Las amigas de Elizabeth “Romi” Wilson y de su hija Estefanía Abril, muertas a golpes y cuchillazos por Juan José Campos, pareja de Romi, fueron las primeras en llegar al departamento de San Cristóbal y reconocer los cuerpos de esas mujeres queridas; fueron quienes se hicieron cargo de denunciar el doble femicidio, de motorizar la búsqueda de Campos, prófugo durante un año, y de encontrarlo y lograr su detención. Fueron también quienes limpiaron el desastre de sangre, suciedad y destrozos en que se había convertido esa vivienda el 20 de febrero de 2015, y las que sostuvieron al abuelo y la tía de Abril, los únicos familiares en un estado de vulnerabilidad que les impedía iniciar cualquier acción. Sin embargo, la semana pasada la Justicia les negó ser parte querellante en la causa contra Campos por “homicidio, mediando violencia de género”. Alegan que no son “padre, madre o cónyuge” de las víctimas, como lo requiere la ley, obsoleta o descentrada, si se quiere, cada vez que las estadísticas confirman que los femicidios, en su mayoría, son cometidos por parejas o ex parejas. La denegación del lazo afectivo para canalizar un reclamo legal es el plus de lo que ellas consideran una deshonestidad jurídica y una falta grave del sentido humanitario de sus señorías, tan afectas a los tomos de la ley. “Queremos que se cumpla el derecho a una querella autónoma, a poder exigir la condena correspondiente en forma directa, a acceder a la fiscalización del juicio y manifestar de manera activa nuestras posiciones”, explicó Mercedes Villarreal en nombre de las doce amigas de Abril y Romi que formaron una colectiva para seguir pidiendo Justicia. “Nosotras demostramos que tuvimos un rol fundamental en todo este proceso pero se nos niega el derecho de defender a aquellas que ya no están presentes para poder hacerlo.”

Habían logrado a pulmón que el 2 de junio último, a 24 horas de la movilización de #NiUnaMenos y durante una audiencia en la Sala VI de la Cámara de Apelaciones, el tribunal conformado por Mario Filozof, Julio Lucini y Rodolfo Pociello Argerich aprobara que Marta Haydée Visco, hermana de la madre de Romi, tía abuela de Abril, sea querella, como un paso intermedio al anhelo de convertirse ellas en parte querellante de este proceso. Llegaron a esa instancia porque ese mismo pedido lo rechazó un mes antes, el 4 de mayo, el Juzgado de Instrucción N° 36 a cargo de Manuel Gorostiaga, que entiende en la causa. Allí “apuraron” a la abogada que las patrocina en forma gratuita, Mariana Barbitta, para presentar el escrito pertinente firmado por Visco y siete amigas de las víctimas. Barbitta, que integra la Alianza de abogadas por los derechos de las mujeres y preside la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, realizó la presentación pero con la velocidad de la luz, algo inusual para los tiempos judiciales, Gorostiaga la rechazó y elevó la causa a juicio argumentando que no se había aportado la documentación probatoria del parentesco de Visco, que las amigas no pueden ser querellantes y que la presentación se efectuó en forma extemporánea. La abogada presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones e indicó la existencia “de un exceso de ritual manifiesto, es decir un excesivo rigor de la ley, que nos imposibilita a acceder a nuestros derechos”, advirtió la abogada María Florencia Villarreal, otra de las amigas de Abril y Romi que participa de las acciones. Todas sienten que les hacen reproches absurdos, que las retan como si fueran niñas a las que debe remarcárseles deberes incompletos.

Los obstáculos volvieron a tallar con empeño casi artesanal el 30 de junio último, durante la última audiencia en la Cámara, cuando se concluyó que Visco presentó “tarde” el requerimiento de elevación a juicio, sin valorar que eso ocurrió apenas tres horas después de lo que estipulan los plazos legales, y por lo tanto la convirtieron en lo que en la jerga es “una querella vacía”. La mujer será casi una figura decorativa mientras se sustancie el juicio oral, todavía sin fecha establecida. Respaldaron el revés inaugural del juez de Instrucción que la margina en su derecho y la rechaza como actora legal plena, generando de esa manera una querella incapacitada de realizar o sustentar cualquier tipo de acción. “Se ha hablado tanto durante los últimos doce años de la necesidad de tener una Justicia con perspectiva de género, cuando la realidad es que sostienen concepciones prejuiciosas y cuestiones burocráticas para obstaculizar el avance de causas graves, como lo fue el doble femicidio cometido por Juan José Campos, profugado durante un año para rehacer su vida bajo un nombre falso con otra mujer y su niña en Santa Fe”, expresó María Florencia.

Las presentaciones realizadas hasta el momento son acompañadas por la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra la Mujer (UFEM), que conduce Mariela Labozzetta, y el fiscal Justo Joaquín Rovira, a cargo del caso. La semana próxima, el Grupo de Justicia por Abril y Romi intentará entrevistarse con ambos para que acompañen el pedido de querella autónoma y refuercen su compromiso con esta lucha, novedosa sostienen, porque sentaría un precedente importante para casos similares, en los que amigxs o personas cercanas a víctimas podrían convertirse en parte querellante. Apelarán también ante la Cámara de Casación, “y si es necesario iremos a la Corte Suprema”, aseguró Karina Pérez, vecina y amiga de Abril y Romi. “El cimbronazo de la semana pasada obliga a preguntarse quién determina los vínculos afectivos, cuánto hay de una Justicia machista que se encarga de sesgar las acciones de empoderamiento de las mujeres. Lo que sucedió con nuestras amigas nos cambió la vida a todas pero también nos permitió crear una conciencia colectiva para seguir tejiendo redes por los derechos de las mujeres.”