Todo sucedió en cuestión de días, casi sin respiro: mientras la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal detenía a una banda de 20 personas que realizaba abortos en piezas anunciadas como consultorios de Liniers, Ciudadela, Caseros, Lomas del Mirador y Merlo a adolescentes y mujeres desesperadas por costos de entre 2.800 y 9.000 pesos, Mauricio Macri clausuraba la misa del XI Congeso Eucarístico Nacional (CEN) en Tucumán ante unas 300.000 personas, pidiéndole a Jesucristo “defender la vida desde la concepción hasta la muerte”. Curioso: es la misma provincia donde permanece detenida Belén, la joven condenada a 8 años de prisión por haber llegado a un hospital público con un aborto espontáneo. Antes, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había dicho que “en el debate sobre el aborto debería haber libertad de conciencia en cada partido. Cada diputada o senadora debe votar de acuerdo con su conciencia. Ninguna mujer va contenta a hacerse un aborto. Es traumático y no hay que criminalizarlas”. Sucede que en el territorio bonaerense los programas de salud sexual y reproductiva no cuentan con insumos ni herramientas suficientes para atender a toda la población y las partidas de medicación anticonceptiva sólo alcanzarían hasta octubre. En medio de redadas policiales que no hacen más que confirmar la urgencia de legalizar las interrupciones de los embarazos y un discurso oficial por lo menos esquizofrénico que sólo confunde y retrasa un debate serio sobre la vida y la salud de mujeres y niñas, el proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue presentado ayer en el Congreso. Con el aval de 350 organizaciones y con la firma de 34 diputadas y diputados de todo el arco político, consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 14 semanas de gestación, en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, a adolescentes de entre 13 y 16 años con aptitud y madurez para decidir y prestar consentimiento, a menores de 13 años con asistencia de al menos unx de sus progenitorxs o representante legal, o si existieran malformaciones fetales graves.

Pese a las diferencias entre bloques que marcaron varias fuentes legislativas, las reformas introducidas en el texto, sin embargo, el amplio respaldo social, los latidos recientes de la movilización multitudinaria de Ni Una Menos y su apoyo a la Campaña, y las manifestaciones en diferentes ciudades del país de pedido de Justicia por los casos de Belén y Juana -la niña wichí violada por ocho hombres y obligada a cursar un embarazo inviable de seis meses que finalizó con una cesárea porque el feto era anencefálico- alientan a que la bandera de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, logre avanzar en su tratamiento. Con las dos primeras firmas de las diputadas Victoria Donda, de Libres del Sur, y Carolina Grainllard, del Frente Para la Victoria, esta lucha histórica del movimiento de mujeres y del feminismo está en consonancia con el pleno ejercicio del derecho a la salud de las mujeres y cumple con lo dispuesto por pactos, convenciones y organizaciones internacionales de derechos humanos. Su objetivo “es garantizar condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo”, precisan desde la Campaña, y propone que la práctica sea realizada “en los sistemas de salud público, privado y de obras sociales, reconociendo la plena autonomía, capacidad y el derecho de las mujeres para resolver el dilema de un embarazo no deseado, y no ser sometidas a una maternidad forzada”.

Objetivos contundentes

El debate y la sanción del proyecto confluyen en la esperanza y el reclamo de un Estado presente, laico y democrático que se responsabilice en diseñar y ejecutar con eficacia políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio a la salud integral y a la autonomía de las mujeres, es decir del 51 por ciento de la sociedad. “La Campaña nace hace once años con un objetivo contundente: intentar lograr la legalización del aborto. Largo camino se ha recorrido, con momentos de auge y otros de retracción que fue generando la articulación de nuevas estrategias en todo este tiempo. Esas estrategias (Red nacional de socorristas, Red nacional de trabajadores de la salud, Red nacional de abogadas, Red nacional de comunicación, red de educadoras, trabajos de organizaciones sociales territoriales, entre otras) nunca opacaron el objetivo de la legalización”, dice la socióloga, investigadora y docente María Alicia Gutiérrez, integrante de la Campaña Nacional. “Para eso y con una férrea y consistente insistencia ha sido clave el trabajo desarrollado por la comisión de cabildeo. En esta oportunidad firman la presentación del proyecto 34 legisladorxs de 12 agrupaciones políticas. Las expectativas siguen siendo lograr que finalmente se debata en comisiones y en el recinto con una mayor cantidad de legisladores. Esas expectativas, de máxima, están en consonancia con poner el tema en la agenda pública de manera sistemática y en distintos espacios.”

Para Gutiérrez, lo sucedido este jueves es un corolario político e institucional auspicioso que llegó a cristalizarse a través de foros y debates plenarios nacionales para la construcción de una herramienta sólida y consensuada. “En primer lugar se presenta un nuevo proyecto con modificaciones en relación a los anteriores, que lo ubican en un contexto más acorde con nuevas demandas y el avance político y científico. Por otro lado, se realizó con una metodología sumamente democrática durante 2015. A través de foros regionales se discutió todo el articulado registrado por una comisión de redacción que formuló el proyecto. El borrador de la comisión se debatió en la Plenaria Nacional, en marzo de este año, y luego se hizo la redacción definitiva. Para las integrantes de la Campaña de los distintos puntos del país fue un proceso muy rico de debates con acuerdos y diferencias, que permitió una amplísima participacion.”

Lo paradojal en relación al viraje político de la Argentina es que, a su entender, en un contexto de ajuste y pérdidas de derecho no se estaría jugando en el escenario más propicio para la adquisición del derecho postergado. Aun así, cree que podría abrirse una ventana de oportunidades en función de algunas coordenadas. “ ¿Lxs legisladorxs del FPV se sentirán más libres de actuar a conciencia? ¿Los de la UCR y PRO tendrán libertad de acción o requerirán de `autorizaciones`? ¿La relación de la alianza gobernante con la iglesia católica inclinará la balanza para uno u otro lado? Son muchas incógnitas pero lo cierto es que cada vez es más difícil soslayar el debate público cuando la despenalización social es un proceso de crecimiento exponencial.”

A la nueva conformación del Congreso se suma el nombramiento de Fabiana Túñez al frente del Consejo Nacional de las Mujeres, que podría ser entendido como una señal de apertura.

–Para mí es una incógnita. No me parece que la presencia de Fabiana Túñez modifique, a no ser que se tome el aborto como violencia y/o femicidio desde el Estado, recuperando las consignas de Ni Una Menos, y se desarrollen fuertes estrategias de acompañamiento. Que deseemos la legalización del aborto por el Congreso Nacional no significa que seamos ingenuas respecto de su posibilidad en una sociedad que resiste fuertemente la autonomía y la libertad de las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar para decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo no negaría la importancia de la presentación como un gran gesto simbólico, por el impacto que produce en las subjetividades y en la cultura en una determinada sociedad. Son muchos los senderos que nos pueden conducir y sostener la lucha, y altas las banderas después de muchos años de pelea ardua y por momentos frustrantes. No es un dato menor, sino más bien un acto político de relevancia. El proyecto hay que presentarlo cada dos años porque ese gesto sostiene, como tantas otras acciones, el deseo y la ilusión.

Más allá del límite

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. Sólo en 2014 murieron como consecuencia de un aborto inseguro 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012. De aquéllas, cinco adolescentes de entre 15 y 19 años y 19 jóvenes de 20 a 29 años fallecieron por abortos clandestinos, consignó Página/12 esta semana. Las sobrevivientes, con suerte, no serán estigmatizadas, discriminadas, violentadas ni, en el peor de los casos, criminalizadas. Enredadas, hermanadas en otra concepción de la salud, se puede transitar por un sendero sin peligros ni a la sombra de la clandestinidad. Las Socorristas en Red lograron contraponer cifras empoderadas frente a los números violentos que figuran más arriba. Cientos de muchas otras llamadas entre sí a profundizar el compromiso con los cuerpos como territorios en disputa, decidieron recuperar voces y palabras visibilizando y “desclandestinizando” la práctica del aborto, tan cotidiano como silenciado. Durante 2015 sistematizaron el acompañamiento feminista a 2.894 mujeres que accedieron a abortos seguros, libres y de calidad.

Con políticas de acción directa, “cada aborto que acompañamos es una historia de vida. Nuestros registros sirven para generar saberes, estadísticas reales y tangibles surgidas de los acompañamientos cara a cara con miles de mujeres de todo el país”, declaran en la quinta Reunión Plenaria de este año. La edición del libro Código Rosa - Relatos sobre abortos, de la docente y socorrista Dahiana Belfiori, permitió instalar otras narrativas y otras prácticas de salud comunitarias, sobre aquello que se condena desde los supuestos saberes médico hegemónicos y heteropatriarcales.

En mayo de 2013, Nuevo Encuentro comenzó a abrir consejerías sobre aborto seguro con pastillas en los locales partidarios de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la definición política de sacar el aborto del clóset y empezar a ponerle el cuerpo. Debatir ya no era suficiente para las agrupaciones políticas. Había que militar el aborto con acciones que garantizaran el acceso a la información necesaria, sin trasladar a quien la necesitara la carga social del drama y el estigma. La legisladora porteña por el FPV-Nuevo Encuentro, Andrea Conde, explica que “hace ya varios años que venimos haciendo consejerías con distintas compañeras del campo nacional y popular. Es tiempo de construir una línea política y un abordaje común sobre la descriminalización del aborto, para que podamos de una vez por todas ubicarlo en la centralidad de la agenda y la acción política”.

En una ciudad donde Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetaba la ley que reglamentaba el acceso a los abortos no punibles aprobada en septiembre de 2012 por la Legislatura, “era fundamental poner en clave de ampliación de derechos la necesidad de miles de mujeres. Así fue como a través de la experiencia de las consejerías se pudo pensar y accionar sobre el aborto -recuerda Conde-. Desarticular el poder de la corporación médica en torno al aborto quirúrgico e inseguro y pelear por el acceso popular al aborto con pastillas fueron los principales objetivos”.

La abogada y activista feminista Sabrina Cartabia, integrante de Red de Mujeres, acuerda que socorristas y consejerías marcaron un punto de inflexión nodal que ayudó a reducir la mortalidad de las mujeres, las fortaleció en el conocimiento de sus derechos y en la recuperación de su autonomía y, lo más conmovedor, muchas de esas socorristas y/o consejeras se convirtieron en chamanas capaces de exorcizar el miedo. “Abrazo los servicios de salud feminista”, dice quien supo ser capacitadota de género en una Justicia con chapa de discriminadora y misógina, que toma la represión punitiva contra las mujeres como primera opción.

“Disminuir la cantidad de abortos que se realizan por año en la Argentina no se logra con políticas represivas sino con educación sexual y anticonceptivos para elegir el momento del embarazo, y con anticoncepción de emergencia para aquellos casos en que por diversos motivos las relaciones sexuales no han sido seguras. Pero es clave cuestionar cuál es la prioridad del Estado al asignar sus recursos económicos y humanos.”

Cartabia sostiene que no existe respuesta legislativa o de políticas públicas adecuadas que contengan a las mujeres en el acceso a sistemas de salud y prácticas médicas en un marco de respeto por los derechos humanos. “Belén se enfrentó a una emergencia obstétrica y el sistema de salud, en lugar de un trato acorde, con secreto profesional y obligaciones legales y éticas, concluye en torturas y trato degradante, legitimando una cadena de violencias. Muchos sectores del país siguen utilizando una matriz punitiva para atender temas sociales y legitiman la violencia institucional. Es un desafío incorporar a las dinámicas de derechos humanos el maltrato como cuestión de violencia institucional. Lo que sucede con Belén es gravísimo no sólo por el manto de encubrimiento de todo lo que sucedió y la responsabilidad del Estado. Es gravísimo porque aleja a las mujeres del sistema de salud, es una intimidación criminal.”

Romper el statu quo

Victoria Donda repite que es un “honor” encabezar con su firma el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Viene de una contienda sostenida, el martes pasado, con el repudiado y desplazado presidente por Cambiemos de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia de Diputados, el pediatra correntino Julián Dindart, quien decretó que las adolescentes pobres se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como ex ministro de Salud de su provincia, es recordada su oposición al fallo de la Corte Suprema que sentó jurisprudencia sobre el cumplimiento de un aborto no punible, al avalar la interrupción del embarazo de una chica abusada por su padrastro. Victoria sabe que ciertas batallas son cuestiones inexorables de derechos humanos. Que Dindart se vea obligado a dar un festejado paso al costado y que ella junto con otras legisladoras apoyen con pasión la presentación del proyecto de IVE como derecho básico de las mujeres habla de un motor de gestión diferente y bienvenido.

“El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado en un reciente fallo que el aborto es un derecho humano, un derecho básico de toda mujer y como tal debe ser respetado por los Estados”, celebra Victoria. “Es importante como sociedad que nos demos un debate serio y maduro sobre un hecho que sucede: el aborto clandestino se cobró la vida de 3000 mujeres desde la vuelta de la democracia y es la principal causa de muerte materna en Argentina.”

Militante del Movimiento Evita y de la Ctep, la diputada nacional por el Frente Para la Victoria, Lucila de Ponti, es una de las que firmó la iniciativa “para que se pueda habilitar el tratamiento y la discusión, y para que se sancione. Es preciso avanzar en la consolidación de uno de los reclamos centrales de las mujeres por la garantía de sus derechos. La posibilidad de legalizar el acceso al aborto nos parece relevante porque se trata de una política de reconocimiento y de intervención en una cuestión problemática”.

De Ponti subraya que la iniciativa y su militancia están acompañadas por todas sus pares firmantes, aun cuando lamenta que “desde el machismo no se toma el conjunto de las políticas de las mujeres más allá de lo estético o de las formas. Las situaciones de desprotección que viven las mujeres se convierten en una doble violencia institucional desde el Estado cada vez que se les imposibilita acceder a sus derechos a la salud y se avanza sobre ellas judiciadizándolas cuando deciden interrumpir sus embarazos en condiciones de marginalidad. Avanzar con este proyecto nos parece urgente para empezar a romper estas acciones de violencia”.

Instalar el tema con optimismo informado. Aunque se pierda, conviene otra de las firmantes de la Cámara Baja, la politóloga, docente y diputada radical Ana Carla Carrizo, entusiasmada porque “los temas difíciles deben ingresar a la agenda de un país democrático para transitar la complejidad del debate. El aborto ingresó hace rato en la agenda institucional; espero que esta vez pueda ingresar en la legislativa y que atraviese todos los partidos. Pero desmitifiquemos que se trata de un tema urbano: hay once provincias argentinas acompañando este debate. Las que omiten violando el protocolo de atención dispuesto por la Corte Suprema de Justicia deben reconocer que afectan, por ejemplo, a una mayoría de casos de adolescentes víctimas de abuso sexual. Por eso hablo de avanzar sobre lo que está prohibido y abordar un tratamiento institucional”.

Carrizo señala que las estrategias están al alcance de la mano. Sólo las voluntades políticas y un debate despojado de miserias podrían avanzar algunos cuadros en el casillero. “Una de ellas, la legalización del aborto, simplemente porque la Constitución no lo prohibe. Es una argumentación errónea insistir en su ilegalidad. Ningún código Penal ni Civil pueden penalizarlo. Lo otro es que no se trata de una zona de clivaje de izquierdas o de derechas: estamos construyendo apoyos transversales y también extrapartidarios.” Problemáticas complejas, agrega, “porque remiten a un vínculo difícil entre política y moral. Pero en un Estado laico hay que transitar esa complejidad, porque lo público es de todxs y la moral es individual. Tenemos que defender el derecho a decidir independientemente de la moral de cada unx, desarticular su impacto con madurez y argumentos. Hoy estamos en un Congreso donde nadie tiene mayoría, con lo cual hay más posibilidades de romper el statu quo y de no encapsular el tema. Sería un gran avance que el proyecto tuviera dictamen para ser tratado en comisión”.

El caso argentino

Por primera vez, Mauricio Macri rinde cuentas sobre “el caso argentino” ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La protesta social y la detención ilegal de Milagro Sala son algunas aristas incómodas. Otra, sin duda, es la criminalización de las mujeres que intentan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. A los casos de Belén y Juana citados en esta nota se suman el de Mónica, de Entre Ríos que, enferma, fue obligada a dar a luz y sufrió un ACV, y el de otra mujer en Tierra del Fuego, procesada por un aborto sin tener en cuenta la violencia de género a la que era sometida por su pareja. “Es la primera vez que el actual Gobierno rinde examen ante la ONU. El Poder Ejecutivo no debería evadir temas sobre los que la comunidad internacional pide una explicación”, considera Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, uno de los organismos que se pronunció a favor de Belén y adhiere al proyecto de legalización del aborto. “El protocolo sobre protesta social no tiene un estatus legal claro. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Y con Belén y los casos de cientos de mujeres sometidas a padecer la violencia que ejerce el Estado? Estos son temas en la agenda de derechos humanos que el Gobierno debiera empezar a trabajar.”

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), por su parte, se declaró esta semana que la penalización de la IVE es una práctica discriminatoria del Estado, que viola los derechos humanos de las mujeres y de las personas trans. “Se trata de una política penal que tiene efectos nocivos para el ejercicio del derecho a la vida, la salud, la integridad física y psíquica, la autonomía, la intimidad, la dignidad.” Y concluye que “un primer paso para la construcción de una sociedad igualitaria es que las mujeres tengan control sobre su capacidad reproductiva, que incluye acceso a la anticoncepción y al aborto seguro”.

El 3 de junio pasado, las banderas de NiUnaMenos (NUM) se encimaron en abrazos reiterados con la de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo que ocurrió ese día trascendió la letra dura de las adhesiones o el gesto amable del acompañamiento. Se renovó un sentido de lucha colectiva, sin atajos en libertad plena. El aborto se milita en gargantas colectivas y diversas. El manifiesto de NUM volvió a consolidar razones. “El aborto se hace, no se dice. Cada quien lo lleva a cuestas, el entorno lo esconde: la familia, los amigos y las amigas, el trabajo, el sindicato, el barrio, la escuela, la universidad, la calle, la televisión, la radio, los diarios, las revistas, el gobierno. Muchas mujeres abortan. Unas siguen su vida y no hablan sobre ello. Otras no siguen su vida. Otras no pueden hablar sobre ello porque si hablan, porque el aborto es ilegal, van presas. Escondido detrás de las mamitas de puntillas que todas deberíamos ser, ahí está el aborto. Clandestino, porque si fuera legal, seguro y gratuito capaz que también se devela que el instinto materno es un invento para sujetarnos, para negarnos las decisiones libres. Ese cuerpo no es tuyo, es de la civilización, no podés decidir, hacerlo es criminal. Pero se hace. Total, no somos todas las que morimos en la intervención clandestina; son muy pocas y valen menos las que están presas por abortar. Libres, vivas y autónomas nos queremos. A todas. No consideradas cuerpos que sólo paren, que sólo reproducen, que sólo valemos por eso. No obligadas al silencio, no incapaces de transmitir a otras nuestros saberes y complicidades. No hay libertad plena sin aborto legal, seguro y gratuito.#NiUnaMenos#ElEstadoEsResponsable #VivasNosQueremos”