Los usuarios de Internet sospechosos de bajar ilegalmente películas, música o juegos enfrentan sentencias de prisión y multas sustanciales, según un acuerdo que negocian las corporaciones de Hollywood y los gobiernos europeos. Se cree que las nuevas medidas incluidas en un controversial acuerdo sobre copyright incluyen un poder de monitoreo secreto para capturar a quienes comparten archivos. Las propuestas levantaron duras críticas en grupos privados y proveedores de Internet de Gran Bretaña, que aseguran que la industria del entretenimiento estadounidense reclama un poder draconiano que castigue las violaciones de copyright para proteger sus negocios. Y reclaman que el gobierno británico revele lo que sabe sobre estas negociaciones y publique los detalles en la biblioteca de la Cámara de los Comunes.

Según la propuesta que se está discutiendo, un usuario de Internet involucrado en la transferencia de “paquetes” sospechosamente grandes de datos puede ser monitoreado en forma secreta y reportado por su proveedor de Internet (ISP) a un contacto encargado de asuntos de copyright. La denuncia puede ser disparada por el download de varias películas o videos musicales en un mes y puede llevar a acciones legales dirigidas por una compañía de entretenimiento o una agencia de lucha contra la piratería. En los peores casos, la industria del entretenimiento puede ser capaz de presionar por multas o sentencias de prisión. Bajo los actuales planes del gobierno británico (similares a la ley sancionada por Francia el año pasado), la sanción más severa contempla sólo la suspensión de la conexión a Internet del infractor.

El Acuerdo Comercial de Anti-Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) está siendo negociado entre la Unión Europea y varios países que incluyen a Estados Unidos, México, Corea y Japón. Los poderes que se discuten van mucho más allá de los que contiene la Ley de Economía Digital de Gran Bretaña, que pone la responsabilidad de detectar e identificar infracciones menores en el poseedor del copyright, no en el proveedor de Internet. Las ISP europeas e inglesas advirtieron que la propuesta amenaza principios fundamentales de privacidad y de derechos de la Justicia criminal y que ponen la libertad en Internet en riesgo. Un vocero de la ISP Association de Gran Bretaña dijo que sus miembros están preocupados acerca de que el acuerdo puede llevar a sanciones criminales más allá de las penalidades civiles al intercambio ilegal que están siendo consideradas por el gobierno inglés.

El perro guardián encargado de vigilar la privacidad en Europa también emitió una advertencia oficial. Peter Hustinx, supervisor de Protección de Datos Europeos, dijo que los gobiernos deberían considerar medidas menos intrusivas para combatir la piratería en Internet: “Las sentencias a prisión deberían ser el último recurso, y sólo contra casos serios de violaciones de derechos que involucran grandes negocios”, dijo. Richard Clayton, experto en seguridad de Internet en la Universidad de Cambridge, dijo que los planes están dirigidos por “industrias de Hollywood” que tienen una apreciación poco realista de lo que los proveedores de Internet pueden hacer. “Para un ISP no es posible identificar de manera confiable si un paquete de datos es una película de Britney Spears o una película casera de unos chicos que es bajada por sus abuelos”, dijo. “Esta es una respuesta absolutamente desproporcionada al problema, que terminará poniendo la mira sobre usuarios inocentes de Internet.”

David Lammy, ministro de Estado para la Propiedad Intelectual, ha dicho que no puede poner en la biblioteca de la Cámara de los Comunes los papeles del ACTA porque hay países que quieren que los detalles permanezcan en secreto. Pero Don Foster, secretario de Cultura, Medios y Deportes, le escribió a Lord Mandelsohn, secretario de Estado para los Negocios, demandándole que “ponga en claro” lo que el acuerdo significa para la legislación inglesa.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.