Hay frases que son como semillas. Alguien las siembra en el norte del hemisferio, pero no puede fiscalizar la cosecha más allá de sus fronteras. Aunque quiera. El ingenio de los otros modifica una palabra y trastrueca la matriz. Un asesor del entonces candidato presidencial estadounidense Bill Clinton acuñó el exitoso grito de batalla: “¡Es la economía, estúpido!”, a principio de los ’90. En América del Sur se está blandiendo otra consigna desde hace cinco años. “¡Es la cultura (la política), estúpido!” plasma un cambio de enfoque en el horizonte. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela integran el Sistema de Información Cultural del Mercosur (Sicsur), una plataforma de medición regional que releva datos de cada uno de los diez países miembros. Esta herramienta para la gestión cultural incluye estadísticas, legislación, documentos y publicaciones; una masa de información que contempla la diversidad de las partes y al mismo tiempo la unificación de criterios. La cosecha del Sicsur avanza con el lanzamiento del primer número de la revista Enclave cultural. Rodolfo Hamawi, director nacional de Industrias Culturales, dice que el Sicsur es un “paso significativo” hacia la integración y el diálogo. “Cuanto más sepamos de nosotros, más cerca vamos a estar.”

Desde que en 2009 entró en la órbita digital a través del sitio web www.sicsur.org, esta plataforma regional puso en circulación más de 4200 registros en el mapa cultural, más de 50 cuadros y gráficos sobre estadísticas, 248 leyes, nueve documentos y dos publicaciones originales. Calibrar la dimensión de estos detalles que podrían parecer a simple vista “anecdóticos” no es un asunto menor. El Sicsur surgió para revertir un bache histórico de la institucionalidad y la gestión por estos pagos: la falta de datos actualizados sobre la cultura sudamericana. Cada Estado miembro tiene su antecedente de medición. En Argentina funciona desde 2003 el SInCA (Sistema de Información de la Cultura Argentina); en Colombia implementaron a partir de 2006 la CSC (Cuenta Satélite de Cultura) y en Paraguay arrancaron este año con el Sicipy (Sistema de Información Cultural del Paraguay). “En un tiempo en el cual los asuntos culturales se debaten en organismos internacionales como la Unesco, pero también en foros que fomentan el libre comercio como la Organización Mundial del Comercio, resulta necesario que la región tenga sus propias fuentes y sus propios datos”, subraya Hamawi a Página/12.

Aunque la cultura entró por la puerta grande a los recintos de varias organizaciones globales y está ocupando cada vez más espacio en los debates internacionales, los países más fuertes de la economía mundial continúan invocando y aplicando al comercio internacional el paradigma que reproduce el intercambio asimétrico entre productores de mercancías con alto valor agregado y productores de materia prima. Los titanes económicos postulan que la propiedad intelectual, por ejemplo, se rija con las reglas del libre comercio. “Los bie-nes culturales tienen una especificidad que no es la de los bienes económicos; habilitan un tratamiento diferenciado de tipo impositivo y el apoyo estatal –explica Hamawi–. Para que este tratamiento sea posible, es indispensable contar con mediciones regionales que muestren la especificidad de las industrias culturales.” Cada uno de los países del Sicsur responde a sus necesidades de medición, que se podrían reflejar en el avance digital en Brasil o en los pueblos originarios como médulas culturales en Paraguay y Bolivia. “La ventaja es que estamos creando un mapa de acuerdo a lo que cada uno necesita. No es un coto de consultoras del exterior ni de ningún organismo internacional que mide de acuerdo a sus propios parámetros. No es una matriz impuesta”, aclara Hamawi.

Natalia Calcagno, coordinadora argentina del Sicsur, repasa el crecimiento exponencial de los servicios culturales. “Argentina es la cuarta exportadora de contenidos televisivos a nivel mundial –revela–; son contenidos que se están volviendo grandes negocios en una economía donde el capitalismo va tercerizando cada vez más los servicios. Y en esto la cultura es tan protagónica que a la OMC le interesa que se converse en las rondas de negocios la liberalización de los servicios audiovisuales.” El litigio se libra en una cancha hostil. Varios jugadores quieren enmendar la plana de la Convención sobre la Diversidad Cultural de la Unesco –firmada por 148 países, excepto Estados Unidos e Israel–, que protege los bienes culturales para que no sean tratados como mercancías. “Si los países de la región acordaran con la OMC la liberalización de los servicios audiovisuales, no existirían más espacios como el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) –advierte Calcagno–. Esta discusión Unesco-OMC es sobre el rol del Estado y las posibilidades de las culturas locales más débiles de seguir existiendo. No es una discusión sólo económica; es profundamente cultural.”

El primer número de Enclave cultural, la flamante revista de papel del Sicsur, despliega un menú de artículos, país por país, con informaciones relevantes y estratégicas, que exploran tópicos mutantes como los derechos de autor y la piratería, la cultura política participativa, los flujos del comercio exterior editorial, el patrimonio cultural y los museos comunitarios, entre otros. La piratería –se sabe– perjudica a autores, productores y al Estado. Conviene detenerse en la experiencia ecuatoriana. Los comerciantes de DVDs y CDs con contenidos ilegales constituyen la red de distribución más grande de la industria cultural de Ecuador. El Ministerio de Cultura ecuatoriano reconoce que muchas familias obtienen sus ingresos de la piratería –la principal asociación de distribuidores “piratas”, Asecopac, tiene 2000 miembros– y está empezando a utilizar ese aceitado canal para incentivar al sector a cambiar la actividad ilegal por la distribución de discos legales y originales.

Cuando la película ecuatoriana A tus espaldas cumplió su ciclo dentro de la programación de las salas de cine, la Asecopac le propuso al productor comprarle los derechos de autor, financiar la elaboración de 20 mil copias originales y venderlas en sus locales comerciales. Las 20 mil copias, que respetaban el derecho de autor, se agotaron en menos de un mes a un precio de 5 dólares por unidad. “Esto demostró que en el Ecuador se puede comercializar material original, siempre que el mismo se encuentre a un precio accesible –se afirma en el artículo de Enclave cultural–. El ejercicio fue exitoso pues todos ganaron, tanto los autores, con el respeto de sus derechos; los comerciantes, que tuvieron un margen de ganancia atractivo y casi similar o superior al que obtienen de la venta de copias ilegales, y los consumidores, con un producto legal, de buena calidad y a un precio justo y adecuado para la realidad de nuestro país.”

El debate sobre la defensa de las industrias culturales se conjuga en los tiempos verbales y políticos del presente. “La tarea de los Estados es defender y expandir la soberanía, sabiendo que su mayor riqueza es la diversidad que promueve la multiplicación de voces”, señala Hamawi. “Sólo la construcción de una masa crítica de información nos permitirá afianzar un futuro común de soberanía, progreso e igualdad para nuestros pueblos.”