En 2010, las compañías discográficas invirtieron unos cinco mil millones de dólares en sus artistas. Sin embargo, basta el ejemplo de España para demostrar que las grandes apuestas monetarias no tienen ninguna cláusula de enganche que las convierta en grandes apuestas artísticas: en ese país, en el que el nivel de debutantes en el Top 50 de ventas dubitó entre los 6 y los 10 puntos en la última década, en 2011 ningún músico nuevo pudo ubicarse entre el medio centenar más vendedor. Es sólo un dato, tan incompleto como confiable, de los que la cámara internacional de la industria fonográfica (IFPI, por su sigla en inglés) facilita en su reporte anual sobre el mercado de la música empaquetada (de discos a megabytes).

El IFPI Digital Music Report 2011 (que puede ser descargado gratis y por completo en el sitio IFPI.org) es, fundamentalmente, un documento que registra cuantitativamente los avances y retrocesos en las ventas y la distribución de la música empaquetada en algún tipo de formato o soporte. Y en paralelo, es la herramienta más clara y al parecer “transparente” que esa cámara tiene para combatir (así, en esos términos) a la piratería (así, con parche en el ojo digital). “No puede llevarte meses en el estudio hacer un gran álbum. Componer música es una pasión, pero también un trabajo, y me encantaría ver comprando música a esos que la están robando ahora”, se estaciona en el mismo carril Elly Jackson (La Roux); y deja bien claros los dos aspectos en que funciona ese reporte: por un lado, el volumen del modelo de negocios de la música en diversos soportes; y por el otro, el tono privativo que para buena parte de los artistas y productores del rubro pretenden de este arte en tiempos del pos 2.0.

La doble sinusoide
de la industria

“La música está a la vanguardia de la digitalización del negocio del entretenimiento”, precisa en un momento el documento. La ambivalente sentencia se basa en unas cuantas cifras elocuentes. A fines de 2010, la cantidad de temas licenciados para su comercio electrónico por los sellos fue de 13 millones, distribuidos por algo más de 400 servicios (de Last.fm a Sonora, de Vevo a Bandit.fm), la mayoría de ellos sólo completamente operables en los principales mercados. Con un volumen económico de 4,6 mil millones de dólares en ventas, globalmente el segmento online de la industria volvió a crecer durante el año pasado y ya ocupa un 29 por ciento de la torta discográfica.

Sin embargo, este crecimiento sustentable hace por lo menos siete años (desde que en 2004 comenzaron a multiplicarse visiblemente los negocios del mercado digital) no alcanza a paliar el descenso en la venta de música en cualquier formato, que en 2010 siguió su curso negativo con un retroceso del 31 por ciento. En la sumatoria de unidades de los 50 discos más vendidos por año entre 2003 y 2010, basada en una buena cantidad de pequeños estudios estadísticos y mercadotécnicos y en informaciones aportadas por los propios sellos, IFPI relevó un descenso del 77 por ciento en las ventas en cualquier formato de los artistas debutantes. Esto ya no tan nuevo (y comercialmente no tan diferente al viejo uso) mantiene a flote el buque industrial musical, pero debajo de su casco virtual el colchón de agua viene achicándose y achicándose prácticamente sin remedio posible.

Entre 13 millones de tracks licenciados que sumaron lo suyo, apenas 10 canciones (ver aparte) se alzaron con el grosero número de 80 millones de unidades vendidas. Lo online crece para muchos, pero fuertemente sólo para unos pocos; pero de todos modos no llega a suavizar la caída de las ventas en cualquier soporte; y para más están volviendo a la música más concéntrica, más corporativista y menos abierta a las novedades.

Elocuentemente, IFPI no se refiere a esos problemas, sino meramente al avance de las descargas ilegales, que en verdad no han avanzado tanto y han mantenido un volumen bastante cercano al 40 por ciento en los últimos ocho años (casi del 60 por ciento en la Argentina de la pos crisis). “Estamos haciendo todo lo posible para proveerle a los consumidores una alternativa legal y viable a la piratería”, asegura en el informe Rob Wells, de Universal Music Group. “Hicimos absolutamente todo lo que nos corresponde como industria para digitalizar nuestro repertorio”, se suma a la lavada colectiva (y empresarial) de manos Eric Daugan, de Warner Music Europa. Esto es: la empresa privada asegura haber hecho hasta donde ha podido y se basa en esa concluyente aseveración para reclamar a una suerte de Estado mundial que se ocupe de lo que le toca en parte: “Muchos gobiernos están reconociendo la necesidad de proporcionar alternativas efectivas al crecimiento de la piratería. Son signos claros de que la idea que los gobiernos tienen está cambiando”, es la lectura (algo apresurada en la editorial que acompaña el DMR2010, bastante lógica desde los aportes del reporte) que realiza la directora ejecutiva de IFPI, Frances Moore.

Basta mencionar el caso sueco, donde a partir de la instrumentación de leyes que facilitan los accesos a servicios de distribución de música online, el 52 por ciento de quienes bajan música ilegalmente (difícil imaginar a más que dos o tres en todo el mundo con parches en el ojo y patas de palo) han declarado haber disminuido su propensión a esa práctica desde las nuevas leyes. Pero el problema fundamental es el que aqueja a toda regulación que tenga que ver con lo que sucede en Internet: al ser un medio (de comunicación y de negocios) “descentralizado”, son las legislaciones nacionales las que en definitiva operan sobre esos procesos de distribución.

En vista de la poca unidad discursiva en lo tecnológico entre estados de distintas regiones (la Venezuela del software de código abierto en oficinas de gobierno en oposición a varios líderes europeos propietarios de servicios online), la puesta en común de una política mundial parece improbable. Aunque apenas un poco menos que la autocrítica de la industria musical.