“Este es tu hijo” le gritaron a Belén mientras le mostraban un feto en la cama de un hospital público de Tucumán. Belén tiene 27 años y hace más de dos años está presa por haber sufrido un aborto espontáneo. Fue acusada, juzgada y condenada a ocho años de prisión. Esta terrible realidad no es una excepción. Amnistía Internacional relevó casos que involucran a niñas y mujeres latinoamericanas. Historias que ilustran malos tratos y tortura. Los estereotipos y prejuicios de género impuestos por la aplicación u omisión de normas y leyes por parte de los Estados de la región producen violencia contra las mujeres y constituyen tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El 97 por ciento de las mujeres que vive en América Latina y el Caribe, en edad reproductiva, están en países donde el acceso al aborto seguro está severamente restringido por ley. En el caso de Argentina la legislación permite la interrupción legal del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer estén en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación. La legalidad del aborto en estos casos ha sido confirmada, incluso, por la Corte Suprema de Justicia la Nación, el 13 de marzo de 2012. A cuatro años del fallo, el acceso al aborto legal (vigente desde 1921) no es implementado en todo el territorio nacional.

Las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de muerte materna en 17 de las 24 provincias. Se calcula que más de 60.000 mujeres tienen que ser internadas en un hospital público por consecuencias de abortos realizados en condiciones inseguras. La mayoría de las víctimas proceden de entornos con pocos recursos económicos o ingresos bajos. Lamentablemente, la falta de datos precisos y confiables sobre las internaciones hospitalarias y los indicadores de fertilidad y reproducción impactan de forma negativa en la estimación de los abortos.

El abuso de la objeción de conciencia de los efectores de salud, el uso de la justicia para demorar y obstaculizar abortos, los sistemas de salud que repelen a mujeres y niñas a través de comentarios reprobatorios, la mala fe de los proveedores de salud y de funcionarios públicos, la violación del secreto profesional, el hostigamiento y persecución a mujeres y niñas, la influencia de la iglesia sobre los gobiernos nacional y local, la falta de incorporación de normativa expresa de las prestaciones que demandan los casos de aborto no punible como prácticas esenciales del servicio de salud. Todas ellas son estrategias que no solo operan en contra del derecho al aborto legal sino que someten a las mujeres y niñas a situaciones de violencia institucional cuyo responsable directo es el Estado.

La violencia, los malos tratos y la tortura contra las mujeres no van a ser erradicados si desde el Estado no se toma una decisión contundente que proteja y garantice sus derechos. El Gobierno debe saldar esta deuda histórica.

(*) Directora Ejecutiva de Amnistía internacional Argentina.