El gobierno de Santa Fe “trató de propiciar todo lo que la ley de salud reproductiva pone a disposición de la comunidad y de las personas en protección de la vida para evitar los embarazos que no se quieren y ante la terrible situación de tener que interrumpir el curso de la única manera que tiene la naturaleza de dar vida, que es el embarazo”. Eso sostuvo la ministra de salud santafesina, Silvia Simoncini, al ser entrevistada esta semana por la radio LT8. Pero el asunto no termina ahí: en el diálogo, Simoncini mentaba la decisión que había tomado de no participar como firmante en el documento del Consejo Federal de Salud en el que el ministro nacional de Salud, Ginés González García, y sus pares provinciales respaldaron a los médicos que practicaron los abortos en los casos de L. M. R. y C. A. Ella eligió no firmar el documento porque -dijo– “no era conveniente”, dado que “la cuestión de la interrupción del embarazo en nuestra provincia es un tema todavía en debate, que representa un desafío de la convergencia y del trabajo comunitario, porque tiene muchas aristas y dificultades para su abordaje”. Por si no quedó claro, la oposición de la ministra –en cuya provincia los monitoreos de la aplicación de la ley nacional de salud reproductiva no arrojan los mejores resultados– se basa en que, para ella, el tema del aborto es complicado, comporta un conflicto “entre la vida y la libertad”. Y por eso, porque “había que separar estos dos casos dolorosos, dramáticos y tremendos” -sobre los que hubo actuaciones “en el marco de la ley vigente”–, ella dijo que mejor no poner su nombre para apoyar a los médicos que hicieron lo que gran parte del sistema de salud no se animaba a concretar.