En la guerra mundial emprendida por las compañías discográficas contra la piratería, la industria argentina tuvo ayer su propio día D: Gabriel Salcedo, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (Capif), anunció la puesta en marcha de veinte demandas judiciales contra usuarios argentinos de sistemas peer-to-peer como Kazaa, FastTrack, Bearshare, E-Donkey, BitTorrent y Soulseek. Así, la política de accionar legalmente contra quienes ofrecen canciones sobre las que no poseen derechos de autor, iniciada el año pasado en Estados Unidos (y que ya contabiliza 2100 demandas en el mundo), encontró aquí la primera cabeza de playa de toda Latinoamérica. Las demandas serán contra usuarios que ofrecen 5 mil canciones o más, pero, según afirmó Salcedo a este diario, “nuestra primera misión es ir contra los que mayor cantidad de música ponen a disposición, los que más daño causan, pero vamos a ir contra muchos más”.
En rigor, estas presentaciones no son aún contra las personas, aunque persiguen ese fin: lo que demanda la Cámara que agrupa a las cuatro grandes –Warner, EMI, Sony BMG y Universal– y un puñado de sellos independientes, es que la Justicia civil determine quiénes son los propietarios de las direcciones IP de internet donde se detectaron carpetas llenas de archivos musicales. A partir de allí, según Salcedo, Capif solicitará una indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto determinarán los jueces de acuerdo a cada caso. El anuncio llega en un momento en que la industria musical está redoblando sus esfuerzos para tratar de revertir una situación que escapó a su control, y que en los últimos cinco años produjo una brusca caída en las ventas. De hecho, ayer se realizaron conferencias similares a la del C. C. Recoleta en otros catorce países: Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Inglaterra, Suiza, Suecia, Hong Kong y Singapur.
La iniciativa, además, viene acompañada por una reformulación intensiva del negocio. Desde los ya lejanos tiempos de Shawn Fanning y el pionero Napster (hoy reconvertido en sitio legal), la industria estuvo siempre un paso atrás de lo que sucedía en internet, y le llevó tiempo diseñar un nuevo formato del negocio. Pero la venta de música en estado virtual está explotando: para dar un par de ejemplos, en el primer semestre de este año se contabilizaron 800 millones de dólares, mientras que la puesta en marcha del Video IPod significó la venta de un millón de videoclips en solo 20 días. Para terminar de formular el mercado del nuevo siglo, los dueños del negocio necesitan limpiar la red, sea de piratas a escala industrial o de pibes para quienes el download es una forma de acceder a música que no pueden conseguir o no pueden pagar, o una módica forma de rebeldía frente a un mercado que concentra la mayoría de la música en cuatro corporaciones, tiene el 85 por ciento de la comercialización repartido en dos firmas (Musimundo y el Grupo Ilhsa), y por ende puede fijar un precio abusivo de 30,90 pesos por CD. Precio del cual los músicos perciben, en el mejor de los casos, 2 pesos.
Un informe presentado ayer por Capif y realizado por la consultora Cuore Consumer Research buscó ajustar el retrato del downloader promedio. El reporte, en base a 700 encuestas realizadas en los principales centros urbanos del país, determinó que el perfil predominante de los usuarios de tecnología P2P es de jóvenes de buen nivel socioeconómico: solo el 6 por ciento de quienes confiesan bajar canciones de Internet pertenece a sectores de bajos recursos. “La excusa de no tener plata es más del que compra discos piratas en la calle”, señala Salcedo. “El perfil de bajadores que predomina es de jóvenes de 20 a 25 años que tienen banda ancha hogareña, de clase media y media alta. No estamos demandando a pobres tipos, sino a aquellos que claramente pueden comprar discos y no lo hacen porque no les da la gana, porque se los pueden bajar.”
–¿Por qué la estrategia judicial comienza en Argentina, y no en mercados mucho más grandes como México o Brasil?
–Con honestidad brutal, porque quisimos y decidimos hacerlo. En Argentina, el crecimiento de la banda ancha es enorme y la cantidad de música que circula también. En México quizá no hay tanta banda ancha y en Brasil quizá la pobreza es mucho mayor. El mercado de internet local es muy importante, y cinco compañías grandes (Claxson, DBN, EPSA, Infobae y Musimundo) decidieron poner en marcha portales de venta. Lo que hacemos no es casualidad, tiene que ver con el desarrollo del mercado, las posibilidades que ofrece. La misión de esta campaña es masajear el mercado. En Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, la mitad de la gente baja musica legal de internet: el objetivo es abrir posibilidades a artistas argentinos para que sus canciones sean compradas a través de internet.
–Pero el mercado argentino no es el Primer Mundo...
–Cada mercado tiene su particularidad, pero en Argentina se venden discos, y se venden muchos discos de artistas argentinos. Acá hay una industria y hay artistas, y nuestra visión es que, para que siga habiendo industria, tiene que seguir habiendo artistas que puedan desarrollar su carrera aquí. Al final del día, los artistas venden su música fundamentalmente en Argentina, no tanto en el exterior. Queremos fortificar el mercado argentino.
–Las primeras versiones hablan de un precio standard de un dólar por canción. No parece muy sensato para convencer a la gente de que deje de bajarse temas.
–Una canción quizá cueste menos que un café, y un disco completo va a costar menos que lo que cuesta en la disquería.
Así las cosas en la madre de todas las batallas en la industria musical: el mismo reporte de CCR indica que, mientras en 2004 se bajaban 9 canciones por semana y por hogar, este año la cifra llegó a 22, lo que da un total de 412 millones de canciones, equivalentes a 31 millones de discos. Demasiado para un mercado que, en lo que va del año, lleva vendidas doce millones y medio de unidades. Suficiente para que los capitanes de la industria empiecen a golpear las puertas del juzgado.