Cuando el 28 de junio de 2004 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) puso en vigencia la resolución 2016, buena parte del cine argentino celebró. La norma estableció la cuota de pantalla mediante la cual las exhibidoras deben garantizar el estreno de una película argentina por trimestre (si un complejo tiene doce salas debe estrenar doce películas argentinas). El otro punto se refiere a la media de continuidad, la cantidad de espectadores que un film debe hacer de jueves a domingo para seguir a la semana siguiente. Ambas medidas tuvieron la intención de fortalecer la exhibición de cine argentino. Sin embargo, en abril de este año comenzaron los problemas y los cuestionamientos al sector de la exhibición y al rol del Estado después de que El custodio, de Rodrigo Moreno, padeció dificultades de permanencia tras su estreno en menos salas que las pautadas. A partir de entonces, algunos films argentinos no encontraron espacio, se pospusieron estrenos por la escasa disponibilidad y, en algunos casos, porque los productores vieron llegar la marea de tanques extranjeros que podían hacer naufragar su producto.

Si bien todavía no puede hablarse de incumplimiento de la cuota por parte de algunas exhibidoras –ya que éstos se calculan por trimestre vencido y el de abril, mayo y junio se conocerá a fin de este mes–, el Incaa trabaja en una resolución modificatoria de la 2016/04. El Instituto tiene como meta que se estrenen todas las películas que quedaron en “la cola” antes de fin de año. Según pudo averiguar Página/12, una de las medidas tendería a resolver un problema que está trayendo muchos dolores de cabeza a cineastas y productores: que las empresas exhibidoras no puedan anunciar el lunes previo al estreno la cantidad de salas que le otorgan a una película argentina sino antes (podría ser quince días como mínimo). Por otro lado, se estipularía un sistema mixto para películas con tres o cuatro copias y para los films con mayor cantidad y se garantizaría mayor tiempo de permanencia. Mientras se espera la resolución, que podría ser anunciada a mediados de julio, Página/12 consultó a directores cuyas películas tuvieron problemas para conocer sus opiniones.

La fecha de estreno de Arizona Sur, dirigida por Daniel Pensa y Miguel Angel Rocca, era el 18 de mayo. Sin embargo, de las siete copias con las que pensaban comercializarla, el lunes previo al estreno había disponibles sólo tres salas, por lo que se postergó. “El problema inicial tiene que ver con la lógica relacionada con los estrenos. Vos preparás un estreno, estipulás una fecha con el distribuidor y recién el lunes anterior, tres días antes, sabés las salas que te van a dar”, comenta Rocca. “Hay una sociedad de mercado –agrega– que se rige bajo leyes de mercado. Que los exhibidores digan que van a estrenar lo que ellos quieran, desde esa lógica de mercado me parece bien. Pero por encima de esa lógica hay una ley de cuota de pantalla y hay que respetarla. Hay salas que no cumplen con la cuota y no estrenan la película. Así que la discusión no pasa por si la película es buena, mala, si va a ir mucha gente, poca o no va a ir nadie, sino que hay una ley que está vigente y que tienen que respetar”. Una posibilidad de solución que evalúa el cineasta es el control de copias de películas extranjeras: “Considerando las desventajas y diferencias que hay a nivel comercial, de alguna manera hay que reglamentarlo”, dice Rocca. “Si yo no tengo las mismas posibilidades para promocionar mi película que las que tiene una extranjera, estoy en una desigualdad de condiciones terrible. Si vamos a buscar una manera para que nuestro cine exista no solamente en un celuloide o luego en un archivo virtual, sino que exista para que la gente vaya a verlo, hay una parte que tiene que ver con la comercialización a la cual nosotros no podemos acceder por los costos que, de alguna manera, tiene que ser compensado. Y quizás tener un control de la cantidad de copias que se exhiben me parece una alternativa”, afirma.

El último caso conocido con dificultades fue El color de los sentidos, una película de animación y ficción de Liliana Romero y Norman Ruiz que se iba a estrenar el 8 de junio con cuatro copias. “El lunes anterior al estreno nos daban una sala en Haedo, una en Avellaneda y una en Adrogué. El problema es que los trailers y la publicidad habían apuntado a Capital”, comenta Romero. La realizadora cuenta que, además de los circuitos publicitarios tradicionales, fueron a escuelas de arte y brindaron charlas para generar publicidad alternativa. Este circuito de difusión se desmoronó ya que la película no tenía salas en la ciudad y, en consecuencia, “decidimos no estrenar”, dice Romero que, a su vez, asegura que “las salas decían que la película no era comercial”. La posición de Romero se diferencia de otras posturas: “El tema no es sacar a los tanques yanquis y llenar los cines de películas argentinas. Hay películas buenas y otras no. La gente tiene que elegir. El punto es ése: tener la posibilidad de que la gente vaya y la vea”, argumenta. “Yo entiendo que es una cuestión comercial y que una persona que está invirtiendo su dinero en las salas le va a convenir tener más El Código da Vinci que El color de los sentidos. Pero si no te conviene tener una película así en todos los horarios de las salas, poné determinados horarios y mantenela más de una semana. Es la opción menos mala de todas las peores. Habría que reglamentar y ser un poco más proteccionista con el cine nacional para que tengamos todos las mismas posibilidades. Nada más que eso”.

Daniel Burman fue uno de los primeros que tuvo problemas, con Derecho de familia: “Hubo películas distribuidas por majors que teniendo menor facturación en un complejo quedaron, y la mía se fue”, dice. Para el director de El abrazo partido, la supuesta lógica de mercado “no es tan así. No es que el que más factura se queda. Es el que la tiene más larga”. Aunque reconoce que no pasa lo mismo en todos los complejos: “tampoco hay que poner en la misma bolsa a todos los exhibidores”. Burman reconoce que el impulso de la cuota “fue un avance extraordinario porque desde la nada pusimos una norma. Pero no se contaba con este dumping oligopólico donde las cadenas invaden con una cantidad de copias totalmente irracionales. No tienen una relación racional con la cantidad de cines y, por la piratería, quieren hacer los espectadores que debían hacer en cuatro meses en cuatro semanas. Creo que el tema excede la exhibición”. Según el realizador, es lo mismo para las majors “salir con 50 copias que con 200, cosa que no pasa en otros países del mundo, donde a mayor cantidad de copias tenés un mayor gravamen. Habría que apuntar a esto. No tiene que ser lo mismo. Con 50 copias tenés una presencia en todo el mercado argentino. A partir de 50 copias es una actitud comercialmente más agresiva. Cuando salís con 200 estás generando que si entrás a un complejo estás obligado a ver la película”. El problema radica, según Burman, en la cantidad de copias. “La cuota es una reglamentación que está muy bien, que se puede mejorar, pero fue un avance extraordinario. Tampoco hay que ponerse en una situación de ‘No, está mal’. Es un mercado dinámico que fue cambiando”.

Una posición distinta tiene Rodrigo Moreno, quien cree que “nadie controla la cuota”. Entre los diversos inconvenientes que tuvo, hay uno que no fue muy comentado: “Algunas salas ponían el cartel ‘agotado’ de El custodio y no estaban todas las entradas vendidas. Les pregunté por qué ponían el cartel si las tres primeras filas estaban vacías. ‘Las primeras tres filas no las puedo vender porque la gente se queja de estar muy cerca de la pantalla’”, le dijeron. Como los porcentajes de permanencia se toman sobre la cantidad de butacas de cada sala, “si vos estás suprimiendo las tres primeras filas hay cuarenta butacas que no las tenés que contar. Y eso requiere inspección. Si vos no tenés la voluntad de controlar a los exhibidores, nos van a seguir pasando por arriba”, sostiene Moreno. “Además, sabemos que las grandes cadenas de multipantalla, de algún modo, están conectadas con las distribuidoras internacionales que, a su vez, son las que producen las películas”, dice y luego se pregunta: “¿Es un problema de los exhibidores o es un problema del Estado que decide no hacer nada con estos exhibidores?”

En cuanto a las medidas que podrían tomarse, Moreno destaca que “hay que empezar a controlar la cantidad de copias con que salen los tanques. No hay control sobre eso. El caso de El Código Da Vinci es notorio. Hay que ver cómo incrementamos la protección a las películas nacionales en el sentido de bajar los índices de la cantidad de espectadores requeridos para mantener un film en cartel. O apuntar a otro tipo de sistema como tienen países como Corea del Sur, donde los cines están obligados a pasar una X cantidad de semanas al año cine nacional”.