En una decisión que respalda el derecho a la comunicación presente en la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados ratificó la vigencia del Decreto 2368/02 que permite la cobertura territorial y poblacional de Canal 7 en todo el país, sin depender de cuestiones de “seguridad nacional” o “intereses de mercado”, tal como señalaba la Ley de Radiodifusión redactada en 1980 por la dictadura militar. Con esta medida, adoptada en la sesión del miércoles último, los diputados cerraron así toda posibilidad de impugnar la instalación de repetidoras del canal estatal en las localizaciones autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, tal como pretendió hacerlo semanas atrás un fallo del juez mendocino Héctor Acosta, al disponer una medida cautelar contra la estación transmisora de San Rafael. Acosta hizo lugar a un pedido del grupo Vila-Manzano, propietario del multimedios regional que controla el diario Uno, radio Nihuil y el operador de cable Supercanal, además de poseer un paquete accionario en América TV, que procuraba impedir la llegada de Canal 7 a la provincia mendocina.

La norma ratificada por Diputados, se basó, en que la cámara considera conveniente “implementar una política de radiodifusión que permita la sincera integración entre las distintas ciudades emplazadas en el territorio de las provincias que integran la República Argentina y su Capital Federal, procurando un intercambio cultural fluido entre ellas”. En consecuencia, deja sin efecto las restricciones que establecía la ley de 1980, que relegaban al canal estatal a una mera función de “gendarmería”, ya que el canal nacional sólo podía instalar nuevas estaciones “cuando así lo exijan razones de seguridad nacional y solamente en aquellos lugares adonde no concurra la actividad privada o tengan una baja densidad demográfica o escaso interés comercial...”. Para Diputados, tal criterio “atenta contra una política de plena libertad y concurrencia de los medios de radiodifusión”.