En la sociedad contemporánea, consumista y globalizada el Estado debe intervenir el mercado de la indumentaria textil para garantizar derechos. Las grandes marcas suelen tercerizar su producción, mayoritariamente en talleres textiles ilegales, y cuando no, clandestinos. Pero enfoquémonos en la necesidad de garantizar el derecho a no ser discriminada/o.

Podríamos definir a la moda como el gusto masivo, impuesto o adquirido, vinculado al embellecimiento. Pero la moda es, principalmente, una forma de orientar el consumo, y por ende la producción. Sería imposible producir tanta cantidad de prendas como gustos existentes sino se nos definiera un patrón de deseos de consumo.

Para ello se echa a rodar una enorme maquinaria que se dedica a la investigación y análisis de tendencias de moda. Las modas cambian frenéticamente; una colección suele reemplazarse, como mínimo, semestralmente, aunque la tendencia global empuje a que sea bimestral. A mayor cantidad de colecciones, más producción, más consumo, más ganancia.

Los confeccionistas de primeras marcas reconocen, sotto voce, que ellos producen para determinado segmento social. El resto poco le interesa. La delantera la llevan las mujeres jóvenes, que aún viven con sus padres, que trabajan y que todos los meses tienen dinero destinado al cuidado personal y a la compra de ropa. La moda nació como una herramienta de diferenciación de clase para contraponer la belleza del ser pudiente de la sobria clase trabajadora. Pero esta lógica también lleva, de manera intrínseca, la difusión vertical de los gustos por el cual la moda se transmite de una clase a otra, ya que toda clase imita a la inmediatamente superior. Con la modernidad el capital creció y se diversificó, pero siempre manteniendo ese criterio elitista.

Dicha lógica también imprime un patrón de belleza tan ideal como irreal generando continuos actos de discriminación hacia los cuerpos que no cumplen con esas características. Allí radica la necesidad de cumplir con la Ley de Talles. La ausencia de controles –reconocidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un reciente pedido de informes– tiene como consecuencia que muchísima gente deba seguir sufriendo la discriminación que implica no conseguir talles en función de su contextura física. Ya que no hicieron ninguna inspección ni dictaron ninguna infracción en torno al cumplimiento de la ley 3330. Por eso fuimos a la justicia, el |19 de noviembre (junto con Monique Altschul, de Mujeres por la Igualdad) y en el amparo pedimos la inconstitucionalidad del artículo 2 ya que en la reglamentación desvirtuaron la esencia de la ley y porque sabemos que garantizar derechos no es el fuerte del PRO, siempre afecto a preservar los intereses empresariales por sobre los sociales.

(*) Ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires del ARI del 2005 al 2009 y autor de la ley de Talles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.