Buena parte del mundo del cine argentino había logrado tranquilizarse tras la renuncia de Jorge Alvarez a la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), en medio de un clima de denuncias sobre presuntos manejos irregulares en la entrega de subsidios. Su reemplazante, Liliana Mazure, logró un amplio apoyo de productores y directores argentinos y una cuota de confianza de la industria. Sin embargo, a raíz de una futura resolución que está diseñando el Incaa para modificar el Plan de Fomento, dos de las agrupaciones más importantes de cineastas salieron a cuestionar posibles aspectos de la nueva medida, a través de dos comunicados, según informa el sitio www.otroscines.com.

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) señala que “a raíz de algunos trascendidos sobre la redacción de una resolución para un nuevo Plan de Fomento que el Incaa llevaría adelante, y tras una reunión realizada con miembros delegados de los Productores agrupados en la Fapca, y con la conducción del PCI, informamos a nuestros asociados de algunos puntos de la misma en las cuales no concordamos”. Y enumeran una serie de puntos que, entienden, es necesario discutir. Como ejemplo pueden mencionarse el desacuerdo con “la presentación de resoluciones aisladas para la conformación de un nuevo Plan de Fomento. Por el contrario, la presentación debe darse a conocer juntamente con todas las resoluciones que conformen un Plan de Fomento Integral”. Y señalan que dicho plan, además del sistema de preclasificación, debería presentar “los concursos a desarrollarse anualmente, tales como óperas primas, películas a terminar, etc.; los sistemas de Fomento para la Vía Digital, entendiendo ésta como una Vía que integre el Documental y la Ficción; el Fomento para cortometrajes; las herramientas financieras: anticipos de subsidios, créditos, etc.; y todas las medidas que se utilizan para el fomento de la actividad”.

Con respecto a los derechos de antena, DAC está “en total desacuerdo con la eliminación de la compra de los derechos de antena para las películas nacionales”. En el caso del subsidio por lanzamiento, “creemos que debe incorporarse al nuevo Plan de Fomento, al igual que el derecho de antena”. Otro de los puntos refiere a la fundamentación de los fallos: “Es primordial que los fallos sean fundamentados por cada uno de los miembros de los distintos Comités del Incaa. Vale decir; que no haya una sola fundamentación globalizadora, sino que se sepa, y asuma la responsabilidad del voto, cada uno de los integrantes por separado. Esto dará definitiva transparencia a la votación y además tendrá el doble beneficio de que permitirá, a quien quiera apelar, tener elementos para la defensa del proyecto o la película terminada. Constituyendo, además, un control del ejercicio de la función que lleva adelante cada uno de los integrantes de los distintos Comités”. Entre otros aspectos, el comunicado también señala como “insuficiente” ubicar el costo medio de una película en $2.300.000 y consideran que, como mínimo, debe ascender a $ 2.800.000.

Por su parte, la agrupación Proyecto Cine Independiente (PCI) emitió un comunicado que señala que “las resoluciones que se estarían por emitir modifican algunos parámetros económicos desactualizados –lo que era indispensable y urgente– y corrigen varios errores técnicos del plan anterior. Sin embargo, por lo que se nos ha informado hasta el momento, lejos estarían de convertirse en un plan de fomento global, de eliminar los vicios corporativos que han perjudicado tanto al cine argentino y de pensar como prioridad el mejoramiento de la calidad de las películas que se producen a través del fomento del organismo”.

Otro extracto del comunicado del PCI señala: “La consolidación de una industria, la posibilidad de más y mejor trabajo para todos y un mejor vínculo de los cineastas con los espectadores son objetivos a alcanzar, pero creemos que no se logra con menos producciones por año pero más caras, ni con el incremento de requisitos para los postulantes a acceder al fondo de fomento, las cuales nada tienen que ver con la calidad de los proyectos ni con el potencial artístico de sus responsables”. Los miembros del PCI entienden que “ya desde el plan de fomento vigente desde 2004 –que tampoco era un plan global– se han venido poniendo trabas a la figura del director/productor, exigiendo responsabilidades impositivas y financieras que sólo una empresa productora puede afrontar. La Ley de Cine, impulsada históricamente por los directores, se ha ido desvirtuando en su espíritu, de manera funcional a las empresas productoras y en contra del director que quiere producir sus propias películas. Sin embargo, esta rigurosidad impositivo-financiera no es congruente con la laxitud con la que son analizados los proyectos desde el punto de vista artístico, tanto de aquellos presentados por empresas como por directores. De esta ecuación se deduce un espíritu corporativo y burócrata que jamás tenderá a mejorar la calidad de las películas sino, por el contrario, profundizará los vicios que acarrea la actividad cinematográfica desde la promulgación de la Ley”.

El PCI entiende que “los cambios importantes, sobre todo en las estructuras del Estado, son difíciles y traumáticos. Entendemos que hay infinidad de fuerzas y corporaciones conservadoras que impiden modificar estructuras corruptas o ineficientes. Pero como todavía creemos en el deseo de esta gestión por mejorar las cosas y encontrar caminos para el bien del cine argentino, manifestamos aquí nuestra preocupación por varios aspectos del nuevo Plan de Fomento que parecen ser signos de una nueva oportunidad perdida, y declaramos nuestra intención de seguir colaborando con ideas y de apoyar toda decisión que implique un cambio verdadero para tener un mejor cine argentino para todos”.