Durante este primer año del segundo mandato de Dilma Rousseff, la palabra “impeachment” sonó como mantra en boca de la oposición y de la prensa de derecha de Brasil. En más de una oportunidad, la mandataria denunció que en su país se planeaba “un golpe a la paraguaya”, en referencia a la destitución de Fernando Lugo mediante un juicio político exprés en 2012. Al final, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y principal enemigo de Rousseff, autorizó este miércoles un pedido de impeachment contra la presidenta por supuesta adulteración de las cuentas públicas, una maniobra que puede derribarla de su cargo y sumergir al país en la incertidumbre.

El político evangélico con fama de maquiavélico pasó a la acción el mismo día en que diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) comunicaron que votarían a favor de abrir una investigación contra él en el Congreso por haber ocultado millonarias cuentas en Suiza, un proceso con potencial para terminar con su mandato. Cunha –cuyo partido, el PMDB, es el principal integrante de la alianza de gobierno– está envuelto en el escándalo Petrobras y su voz quedó totalmente desacreditada cuando juró que no tenía ninguna cuenta en el extranjero.

Una hora después del anuncio del titular de Diputados, Rousseff habló tres minutos por cadena nacional diciendo que recibió “con indignación” la medida contra el mandato que le fue concedido democráticamente por el pueblo y aseguró que su gobierno “no practicó actos ilícitos”. Visiblemente contrariada, Dilma sostuvo que confía en el accionar de las instituciones. “Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido, así como de su justo archivo. No podemos dejar que conveniencias e intereses indefendibles debiliten la democracia y la estabilidad de nuestro país”, afirmó.

Este puntapié inicial para juzgar a Rousseff sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año de recesión. El plan de ajuste que aplicó el ministro de Hacienda ortodoxo Joaquim Levy fue resistido por el ala más de izquierda del PT. Y la aprobación de Dilma cayó a un 10 por ciento, de la mano de las dificultades económicas y el escándalo de corrupción en Petrobras, por el que fueron arrestados tanto políticos de la oposición como del oficialismo.

Ahora comienza un largo proceso parlamentario. Una comisión formada por diputados de todos los partidos deberá analizar el pedido de juicio político y la presidenta tendrá que responder a las acusaciones. Si la comisión mantiene el pedido, el tema será llevado al Pleno de la Cámara. La solicitud aceptada por Cunha acusa a Rousseff de haber realizado maniobras fiscales para ajustar las cuentas de su gobierno en 2015. Para que siga adelante, el impeachment debe contar con el apoyo de dos tercios de los 513 diputados. El Senado tendrá la última palabra: 54 de los 81 senadores deben apoyar la salida de Rousseff. Dos meses atrás, Celso Marcondes, director del Instituto Lula, me decía que la estrategia de la oposición es llevar la lucha contra Dilma hasta el final. Detrás de esa estrategia aparecen referentes del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña): Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso y José Serra.

La mandataria de 67 años que superó las torturas durante la dictadura y luego un cáncer asegura que dará batalla. Ya lo dijo en un discurso reciente: “La sociedad brasileña conoce los moralistas sin moral. Yo me rebelo contra el golpismo”.