Para la música de la ciudad, el 30 de diciembre de 2004 significó un punto de clivaje. La tragedia de Cromañón sacudió a familias enteras y también al régimen de habilitaciones, que al convertirse en un cartel político se volvió más restrictivo. Desde entonces se sucedieron tres gobiernos. La administración Ibarra, vapuleada por lo sucedido, sólo atinó a clausurar locales. Cuentan que al tiempo que el titular de la cartera de Seguridad, Juan José Alvarez, realizaba sus “500 clausuras en 120 días”, el de Cultura, Gustavo López, elaboraba decretos para salvar establecimientos.

Los amparos legales se ampliaron durante la gestión Telerman y llegaron subsidios que al final se destinaron al teatro independiente. Después vino Macri y un período de expectativa, con perlitas como el mail que envió la Dirección General de Música al comenzar a contactar grupos y solistas para que tocaran –gratis– en centros culturales. “Crecemos (sic) de presupuesto pero les ofrecemos un espacio donde actuar, la difusión, el sonido, fotos y la posibilidad de la presentación de CD y/o la venta del material grabado”, puntualizaron desde las oficinas gubernamentales.

Por su parte, los dueños de los locales se quejan de que no los han recibido aunque pidieron audiencia “más de veinte veces”. El horizonte es preocupante si se tiene en cuenta que en enero y febrero –meses de actividad mínima– siguieron llegando boletas y escaseó el público. Ante lo que varios coinciden en diagnosticar como “un presente desesperante”, los Clubes de Música pidieron que se exprese públicamente su pedido de una audiencia con el ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad.