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No sorprendió realmente que un día después del balotaje presidencial la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) sacara un comunicado con el fin de manifestarse en contra de algunos puntos centrales de la Ley del Actor, aprobada en el Congreso el 28 de octubre pasado. La norma sancionada y promulgada por Cristina Kirchner toca intereses empresarios, ya que en su aspecto provisional (el más novedoso y reivindicativo de la norma) se indica que, una vez entrada en vigencia, el patrón deberá aportar un 17 por ciento en concepto de contribución, mientras que el trabajador hará lo mismo, como aporte, en un 11 por ciento. La queja de los productores, que en aquella oportunidad manifestaron a esta cronista que “la ley no está bien confeccionada”, era incluso hasta de esperar, teniendo en cuenta lo acostumbrados que están a que la industria teatral esté protegida (por una ley de mediados del siglo pasado que les exige mantener en condiciones a los teatros privados a cambio de eximirlos de pagar impuestos nacionales como el IVA o ingresos brutos).

Tampoco llamó la atención que la Asociación Argentina de Actores (AAA) saliera inmediatamente al cruce con otra serie de comunicados en repudio de lo que llamó la “doble moral empresaria”, teniendo en cuenta que se trata de un gremio que peleó años por una ley que reconociera el derecho pleno de los actores, tomándolos como trabajadores en relación de dependencia por primera vez en la historia argentina, aunque esa ley dejara afuera, quizá necesariamente, a muchos compañeros que desarrollan la labor actoral en el teatro independiente, circuito en el que se trabaja generalmente en cooperativas y que no tiene productores, porque los “patrones” son los mismos actores agrupados en compañías autogestionadas.

Pero ayer pasó algo que sí sorprende, al menos a los que aún creen en el amor por el oficio de uno y en la lucha por la conquista de derechos para favorecer la profesión: un grupo de casi setenta actores de los más “famosos” (algunos de los cuales los productores reconocen como “primeras figuras” del espectáculo y con los que trabajan a porcentaje, en lugar de con contrato prefijado) se manifestaron por primera vez sobre el tema considerando, al igual que los empresarios, que “la Ley del Actor no representa las reales necesidades de los actores argentinos”. En la disputa que tiene dos claras posturas (porque es mentira que puede tener alguna más: unos quieren esta ley, otros no), eligieron su posición y hacia allí fueron, con un comunicado que firmaron, en orden alfabético, desde Adrián Suar y Adriana Aizemberg, hasta Silvia Kutika y Soledad Silveyra, entre otros.

Parte de su “preocupación”, dicen, “se basa en la inminente disminución de salarios a los que se verán afectados la gran mayoría de los actorestrabajadores a partir de los aportes que establece la ley”. “Asimismo, existe inquietud respecto de cómo afecta la nueva normativa al desarrollo del teatro independiente, ámbito que queda en situación poco clara”, aseguran, a la vez que piden al Poder Ejecutivo que, al momento de reglamentar la ley (el único paso que falta para que entre en vigencia) “pueda contemplar estas particularidades”. “Solicitamos al Poder Ejecutivo dar lugar a nuestras preocupaciones a fin de evitar que la implementación de la ley perjudique nuestra labor como actores, atente contra el desempeño de colectivos artísticos y creativos y ponga en riesgo el pujante desarrollo de la actividad artística de nuestro país”, firman.

Hay dos cuestiones que allí aparecen, y conviene desmenuzarlas, porque una es absolutamente válida y la otra carece de rigor. La primera es la que refiere al teatro independiente. Este mismo diario se ha preguntado, a la vez que celebró la sanción de la ley, qué lugar le cabe en este panorama al teatro off y cuál sería la mejor forma de incluirlo también en una reglamentación que reconozca sus derechos. Porque es cierto: cientos de actores (la mayoría de ellos, de hecho) no reúnen las 120 jornadas anuales o los cuatro meses de corridos que pide la ley para contemplarlos como trabajadores en relación de dependencia. Pero también es cierto que sin una norma como la conseguida –que, por otra parte, llevó años y años de lucha– no sería siquiera posible imaginar una legislación para ese circuito tan amplio y diverso. La Ley del Actor es y debe ser una norma que siente precedente, porque sin ella no se puede pensar en lo que sigue, en lo que por supuesto hay que pensar, en lo que por supuesto Actores quiere trabajar.

La segunda cuestión a la que se refieren los actores del star system que firmaron el pedido al presidente Mauricio Macri gira en torno de la disminución de salarios, y ahí es donde está el eje del “problema”. La cuestión ya aparecía en el discurso de distintos socios de Aadet, que habían manifestado que “si al porcentaje que va a derecho de autor, a sala, a artística, le sumamos las contribuciones de estas figuras tal como estipula la ley, el negocio no da, porque el ciento por ciento no se puede estirar. Entonces tenemos que contratar a menos actores, o hacerlo por menos dinero”. Los actores se suman a ese reclamo, pero se olvidan (¿se olvidan?) de algo central. Hay una tercera opción además de esas dos: que los productores hagan los aportes que tengan que hacer, no bajen los sueldos y ganen menos dinero. Los trabajadores, por su parte, no “perderían”, porque su 11 por ciento de contribución sería recompensado con vacaciones y aguinaldo. Como sucede con cualquier otro trabajador.

Lo que preocupa, por sobre todo, es una cosa: que como la ley aún no fue reglamentada, cualquier intromisión en el texto ya promulgado implicaría volver atrás con todo el proceso; es decir, volver a fojas cero. Teniendo en cuenta eso, ¿entenderán los actores firmantes que su pedido va directamente en contra de la Ley del Actor, la primera que paradójicamente pide por sus derechos laborales? ¿Serán conscientes de lo que perjudica a la industria no es que haya ley, tal como alegan, sino que no la haya? ¿Estarán al tanto de que la cobertura de salud de la que gozan en la mayoría de los casos se desfinancia permanentemente por no recibir los aportes correspondientes, por ejemplo?

El impecable recorrido democrático de esta ley (discutida con varios ministerios y organismos públicos, además de con las comisiones parlamentarias correspondientes y con ciudadanos) “le da a la misma la legalidad y legitimidad necesarias como para no poner en duda la importancia de atender a elementales derechos laborales de los trabajadores actores contemplando su atipicidad”, escribieron hace unos días desde Actores, y esta columna suscribe. Porque sin Ley del Actor no hay derechos. Y porque sin derechos no hay dignidad para una profesión que llevan a cabo miles. Es tan simple como eso.