Miércoles, 31 de agosto de 2011 | Hoy
CINE › NUEVO RéGIMEN ARANCELARIO PARA LA EXHIBICIóN DE PELíCULAS DEL EXTERIOR
La resolución del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales busca morigerar el impacto de los lanzamientos masivos de superproducciones estadounidenses en detrimento del cine argentino. En el Incaa dicen que serán “contemplativos” con las producciones off-Hollywood.
En una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, la presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Liliana Mazure, reglamentó un régimen de aranceles para la exhibición de films extranjeros. La medida está pensada para morigerar el impacto cada vez mayor y más nocivo que tienen los lanzamientos masivos y simultáneos de superproducciones estadounidenses en detrimento del cine argentino, al que le cuesta encontrar salidas para sus estrenos. En su propósito, que es abogar por “el derecho a la diversidad cultural”, la nueva norma podría, en principio, llegar a desalentar el estreno del cine extranjero off-Hollywood (europeo, asiático, latinoamericano), que también está siendo afectado por la brutal concentración del mercado. Pero, al parecer, no sería así: el jefe de Gabinete del Instituto, Maximiliano Antonietta, le explicó a Página/12 que “estaba claro en un principio que el Incaa iba a ser contemplativo con películas internacionales independientes que salen con pocas copias, como los casos del cine asiático y latinoamericano”, y que frente a las dudas facilitadas por el texto, “es probable que aparezca una aclaración de excepciones a la norma para casos de películas con menos de 20 copias” en los próximos días.
La resolución Nº2114/2011 señala que a partir de ahora “toda solicitud de calificación debe ser presentada con una declaración jurada, expresando la cantidad de pantallas y el lugar en las que se exhibirá la película de que se trate. La emisión de los certificados de exhibición quedará sujeta al pago del precio que se fija por cada pantalla en la que la película se exhibe, de acuerdo con regiones, categorías y escalas”. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana, que es donde se concentra la mayor cantidad de salas, las películas extranjeras que tengan prevista su exhibición en hasta 40 pantallas deberán abonar un valor equivalente a 300 entradas de cine por el total de pantallas utilizadas. Ese canon sube a 1200 entradas para la franja que llega a las 80 pantallas, y así sucesivamente hasta alcanzar un valor de 12.000 entradas para aquellas películas extranjeras que se estrenen con más de 161 copias.
Tal como consignó a fines de junio Página/12, el desembarco paralelo de películas como Kung Fu Panda 2, Piratas del Caribe y Harry Potter 7 llegó a ocupar más del 70 por ciento de todas las pantallas del territorio nacional, algo no muy distinto de lo que sucede hoy mismo, con la cartelera hegemonizada por Cars 2, Los Pitufos y Linterna Verde. Estas tres películas salieron con 220, 178 y 156 copias respectivamente, con lo cual, de haberse estrenado con posterioridad a la nueva resolución, las dos primeras hubieran debido tributar el equivalente a 12.000 entradas cada una (unos 360.000 pesos o 90.000 dólares por cabeza si se cuenta un ticket a 30 pesos promedio). A los fines de dimensionar en comparativa los estrenos de películas nacionales y extranjeras, Antonietta explicó que mientras que “una película argentina de primer nivel se estrena con un número variable que está entre las 70 y las 90 copias”, algunos tanques de Hollywood llegan a estrenarse “con 200 o 220 copias”, generando una gran disparidad en la oferta, tanto en cantidad de películas como de salas.
Los considerandos de la norma mencionan que “el acotado número de salas, sumado a la dificultad de control que asegure la continuidad de la exhibición de películas que se presentan con menos cantidad de copias, ha llevado a la ocupación de las pantallas por unos pocos productos que se imponen a la ciudadanía casi como oferta única para su consumo”. Al respecto, el funcionario explicó que las dificultades de control son estructurales, tienen que ver con los recursos de los que el Incaa dispone, especialmente en el plano humano, con escasez de inspectores.
De hecho, el artículo tercero de la norma estatuye que “los importes que se recauden con motivo de los aranceles y precios que se establecen en los artículos 1º y 2º de la presente resolución serán afectados exclusivamente al financiamiento, mejora y mayor eficiencia de los mecanismos de control, fiscalización y actuación judicial que hacen a la tutela y protección de la cinematografía y artes audiovisuales nacionales”. Al respecto, el funcionario aseguró que “el dinero ingresado a causa de esta normativa será invertido en mejorar el combate contra la piratería y generar un cuerpo de inspectores mayor, que pueda recorrer las casi mil pantallas existentes en el país y controlarlas con una mayor eficacia”. En ese sentido, explicó que la norma “es de doble vía, porque intenta desalentar la invasión de copias extranjeras de un solo mercado (el estadounidense) y a la vez busca reforzar los controles para preservar al cine nacional”.
La nueva resolución enfatiza que “en la práctica puede apreciarse cada vez con más fuerza una realidad que contraviene el derecho a la diversidad cultural que dimana de las normas antes referidas y que afecta especialmente al cine nacional como expresión de nuestra cultura”. Ratifica que “la actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía” y señala que “en tal sentido, sin acudir a prohibiciones, se establece un esquema que desalienta a las grandes empresas distribuidoras internacionales de causar sobre el espectador la sensación o idea de que no existe ninguna otra producción audiovisual a observar en el período de tiempo en el que se exhiben sus películas con una presencia cuasimonopólica en las pantallas; circunstancia que suele excluir del circuito comercial toda otra producción, atentando ya no sólo contra la producción nacional, sino asimismo contra la diversidad que hace al derecho a la libertad de expresión y a los derechos sociales a la cultura”.
En lo formal, el texto de esta resolución que alude a “las grandes empresas distribuidoras internacionales” no tiene en cuenta, sin embargo, a los pequeños distribuidores independientes argentinos, que también tendrán que tributar si quieren estrenar películas extranjeras de calidad, que enriquecen la cartelera local y que dialogan con el cine argentino, en la medida en que todas son cinematografías que luchan por no perder su identidad y sus lenguajes nacionales. De allí la necesidad de una enmienda que corrobore lo expresado por Antonietta acerca de que “la intención no es perjudicar al cine independiente internacional, a la producción asiática o la latinoamericana” y su parecer acerca de la necesidad de elaborar un texto que “deje por sentadas las excepciones”.
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