El miércoles 13 de noviembre pasado se aprobó la Ley de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, que establece la obligatoriedad de publicar en bibliotecas digitales públicas –es decir, repositorios– los trabajos técnico-científicos, tesis académicas, artículos de revistas y demás que sean resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos. Además establece que luego de 5 años de la publicación se deberá abrir el acceso a los datos originarios utilizados para las mismas, es decir, encuestas, entrevistas, resultados de mediciones, etcétera. Para que la información esté realmente accesible la ley prevé, además, la creación de repositorios, es decir, bibliotecas digitales donde todos puedan encontrar la información científica financiada por el Estado. Existen también iniciativas a nivel regional y global para establecer repositorios internacionales que permitan el intercambio de información entre científicos de distintos países.

En resumen, la ciencia que sea financiada con dinero público, de ahora en más, deberá ser pública, algo que parece de lo más razonable. Pero no siempre lo razonable es lo que ocurre, sobre todo cuando se trata de artículos publicados en revistas prestigiosas, caras y que exigen exclusividad de los contenidos que publican independientemente de quién los haya financiado.

Cambia el juego

“Lo que ocurre desde hace años y cada vez más –explica Ana Sanllorenti, directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)– es que la comunicación actualizada de la ciencia se realiza a través de revistas, que los científicos de todo el mundo dependen de los artículos que logran publicar para ganar concursos y subsidios, y que tres grandes editoriales manejan las revistas más prestigiosas, que son también las que dan más puntos. Esto es así sobre todo desde los ’90, cuando comenzó a concentrarse el mercado.” En la actualidad, estas tres editoriales publican cerca del 60 por ciento de los artículos científicos, lo que les da la posibilidad de manejar a su antojo el precio de venta de “mercancía científica escasa”, por ponerlo en términos económicos. En la práctica, el Estado paga para que se realice una investigación y luego paga para suscribirse a una revista y que los científicos del ámbito nacional puedan leerla en las universidades, bibliotecas públicas, etcétera.

Estas revistas además tienen revisión de pares, es decir que distintos especialistas evalúan si el artículo reúne las condiciones de calidad como para ser publicado. Este “servicio” es, en buena medida, una fuente mayor de prestigio para la revista y para el científico que cumple los requisitos. Pero creer que explica el creciente precio del producto resulta equivocado: las revistas no le pagan ni al que publica ni al científico que hace revisión de pares, por lo que obtienen enormes ganancias. Es decir que tienen una situación oligopólica, no pagan el trabajo calificado, no financian las investigaciones y comercializan información vital para los investigadores que quieran mantenerse actualizados. Se podría decir que, en realidad, estas editoriales venden prestigio, mientras que la materia prima la ponen los demás (ver Futuro el 21/8/11).

El panorama actual se acentuó durante los neoliberales años ’90, pero a fines de la misma década comenzó a gestarse un movimiento de acceso abierto entre científicos para que todos pudieran acceder a sus investigaciones. En el Laboratorio de Los Alamos, en EE.UU., se formó uno de los primeros grupos en crear un repositorio donde publicar los trabajos. Luego, entre los años 2002 y 2003 se produjeron las tres declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín, que definieron el Acceso Abierto a los resultados de la ciencia y los modos en que podía llevarse a cabo. Así la idea comenzó a replicarse y expandirse.

“En la actualidad hay 2522 repositorios registrados en opendoar.org. En algunas de estas instituciones, como Universitat Oberta de Barcelona o la Universidad de Lieja, no sólo es obligatorio depositar los trabajos sino que hacerlo es condición para que los trabajos sean considerados en las evaluaciones de la carrera científica”, aclara Sanllorenti.

En ese contexto, la ley actual puede parecer muy razonable y simple, pero cambia las reglas de juego porque genera una tensión entre el Estado que financia las investigaciones, los investigadores que necesitan publicar y las editoriales que los condicionan a firmar contratos de exclusividad.

“Algo va a tener que cambiar. La ley establece un límite máximo de 6 meses para que la publicación esté disponible en un repositorio de acceso público. Hay algunas revistas que aceptan esto, pero las más grandes piden mucho más o directamente no autorizan la apertura de los artículos como forma de proteger su negocio”, continúa la bibliotecaria. “Para los científicos es fundamental publicar en revistas prestigiosas si quieren avanzar en sus carreras. Seguramente se producirá un período de tensiones y reacomodamientos, entre los que deberá aumentar la conciencia de los investigadores y de las instituciones sobre sus derechos y los de la sociedad a gozar de los avances de la ciencia. También debe decirse que la ley contempla excepciones tales como las patentes o los acuerdos con terceros, lo que incluye a las editoriales. La intención de la ley es producir mayor equidad en el acceso a los productos de la investigación científica sustentada con fondos públicos y no producir un daño a los investigadores, algo que sería una contradicción. Además, ya hay varias universidades y facultades que han desarrollado repositorios, como es la Fcenuba, que cuenta con una colección de mil tesis doctorales en forma abierta.”

Uno de los pasos lógicos subsiguientes sería revisar los criterios con que se evalúa la carrera científica para que dejen de privilegiar a las publicaciones extranjeras, una norma que refuerza aún más su poder.

Ciencia abierta

En tiempos de Internet, todos los intentos de mercantilización de la información requieren la creación de cercos artificiales económicos, sociales y también culturales. La Argentina es uno de los tres países que cuentan con una ley de este tipo, junto a Perú y España, y también existen disposiciones en la Comunidad Europea. Otros, como los EE.UU. y Brasil, tienen proyectos de ley similares. Estas iniciativas, sumadas, prometen cambiar un juego que beneficia a unos pocos.

El cambio propuesto es parte de un problema más amplio y que tiene muchos frentes: “La actual ley argentina que regula la propiedad intelectual es de los años ’30. Ni siquiera prevé que se hagan copias de libros que ya no se publican para uso de las bibliotecas”, se lamenta la bibliotecaria de la FCEyN. “En la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina elaboramos una proyecto de ley que presentó el diputado Carlos Heller, pero está cajoneado. Esperemos que se trate en breve.”

La ley es un paso importante para cambiar ciertas lógicas, aunque falta mucho para saber cómo incidirán en el mundo real.