La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) establece que todos los chicos y chicas deben recibir contenidos sobre cómo cuidarse y disfrutar de su cuerpo desde el nivel inicial hasta el secundario. Para eso, hay que producir y repartir manuales, hacer capacitaciones docentes, promover que en todas las materias se hable sobre igualdad de oportunidades, anticoncepción, prevención del abuso sexual y noviazgos violentos. Falta mucho. Pero el panorama no es de avance, sino de retroceso.

El martes 28 de junio el Ministerio de Educación notificó que el Programa de Educación Sexual Integral (ESI) se veía reducido en un tercio de su personal imprescindible para su funcionamiento. Los despidos afectaron a cinco trabajadoras en un área que tiene, en total, quince personas para hacer cumplir una ley fundamental en todo el país. En este momento, el gremio ATE está intentando que el Ministro de Educación, Esteban Bullrich revierta su decisión. Los despidos en el área también afectan a los programas de Educación y Memoria, Plan de Lectura y Educación Intercultural Bilingüe.

Las trabajadoras despedidas realizaban materiales escritos y audiovisuales sobre ESI; producían y editaban videos que registraban experiencias exitosas de educación sexual en las aulas para poder replicarlas; realizaban talleres en las provincias, adecuaban los manuales estándar para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y para comunidades indígenas; monitoreaban y evaluaban el cumplimiento del programa en las aulas y coordinaban los cursos virtuales para que los y las docentes puedan ser capacitados a distancia. El impacto de los despidos no es solo numérico, sino que implica un retroceso en los recursos humanos de personal jerarquizado, comprometido y capacitado para promover la mayor vacuna para evitar la violencia de género, el embarazo adolescente y el abuso sexual: la Educación Sexual Integral.