Cuando el 20 de noviembre de 2006 un grupo de vecinos de Gualeguaychú decidió cortar la Ruta Nº 136 en Arroyo Verde, que permite el acceso al puente internacional General San Martín, nadie podía vaticinar que con el paso de los años la medida iba a tener efectos tan sorprendentes.

Está claro que sin el corte de ruta hubiese pasado desapercibido el reclamo de los vecinos por la construcción de la enorme fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia en la margen oriental del río Uruguay. Pero, al mismo tiempo, se trata de una medida extrema que vulnera derechos de terceros, ignora lo acordado en el Tratado de Asunción (Mercosur) y desafía a las autoridades argentinas.

El problema de fondo es el temor a la contaminación ambiental que generan la mayoría de los megaemprendimientos industriales. Es que en general las experiencias vividas en nuestros países parecen justificarlo. Hasta no hace mucho la búsqueda del crecimiento económico y la generación de empleo eran fuerzas avasalladoras que no reparaban en otras consideraciones fundamentales, como por ejemplo la salud y el bienestar de las personas, la conservación de la diversidad biológica o la protección de los recursos hídricos.

Conflictos de intereses

Los sucesivos gobiernos uruguayos involucrados en este largo conflicto internacional autorizaron la construcción de la planta y respaldaron su funcionamiento, amparados en los estudios e informes de sus oficinas especializadas en evaluación de impacto ambiental.

Una y otra vez la información técnica aseguró que las emisiones de la ahora pastera de UPM (ex Botnia) estaban dentro de los parámetros que se consideran aceptables para los estándares ambientales vigentes en nuestros países. Por su parte, las personas y organizaciones que afirman lo contrario, ponen en tela de juicio los mecanismos administrativos y técnicos, responsables de garantizar el correcto cumplimiento de estas etapas de los proyectos.

A nuestro entender el tema nunca debió trasladarse fuera del ámbito de los controles y mediciones de emisiones, y mucho menos aún llegar al absurdo de que algunos lo llevaran al peligroso terreno de exacerbar los nacionalismos. Algo realmente absurdo que sucedió en alguna medida. Muchas personas inocentes han salido perjudicadas de diversas maneras. Se abonó el terreno de las rispideces locales entre pueblos históricamente hermanos unidos por un río, y no separados por un puente.

Error estrategico

Después de más de tres años de “esquivar el bulto”, los gobiernos rioplatenses parecen darse cuenta de que el único camino lógico a recorrer para solucionar una situación tan compleja y polémica es priorizar los criterios científico-técnicos frente a todos los demás. Pues de eso se trata, si la intención es construir ciudadanía aprovechando debidamente el conocimiento humano. Está claro que hay que controlar debidamente si el funcionamiento de la pastera excede las emisiones autorizadas o no. Es la información obtenida por los técnicos y el personal especializado la que debe determinar si existen problemas; y si así fuera, de qué magnitud son. Cuánto más se lleva el tema a terrenos subjetivos, emocionales y político–electorales, más nos alejamos de la verdad y de la legalidad. En el fondo estamos hablando de que el acceso a la información de calidad es la que asegura la estabilidad institucional y promueve la confianza social.

Desde un principio, el imperio del criterio técnico debió ser el pilar fundamental de la evaluación del funcionamiento de la planta de celulosa ubicada en el litoral uruguayo. Si había dudas acerca de la información técnica disponible, debieron circunscribirse a ese ámbito las estrategias de reclamos, presiones y negociaciones. La sensación que tenemos, después de finalizado todo el proceso de reclamos ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, es que las partes enfrentadas creen que “el de enfrente” miente o, por lo menos, que se esconde información relevante. Por lo tanto, debemos recuperar la confianza.

Lo concreto es que este lamentable conflicto ha tenido algunas consecuencias que merecen comentarse.

Primera consecuencia

Aunque los estudios de impacto ambiental (EIA) son conquistas bastante recientes de nuestras sociedades en materia de conducir al desarrollo y la producción por caminos más respetuosos con el ambiente, lo ocurrido con la construcción de la pastera en Fray Bentos obliga a su revisión. No estamos diciendo que deban cambiarse sino determinar dónde están sus puntos débiles; esos que generan suspicacias, dudas o incredulidad en algunos sectores de la sociedad.

¿Por qué para algunos no resultan confiables los resultados de los estudios de impacto ambiental que respaldan muchos proyectos autorizados por las autoridades, y para otros sí? ¿Son insuficientes? ¿Se sospecha corrupción en su entorno?

Creemos que, al reiterarse emprendimientos muy resistidos a pesar de cumplir con las etapas técnicas que impone la normativa vigente, la confiabilidad de los EIA es un tema de discusión pendiente en la sociedad. Cuanto antes se aborde, mejor será para todos.

En el caso uruguayo, el conflicto de “Botnia” provocó que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se pusiera más exigente en el análisis de los EIA y en el control de todas las etapas de desarrollo de los proyectos, no solamente de los referidos a la industria de la celulosa sino a todos los demás emprendimientos presentados ante esa Secretaría de Estado. Sin duda, ésta ha sido una consecuencia del conflicto muy positiva para Uruguay.

Segunda consecuencia

El tema “ambiental” vinculado específicamente con la contaminación, la salud y los derechos de la gente parece haber quedado definitivamente incluido en la agenda política de gobierno de las autoridades uruguayas.

Antes del conflicto, en el sector político no se percibía con claridad la estrecha relación que hay entre la salud ambiental y la calidad de vida de la gente; quizá como resabio de aquella arraigada creencia de que desarrollo y conservación del ambiente eran conceptos enfrentados. A juzgar por todas las arengas, reclamos y promesas que hemos escuchado de nuestros dirigentes políticos al analizar en particular los múltiples aspectos del conflicto generado por la enorme pastera del río Uruguay, ambos pueblos del Plata estamos en inmejorable posición de reclamarles a nuestros gobernantes que transformen en hechos y acciones tantas declaraciones y compromisos.

Tercera consecuencia

Tanto el gobierno argentino como el uruguayo parecen decididos a iniciar una nueva etapa de coparticipación real en las responsabilidades referidas a la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales y ecosistemas del río Uruguay.

De concretarse sería un paso importante en la cooperación binacional, mucho más comprometida con los resultados mensurables que lo hecho hasta ahora en el Río de la Plata, Frente Marítimo y el funcionamiento de la propia Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Cuarta consecuencia

El conflicto de “Botnia” puede considerarse una nueva demostración de que algunos desafíos impuestos por el desarrollo tienden a promover una mayor participación social en la búsqueda de soluciones. Cuando sectores de la población entienden que sus derechos no están siendo protegidos o defendidos correctamente por las autoridades de turno, se deciden a actuar en consecuencia, haciendo sentir su voz y presionando por sus reclamos.

* Periodista ambiental. Columnista del diario El País de Montevideo.