Todavía falta aunar fuerzas, despejar dudas, hacer entender que el costo beneficio será enorme a largo plazo. En esos menesteres trabajarán durante los próximos meses especialistas de las políticas de cuidado y de uno de sus capítulos más imprescindibles, las licencias maternales, paternales y familiares universales para conciliar ideas en el Congreso nacional, de donde se espera que antes de fin de año surja un proyecto único, que surja de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados, y pueda ser tratado en el recinto.

La propuesta que impulsa la sanción de un nuevo régimen de licencias y que coordinan Gala Díaz Langou, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Sebastián Waisgrais, de Unicef, y Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Género y Justicia (ELA), plantea ampliar de 90 a 98 días la licencia por maternidad –según recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT)–, de 2 a 30 días por paternidad e implementar una licencia familiar de 60 días para utilizar en forma indistinta cuando finalizan las anteriores, o en cualquier momento posterior hasta una edad determinada de lxs niñxs. “Es importante contemplar las licencias familiares o parentales, que incluyen una variedad de situaciones y que se establecen en beneficio de las familias, en el marco más amplio de las políticas de cuidado”, destaca Gherardi, directora ejecutiva de ELA. “Estas políticas interpelan al Estado como regulador y como proveedor de servicios, al mercado de empleo público y privado, al sistema educativo, a la prestación de salud, los sindicatos, todos actores fundamentales que impulsen el cambio cultural necesario para que el cuidado sea una responsabilidad social compartida.”

El documento que presentaron las organizaciones y fue discutido en un encuentro con representantes de diferentes bloques parlamentarios avanza en un régimen que promueva la coparentalidad, la universalidad para todxs lxs trabajadorxs, independientemente de la categoría en el mercado laboral; la equidad, que toma en cuenta las diversas conformaciones de familias e iguala sus derechos, y la expansión gradual del régimen de licencias. Busca unir partes de otros proyectos legislativos fragmentarios y conciliar la vida productiva y reproductiva de las personas, distribuyendo la carga de las tareas de cuidado y domésticas con equidad, para allanarles el camino a las mujeres en su plena inserción laboral, lo que revertiría la discriminación en el mercado del trabajo. “Y esos objetivos sólo se pueden alcanzar si todas las familias gozan de este derecho”, advierte Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de Cippec. “Sabemos que se trata de un desafío grande y costoso, pero los costos de la configuración actual del esquema de licencias en términos de desarrollo infantil y equidad de género son enormes y están siendo invisibilizados.”

Los próximos dos meses serán clave para fortalecer el debate en el Congreso y generar un proyecto que logre dictamen de comisión para ser tratado antes de fin de año. “Queremos acompañar al Poder Legislativo en la generación de espacios de trabajo plurales y estables que permitan avanzar hacia un proyecto consensuado”, explica Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos de Unicef. Y que resulte “en cambios normativos sostenibles que amplíen los derechos de niñas, niños y sus familias, y permitan saldar esta deuda central”.

Para generar una organización social del cuidado más justa y equitativa “es necesario que las familias cuenten con tiempo, dinero y servicios e infraestructuras de cuidado”, concluye Gherardi. “El objetivo de esta iniciativa es superar la heterogeneidad del marco regulatorio actual del derecho al cuidado, elevando el piso de las prestaciones y estableciendo estándares comunes.” En un escenario ideal deberían combinarse herramientas no contributivas con otras que sí lo son, como la Asignación Universal por embarazo, que podría ser empleada para beneficiar a trabajadorxs informales e incorpore a monotributistas, autónomxs y desempleadxs.

Lxs especialistas coincidieron en la dificultad de avanzar en estos frentes “por la fuerte impronta que tiene la protección social, dependiendo de la categoría ocupacional, y por los costos que implica su implementación, pero somos optimistas, lxs legisladorxs nos dijeron que podríamos llegar en forma paulatina a la extensión definitiva de las licencias. La gran incógnita será, en todo caso, la mirada que tenga sobre este tema el Poder Ejecutivo.”