La soberanía lingüística está en peligro por la maquinaria de negocios que implica certificar el “correcto” dominio de la lengua castellana. Escritores, traductores, docentes universitarios, editores y artistas como los mexicanos Juan Villoro y Fabio Morabito, más los argentinos Noé Jitrik, María Teresa Andruetto, Tamara Kamenszain, Alberto Szpunberg, Luis Chitarroni, Tununa Mercado, Horacio González, Daniel Link, Leonora Djament, Gabriela Adamo, Elsa Drucaroff, Carlos Gamerro, Jorge Fondebrider (ver aparte), Betina González, María Pía López, Fabián Casas, Ingrid Pelicori, Rafael Spregelburd y Emilio García Wehbi, entre tantos otros, repudian el “Memorándum de Entendimiento”, un conjunto breve de artículos por el cual la Universidad de Buenos Aires (UBA) se integra al convenio firmado entre el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Salamanca, que pretende otorgarle al Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) valor universal y hegemónico. “Se trata de una grave intromisión en la independencia lingüística de América latina, así como de un perjuicio a los intereses políticos y comerciales de la región”, alertan en una carta que suma cada vez más adhesiones en todo el mundo.

La UBA forma parte del Consorcio ELSE (Español Lengua Segunda y Extranjera), constituido en 2001 e integrado por 35 universidades nacionales, un organismo que generó mecanismos propios de evaluación del español como lengua extranjera y ofrece una certificación argentina: CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso). Desde “Letras Vuelve”, una agrupación de graduados de la carrera de Letras de la UBA, rechazan el convenio firmado para avalar y homologar el SIELE porque el “Memorándum de Entendimiento” fue acordado por el rectorado de la universidad “de forma totalmente inconsulta y a espaldas de la comunidad académica” el pasado 30 de marzo. Los graduados advierten que este accionar constituye “un ataque directo a las políticas lingüísticas que los especialistas de nuestro país vienen desarrollando desde hace más de 25 años”.

¿La estrategia del Instituto Cervantes de España es una nueva forma de imperialismo lingüístico? El escritor Américo Cristófalo, vicedecano de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, plantea que sería equivalente, pero habría que hacer una “traducción” al período neoliberal. “Este tipo de instituciones de la lengua, como la Alianza Francesa, la asociación Dante Alighieri o el Instituto Goethe, son muy propias del período de expansión imperialista clásica de algunos países centrales europeos. El instituto Cervantes se fundó en los años 90 con el ingreso de España a la comunidad Europea y parece pertenecer más a las políticas de la globalización; representaría la expansión de la lengua en un período en que no queda comprometida la cuestión territorial en sí misma, sino que apunta a la hegemonía de las grandes corporaciones. Las empresas que avalan y sostienen al Cervantes son Repsol, YPF, Telefónica, Iberia; empresas que tuvieron un rol muy activo en los procesos de privatización de América latina. Los imperios siempre supieron que la lengua era un motivo fundamental de estabilidad política en las zonas de expansión”, recuerda el escritor a Página/12.

Lo que parece estar en juego es el campo inmediato de un examen de acreditación universal del español, cuyo costo ascendería a 150 euros. Se puede hacer un cálculo aproximado mediante una cifra que aporta Cristófalo: 60.000 personas en todo el mundo rindieron el DELE (Diploma del Español como Lengua Extranjera), el examen anterior al SIELE. Si se toma esa cifra y se la multiplica por 150 euros, arroja un total de 9.000.000 millones de euros. Como son cuatro las instituciones que intervienen –el Instituto Cervantes más tres universidades– quedarían unos 2.250.000 millones de euros para cada una. La UBA recibiría unos 38.250.000 millones de pesos, una cifra insignificante o menor si se la compara con el presupuesto general de la universidad: 8 mil millones de pesos. ¿Por dónde pasa el negocio? “Una vez que firmaron el acuerdo, lo primero que hicieron fue ver a quién le daban la plataforma digital para hacer el examen –cuenta Cristófalo–. ¿A quién se la dieron? A Telefónica de España. ¿Por qué se la otorgaron a la Telefónica en vez de alguna facultad de Ingeniería de la UNAM o la UBA? Telefónica es la avanzada del conjunto de negocios españoles vinculados a la comunicación en América latina. La tajada grande del negocio no está en el examen mismo”.