RADIO › LA SITUACION DE LAS COMUNITARIAS Y UNIVERSITARIAS
› Por Emanuel Respighi
Hay otras voces detrás de las grandes luminarias de la radio. Profesionales, estudiantes, militantes, ciudadanos o simples soñadores que se acercan para construir un vínculo diferente al que se persigue en las emisoras comerciales. No tendrán audiencias masivas, tampoco el reconocimiento de los grandes medios, y mucho menos sus condiciones técnicas y económicas, pero tanto las radios comunitarias como las universitarias ocupan un lugar fundamental en el éter. Hay en ellas búsquedas temáticas, lenguajes diversos, concepciones estéticas experimentales y, fundamentalmente, finalidades comunicacionales singulares. Son las radios en las que los intereses sociales, educativos y culturales de la comunidad a la que interpela con asombrosa cercanía se anteponen a las leyes del mercado. Emisoras que también deben enfrentar el desafío que impone el avance tecnológico y el vacío legal de una norma que tiene vigentes algunos artículos pero que en la práctica pareciera ser letra muerta, ante la nueva e incierta Ley de Telecomunicaciones que impulsa el gobierno.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), con todos sus problemas en la implementación, revolucionó el modelo radiofónico legal vigente: le permitió a las organizaciones sin fines de lucro –cooperativas, pueblos originarios, ONG– acceder a una licencia, a la vez que reservó también esa posibilidad a cada universidad. La evolución que tuvieron los medios universitarios a partir de 2009 en Argentina es notable: llegaron a ser 59 las radios de universidades públicas y 25 los canales de TV instalados en modalidad web y antena. En el caso de las radios comunitarias, la preservación del 33 por ciento del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, sin embargo, no modificó en (casi) nada su situación: si bien ahora están en condiciones de acceder a una licencia (la ley-decreto de la dictadura sólo les daba esa potestad a las comerciales), fueron pocas las entidades legalmente habilitadas. O no todas las que se hubieran deseado.
“El intento de adecuar los medios concentrados a la LSCA se llevó gran parte de los esfuerzos de la gestión de la autoridad de aplicación (Afsca), lo que determinó que quedaran inconclusas las autorizaciones de más de 6 mil radios comunitarias, cooperativas y locales”, le cuenta a Página/12 Mario Giorgi, responsable de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda. “Hoy corren riesgo de cierre, ya que sin ley se quedan sin cobertura o deben interrumpir sus emisiones por razones de costos y el tarifazo”, se lamenta el locutor. “Ese panorama golpea duramente también a las radios universitarias. La salida del gobierno anterior dejó inconclusos los trámites de permisos de radio y TV, no actuó ante las denuncias de interferencias y no aplicó los planes técnicos requeridos”.
La disputa de la Afsca para adecuar al Grupo Clarín, coinciden desde las radios comunitarias, relegó a un segundo plano el proceso para legalizar la situación de las entidades sin fines de lucro. “La mayoría de las emisoras comunitarias no posee licencia”, cuenta Fabiana Arencibia, integrante del colectivo de comunicación Red Eco Alternativo y de la Red Nacional de Medios Alternativos. “Esa situación se arrastra desde la ley de la dictadura y empeorada por los gobiernos que la siguieron. Esa ley no nos contemplaba; éramos ilegales. La sancionada durante el kirchnerismo nos contempla dentro de los sin fines de lucro, pero tampoco su aplicación avanzó. Si bien se entregaron algunas autorizaciones excepcionales, no se crearon las condiciones para que el sector de los comunitarios, alternativos y populares pueda concursar. Llegamos hoy en situación de vulnerabilidad, al no tener licencias, con el agravante de que para la actual gestión de Cambiemos la comunicación adquiere una connotación mercantilista, de libre competencia, de eficiencia”, se queja Arencibia.
La suerte de las emisoras comunitarias y las universitarias, entonces, queda sujeta a la marcha de la economía, pero fundamentalmente al lugar que tendrán en la política comunicacional. El proyecto de ley de “convergencia” debería tener en cuenta a estos protagonistas de relevante función social, garantizando las condiciones para no perder los vínculos de pertenencia que construyen desde sus micrófonos. “La titular del Enacom, Silvana Giudici, comprometió una instancia de encuentros para conocer la situación de los medios universitarios, pero esas reuniones no solo no se produjeron. Se presume que será un texto sin restricciones para que los grupos hegemónicos sigan multiplicando su predominio. Se va intuyendo un recorte al acceso a los medios para distintos sectores de la vida institucional y comunitaria”, subraya Giorgi. “En nuestros medios juegan un papel protagónico las comunidades geográficas y de intereses que los construyen”, cuenta Arencibia. “El cara a cara, lo no virtual, los vínculos territoriales y culturales son lo que le dan vida. En muchos lugares alejados de las urbes, la radio sigue permitiendo la comunicación que ni los celulares posibilitan. Pensar en la revolución digital para la radio como si estuviese a la vuelta de la esquina y a la que todos podrán rápidamente tener acceso funciona, como mínimo, como un discurso peligroso, que puede empujar a renunciar a la lucha por nuestros medios tal como lo son hoy, en pos de algo que no sabemos cuándo llegará ni si será democrático o no, como no lo está siendo hoy la onda analógica”. Que la parafernalia tecnológica, entonces, no termine acallando estas voces.
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