A casi dos años de la tragedia de Cromañón, parece que el runrún insistente y comprometido de las organizaciones de músicos independientes tuvo su efecto en el poder. Con el delay propio de los tiempos políticos, pero consciente de que se trata de un problema que urge resolver, un grupo de diputados de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por Inés Urdapilleta desdobló un proyecto de ley tendiente a normalizar la actividad musical, altamente resentida luego de la tragedia. Una parte, que se tratará hoy en la cámara, tiene como objetivo macro superar el vacío legal que existe en la actividad, incorporando al Código de Planeamiento Urbano la figura de los Clubes de música en vivo. El otro se tratará durante los primeros meses del año que viene y consiste en un proyecto de habilitaciones más “flexible” y abarcador que el vigente, sustentado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3, que sólo sirvió para “normalizar” la actividad en un reducido circuito de lugares.

Organizaciones de músicos como la UMI (Unión de Músicos Independientes) y el Camuvi (Cámara de espacios con música en vivo) vienen manteniendo una lucha sin cuartel desde que el post Cromañón prácticamente aniquiló las posibilidades laborales para los trabajadores del sonido. Ya hubo dos concentraciones frente al Palacio Legislativo basadas en el pedido de abrir espacios para tocar. E incluso una carta documento que llegó a manos del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, intimándolo a que proceda en dicho sentido. Más allá del efecto inmediato de las inquietudes de los artistas –que marchan de la mano con la petición de una nueva Ley de la Música–, es verosímil plantear que el ruido under rozó de cerca los oídos políticos y tuvo su correlato en el proyecto, él único que existe hasta hoy para regularizar la actividad musical en Capital Federal.

El primer paso oficial, entonces, será hoy, y según sus promotores no habrá grandes trabas para ser aprobado en primera lectura. Pero, dada la obligatoriedad de su “doble aprobación”, los legisladores prevén exponer la norma en una audiencia pública, en la que los interesados podrán hacer las correcciones o aclaraciones que crean pertinentes de cara a su aprobación final. ¿En qué consiste la totalidad de la iniciativa? En principio, legalizar un espacio, un ámbito apto para la música en vivo bajo el nombre de “Club de música en vivo”. Los mismos, para lograr la habilitación legal, tendrán que tener una capacidad máxima de 200 espectadores, ser techados y aptos para ejecutar música de cualquier género. “También se podrán expender comidas y bebidas”, según el texto.

En su artículo primero, la iniciativa pide que estos clubes –considerados locales de 3a clase según el Código de Edificación– se incorporen al Código de Habilitaciones y verificaciones en la sección “Espectáculos y diversiones públicas”, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Por ejemplo, la existencia de pasillos libres de un metro de ancho como mínimo, la reserva de espacios para discapacitados, escenario aprobado por un profesional, horario sujeto al código de convivencia urbana, la colocación de circuitos eléctricos en un lugar de fácil acceso para su control, un sistema de luces y sonido que no impida la trayectoria hacia la salida, igual que las barras o los mostradores, cuatro matafuegos ABC y planos de evacuación colocados en lugares visibles.

Diego Boris, presidente de la UMI, mantuvo una reunión con la diputada Urdapilleta y ambos coincidieron en la necesidad de una norma. Pero plantea dos reparos. Uno radica en la persecución al rock. Dice Boris: “Si sigue habiendo una política de persecución al ejercicio del arte musical en vivo como la que tiene el Gobierno de la Ciudad con los centros culturales, pubs y cualquier lugar donde se pueda tocar, cuando salga esta norma no va a quedar (salvo las excepciones que todos conocemos) ningún espacio que pueda desarrollar música”. Y el otro le agrega a la inquietud un factor numérico. Como el tope de personas para los clubes de música sería de 200 personas, la pregunta de Boris es “¿Qué hacemos con las bandas que llevan entre 201 y 700 personas, que no tienen dónde tocar?”. “En una reunión que tuvimos con funcionarios de Cultura de la Ciudad –extiende el músico– nos dijeron que no sabían qué hacer. Nosotros creemos que no debería ser necesario un permiso especial para trabajar de músico. Ejemplo: hay un bar habilitado para 50 personas, con las condiciones de seguridad para que esas personas puedan salir en caso de incendio, etc. Si uno se levanta y se pone a pintar un cuadro, está todo bien, si otro se levanta y se pone a recitar, ningún drama. Ahora, si a un inadaptado se le ocurre desenfundar y ponerse a tocar una guitarra criolla, ese lugar puede ser clausurado. Como si lo peligroso fuera la actividad y no las condiciones donde se desarrolla la misma.”

Las acertadas inquietudes de Boris podrán ser canalizadas en la audiencia pública mencionada. Lo cierto es que, al día de hoy, la única norma que reglamenta la actividad –es decir, que permite el funcionamiento de los locales– es el Decreto de Necesidad y Urgencia Número 3, vigente desde el 2 marzo de 2005, cuando aún gobernaba Aníbal Ibarra. Y esto huele a muy poco. En aquel momento, ante normas consideradas obsoletas, el Ejecutivo ideó –amparado en el artículo 32 que garantiza la democracia cultural y la libre expresión artística– incluir el rubro “Club de Cultura” al Código de Planeamiento Urbano. Y los requisitos eran similares a los que contiene el proyecto a tratarse: capacidad máxima de 350 personas, pasillos de salida libres, prohibición de puertas giratorias, obligatoriedad de cuatro matafuegos y botiquines. La diferencia con el marco legal que se avecina es que ésta se trata de una “cláusula transitoria”. Es decir, que los lugares que pasaban la verificación técnica quedaban habilitados transitoriamente... lo que dio lugar a las aperturas y clausuras fugaces que son moneda corriente desde principios de 2005.

El DNU Nº 3, que ampara y reglamenta todos los espacios donde se toca música en vivo hoy, fue prorrogado varias veces por la falta de normas, precisamente lo que estos proyectos buscan resolver. “Es necesario dar una respuesta urgente a los problemas de habilitaciones que surgieron después de Cromañón. La semana pasada planteamos la ampliación del presupuesto de industrias culturales para que los músicos puedan tocar en vivo. Ahora, con la inclusión de la figura Club de música en vivo en el CPU, podemos empezar a resolver los problemas de estos locales”, señaló Urdapilleta, del Frente para la Victoria.

La Comisión de Cultura, en tanto, hizo circular otra iniciativa que tiene como fin crear un programa de promoción de actividad musical no oficial. El mismo estaría destinado a promover y fomentar la actividad de aquellos artistas que no hayan sido contratados por organismos municipales, provinciales o nacionales. “Elaborar políticas de fomento, estímulo y protección de la creación de obras musicales, de la interpretación de obras musicales, y de la producción, edición, fabricación y comercialización por medios tradicionales y electrónicos de ejemplares de fonogramas”, dice el inciso b del Artículo 6, que trata las funciones del potencial organismo. Luego del encono político que generó Cromañón, al menos existe la intención de poner las cosas en su lugar. Ya habrá tiempo para la letra fina.