyos de diversas instancias multilaterales, entre ellas la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la agrupación de 77 países en Naciones Unidas conocida como G-77. Pero, además, ha atraído la atención de dos grandes potencias: Rusia y China.

En resumen, se trata de un episodio de geo/política financiera de considerable impacto. Cabe preguntar: ¿cuál es el alcance de la soberanía de un gobierno y sobre todo de los contribuyentes en esta época de globalización financiera? Este es un problema medular que afecta a las democracias modernas

* Historiador estadounidense nacionalizado mexicano

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