Sentado en un bar porteño, tomando un café en una tarde cualquiera, a Jorge Marrale se lo percibe contento, con la tranquilidad y la felicidad que sólo se tiene luego de haber conseguido un logro complicado. El estado de ánimo que refleja, sin embargo, no obedece a la sutil composición del inescrupuloso Astor Monserrat en Vidas robadas (lunes a jueves a las 22.30 por Telefé). Tampoco al reciente estreno de Cordero de Dios, la película de Lucía Cedrón que se detiene en la relación del presente con el pasado dictatorial en el seno de una familia, y que protagoniza junto a Mercedes Morán. En este caso, su bienestar obedece fundamentalmente a la reciente aprobación del artículo 56 de la Ley del Intérprete, que estipula que ahora los actores, bailarines y dobladores comenzarán a cobrar por la explotación y comunicación pública de su imagen (ver aparte). El reconocimiento de un derecho en el cual Marrale tuvo mucho que ver, en su rol de secretario general de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), la entidad que recaudará y repartirá el nuevo canon.

“Más allá del ingreso económico que beneficiará a todos los actores por fuera de los contratos que éstos firmen con las productoras o los canales, la satisfacción del decreto que nos habilita a funcionar descansa en el reconocimiento de un derecho que los actores tenemos desde hace 75 años, contemplado en el artículo 56 de la Ley 11.723, que se conoce como la Ley de Intérprete, pero que nunca se hizo efectivo hasta ahora”, le explica Marrale a Página/12. La normativa prevé, entonces, el pago a actores y bailarines por la emisión y difusión pública de sus trabajos, ya sea por su comunicación en la TV abierta, la TV por cable y la TV satelital, en empresas de transporte aéreo y terrestre, y en hoteles y bares. Un impuesto que beneficia a actores pero que perjudica a canales, compañías de transportes, dueños de bares, hoteles y exhibidores cinematográficos, que deberán abonar un pequeño impuesto por el beneficio económico que reciben por emitir películas o programas de TV.

“Hay que aclarar que esta nueva implementación no estipula un pago por repeticiones, porque eso ya lo cobra con un monto fijo la Asociación Argentina de Actores (AAA). Lo que ahora obtenemos es un pago por la comunicación pública que se hace de nuestra imagen”, puntualiza el actor. “Es un derecho –dice– que existe en Francia, Italia, España y muchos otros países. Lo que hay que entender es que el derecho que ahora se nos reconoce tiene como fin proteger a los actores. Ahora los canales van a poder utilizar nuestra imagen, pero por lo menos vamos a cobrar por eso. Porque cuando la imagen de un actor aparece en un canal que decidió repetir un programa, el resto de los canales al menos duda en contratar a ese actor porque está sobreexpuesto. Hasta ahora, el que salía perjudicado de las repeticiones era el actor, que incluso en muchas ocasiones debía competir contra sí mismo.”

–¿Cómo tomaron los canales y las compañías de transporte esta reglamentación?

–Lo primero que hay que señalar es que en 75 años es el primer gobierno que nos presta el oído y nos reconoce nuestro derecho de propiedad intelectual. El Estado, a través de este gobierno, hizo un acto de justicia. Pero no sólo eso: que haya promulgado el artículo 56 es un hecho cultural, una acción cultural. Defender el derecho del artista, convalidarlo, marca una política cultural clara. La Secretaría de Medios organizó encuentros entre Sagai y la Asociación de Telerradiodifusoras de Argentina (ATA), que agrupa a los dueños de los medios. Hubo un primer momento un poco más álgido pero esperable, donde se discutía sobre la validez del derecho. Luego se aceptó y la discusión pasó sobre si el cobro debía pagarse en la primera emisión o a partir de la segunda pasada. Pero luego las reuniones se discontinuaron.

–¿Por qué?

–No lo sé. Ahora lo que viene es la discusión por las tarifas. La tarifa fijada es el dos por ciento de la recaudación publicitaria total de cada canal, incluyendo PNT y demás. Pero una de las cosas que repetimos es que ese dos por ciento es el techo, no vamos de movida por ese porcentaje. Tenemos ánimo negociador. No venimos a imponer nada. Va a haber una escala tarifaria para que no repercuta abruptamente en las finanzas de los canales. No queremos ni deseamos llegar a conflictos judiciales. Tengo la esperanza de que lentamente nos vamos a poner de acuerdo. Pensar en que no haya acuerdo es ser pesimista en términos de la realidad: somos intérpretes, hay una ley promulgada y hasta hay antecedentes de juicios ganados por actores. Uno sabe que siempre molesta tener que pagar, pero quienes deben comenzar a hacerlo tienen que tener claro que durante más de tres décadas tuvieron esa exención, se libraron de pagar algo que nos correspondía.

–Aunque nadie quiere hablar públicamente, desde ATA señalaron que el cobro es excesivo debido a que los actores ya reciben una remuneración por su imagen en el sueldo.

–En una sociedad de la información en la que cada vez más se explota nuestra imagen por las nuevas tecnologías, no vamos a ir por la parte del león sino por la que nos corresponde. No vamos con el facón en la mano, sino con una actitud conciliadora. Incluso, no va a ser retroactivo el cobro. Más que pagar, quienes se benefician con nuestra imagen tienen que ponerse a derecho.

–Otra de las objeciones es que con este nuevo impuesto se va a beneficiar a las producciones extranjeras, ya que su comunicación pública no está gravada.

–Frente a eso no hay respuesta. Es una postura insostenible, ya que con ese criterio no tendrían que pasar música nacional –que se le paga a Sadaic– ni obras de autores argentinos –que le abonan a Argentores–. Además, sería un error porque la gente quiere ver producciones locales, quiere ver a sus artistas porque se identifican, se sienten reflejados en ellos. Es una justificación que tiene que ver con la esgrima de negociación. En Inglaterra, por ejemplo, el sistema establece que aumenta el canon que se debe destinar por derechos de propiedad intelectual a medida que haya más repeticiones, como una forma de promover la producción nueva. Y los canales y productores promueven la producción local porque les genera negocios colaterales, como la venta al exterior o a otros formatos.

–A priori, se hace difícil de entender de qué manera se va a recaudar ese dos por ciento que irá a parar a las arcas de la Sagai, teniendo en cuenta que en Argentina no todo se blanquea. ¿Cómo se va a realizar el control?

–Vamos a hacer la comunicación del gravamen a las distintas cámaras y contaremos para la recaudación con el apoyo de Argentores y de su equipo de inspectores, que pasan por los distintos lugares donde hay televisores, hoteles y medios de transporte. En esta primera etapa será Argentores el organismo que realice el control, ya que nosotros no tenemos la estructura.

–Y más allá del aspecto económico, ¿cuál será la finalidad de la Sagai?

–Una sociedad de gestión no solamente debe funcionar en su carácter de recaudadora y repartidora: también tiene que hacer foco en qué es lo que puede hacer en pos de dignificar la profesión y el oficio del actor. La idea es que podamos capacitar a los socios y hasta formar una fundación de Sagai, que pueda asistir en la edad madura del actor y capacitar en edad temprana. Queremos que en el imaginario actoral no tengamos obligadamente la idea de que el destino final sea terminar en la Casa del Teatro. No por la Casa del Teatro en sí, que hace un buen trabajo, sino porque tengamos que ser asistidos sí o sí al final de nuestra carrera. Que podamos ayudarnos en nuestros peores momentos, y que también haya un espacio de capacitación, de formación, de intercambio cultural. Una sociedad que a partir de lo que recauda reparta equitativamente y tenga en cuenta necesidades, como que no tenemos jubilación. Escapar al imaginario de la gente que cree que los actores somos todos ricos: el actoral es un gremio que tiene una desocupación enorme.