Internet tiene la particularidad de desafiar normas trabajosamente producidas por la sociedad para gestionar los conflictos. La legislación, los hábitos, el sentido común aún no se han adaptado a la era digital. Nuevas problemáticas que generan colisión de intereses surgen como hongos y, para peor, en realidad son muy pocos los que entienden realmente qué ocurre en el ciberespacio desde el punto de vista técnico y comunicacional. Al menos dos disputas recientes que llegaron a la Justicia –ese espacio final en el que debe decidirse “objetivamente” qué es lo correcto– vuelven a desafiar las ideas establecidas.

Uno de los casos ya había merecido una contratapa de este suplemento (“Derecho a olvidar” 6/7/13). La historia resumida es que Mario Costeja, un empresario español, luego de una quiebra que lo había llevado al remate de su casa en 1998, estaba intentando en 2009 recuperarse con un nuevo emprendimiento. Para él lo ocurrido formaba parte de un pasado que quería olvidar, pero descubrió que cualquiera que “googleara” su nombre encontraría el anuncio del remate. En estos tiempos es lo más razonable buscar información sobre un potencial cliente o proveedor antes de contratarlo y el pasado acechaba a Costeja desde Internet, espantándole los negocios.

Ante esta evidencia, el empresario español solicitó al diario donde estaba publicado el aviso del remate que eliminara la información, algo que el medio, obviamente, se negó a hacer por un respeto mínimo a la libertad de prensa. Resulta inimaginable que la historia se reescriba à la Stalin según ocurren los acontecimientos. Esta obviedad se da de frente, por otro lado, con el derecho de que quien haya cumplido su condena pueda rehacer su vida.

Costeja concluyó que el problema no era tanto la existencia de la información sino que fuera tan fácil llegar a ella. Por eso decidió enfrentar a Google. En su lucha contra el gigante de Silicon Valley ambos tuvieron fallos favorables alternativamente, pero en el último, de hace pocas semanas, el Tribunal de Justicia Europeo decidió que el buscador debía silenciar los resultados asociados al remate para que el empresario pudiera ejercer su derecho al olvido.

El otro caso, este local y con gran repercusión, es el que llevó a la modelo María Belén Rodríguez en el año 2006 a reclamar a varios buscadores que dejaran de vincularla con sitios de venta de sexo. Que su imagen apareciera involucrada con ese tipo de comercio puso en peligro su carrera, asegura, además de su matrimonio. Finalmente la modelo abandonó por esta y otras razones su actividad profesional, pero continuó un largo periplo judicial hasta llegar a la Corte Suprema de nuestro país, que realizó una serie de audiencias públicas y cuyo fallo es inminente.

BUSCADORES A MEDIDA

Ambos casos ponen en evidencia cuestiones legales, económicas, culturales capaces de desafiar el sentido común. Por eso los argumentos se abren en abanico hasta dificultar enormemente la posibilidad de una resolución ecuánime. En primer lugar está el sensato argumento de la empresa: los buscadores no producen contenidos, sino que los “indexan”, es decir que revisan la web regularmente, generan un índice y, por medio de un complejo algoritmo, deciden cómo mostrarlo a los usuarios. Este algoritmo determina el orden en que se mostrarán los resultados de la búsqueda poniendo en juego numerosas variables: cantidad de links hacia esa página (cuanto más linkeado estará por encima de otras opciones), desde dónde se hace la búsqueda (si uno busca “plomero” en Buenos Aires, no obtendrá el mismo resultado que si lo hace en Madrid), datos personales del usuario (a partir del conocimiento que adquiere sobre los usuarios determinará si, por ejemplo, busca Roma por cuestiones de turismo o porque tiene un hijo estudiando historia), qué eligieron personas anteriores que realizaron la misma consulta, etc. Por eso distintas personas obtendrán distintos resultados.

Cambiar ese algoritmo para producir excepciones no debe ser técnicamente tan fácil y, sobre todo, debe resultar engorroso sumarlas constantemente si comienzan a llover pedidos en ese sentido. Además: si los buscadores no tienen el contenido, sino que sólo ayudan a buscarlo, ¿por qué atacar al intermediario en lugar de la fuente? Es cierto que la información, una vez digitalizada, se replica descontroladamente, e intentar localizar a todos los administradores de los sitios para que bajen una información resulta materialmente difícil o directamente imposible. En cambio, el éxito de Google para transformarse en la puerta de entrada de Internet abre la posibilidad de hablar con un solo interlocutor, quien podría enviar la información al fondo de los resultados de las búsquedas, silenciándola de hecho. Es decir que el éxito de este buscador es el que lo condena a interminables series de juicios que sus competidores más pequeños no sufren en la misma medida.

EL PODER DEL SILENCIO

La capacidad de esta corporación para silenciar información ya es enorme y resulta peligroso que su uso se vuelva habitual. Ya hay quienes consideran que esta corporación prioriza servicios propios en desmedro de otros. Ese poder también se manifestó en 2011, cuando el buscador sufrió una demanda por parte de diarios que reclamaban un pago por el uso que hacía Google News de sus noticias. El argumento de la corporación es que ellos no “robaban noticias”, simplemente las ordenaban y presentaban al consumidor para que hiciera click sobre aquellas que le interesan, y así llegar a la fuente. Si ellos no querían esa posibilidad, Google consideró que lo más justo era sacarlos de sus índices por completo, incluso del buscador. Al hacerlo los diarios sufrieron una caída en sus visitantes y, por lo tanto, en sus ingresos por publicidad, por lo que finalmente debieron pactar una tregua. Es decir, parecería que cuando es por sus intereses el buscador puede manipular los resultados de los algoritmos, pero sería bueno fomentar que no siguiera haciéndolo para mantener una neutralidad en el acceso a la información.

Ahora bien: existen casos más extremos. Probablemente el lector recuerde que en 2012 el diario Crónica publicó las fotos de la fallecida modelo Jazmín de Grazia. Evidentemente en el mundo material la posibilidad de buscar todos los ejemplares del diario y recortar la foto es imposible. Lo que se hizo entonces fue retirarlo del sitio web del diario, darle una sanción y reprobarlo públicamente. Pero en Internet el fenómeno es incontrolable: alcanzó con que alguien tomara la foto del sitio mientras estaba disponible o que la escaneara del diario. Intentar localizar cada uno de los servidores en los que aparece es imposible y exigir su eliminación es muy engorroso, por lo que se llegó a un acuerdo con los buscadores para silenciar los sitios que contenían las fotos.

La variedad de casos a resolver es enorme. Por ejemplo, comportamientos habituales de bullying se ven amplificados por el poder de Internet, algo que incrementa también el daño a las víctimas. Seguramente seguirán surgiendo casos complejos, algunos que ni siquiera es posible imaginar aún. Por lo pronto parece cada vez más necesario un debate público en el que se determinen derechos y obligaciones de cada uno de los actores de Internet. El tema es complicado y en Brasil, por ejemplo, llevó muchos años lograr la aprobación de un marco civil que dé una base para empezar a discutir los casos particulares. El lobby contra una ley que pensaba Internet como un derecho y no sólo como un espacio de negocios a colonizar dificultó mucho su aprobación. De no ser por el impacto político de las revelaciones de Snowden probablemente aún seguiría durmiendo.

En Argentina la Secretaría de Comunicaciones anunció la creación de la Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI) para “articular la participación de los distintos actores a fin de diseñar una estrategia nacional sobre Internet y su gobernanza”. La idea es generar un debate amplio que permita una legislación capaz de entender el funcionamiento de la red de redes y encuentre un equilibrio entre todos los intereses. El camino será largo, por lo que resulta aún más urgente iniciarlo.