En el Congreso, las mujeres de todos los bloques estamos avanzando con la campaña #UNAyUNO, una mujer-un varón en las listas, para lograr una paridad sobre la que tenemos derecho, mérito y mucha militancia. Somos el 51 por ciento de la población, pero eso no se refleja en la distribución del poder.

En el gabinete de (María Eugenia) Vidal sólo hay una mujer entre los diecinueve ministerios y secretarías más importantes. En el de Macri hay tres sobre veintiún puestos. Entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires sólo hay cuatro intendentas. Sólo tenemos una mujer jueza entre los circo cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para las dos vacantes nuevas nombraron varones. En la unificada CGT hay dos espacios ocupados por nosotras sobre veinticuatro cargos. Solo el cuatro por ciento de las empresas grandes y Pymes están dirigidas por mujeres.

En la lista de CEOs de las 500 empresas más grandes del mundo solo aparecen veinte mujeres. Ganamos en promedio un veintitrés por ciento menos que nuestros pares varones, por igual tarea. Hacemos triple jornada: trabajo remunerado fuera, trabajo de cuidado con niños/niñas propios y ajenos y trabajo en casa, no remunerados.

En la esfera política, judicial, sindical, empresaria, laboral y familiar persisten disparidades en las que somos las menos favorecidas no por ser menos capaces sino por el hecho de ser mujeres.

El fundamento de una política reparadora como la que proponemos está expresamente contenida en nuestra Constitución, en los artículos 16 y 37 y en los tratados y convenciones. Eso sería razón suficiente por su contundencia pero, es sabido, la invocación constitucional no cierra sino que abre los debates. En una sociedad bien ordenada por los principios de igualdad y libertad el núcleo del concepto de justicia es la equidad.

Las libertades iguales presuponen que ciertas necesidades básicas deben ser satisfechas, al menos -como pensaba John Rawls- en la medida en que esa satisfacción constituya una condición necesaria para que la ciudadanía ejerza plenamente esos derechos básicos iguales. Básica es la libertad política y civil, la de elegir y desarrollar una ocupación, la de tener ingresos y riquezas bien distribuidas como medio necesario para lograr un amplio rango de fines, respeto mutuo y –acá esta #UNAyUNO– el acceso igualitario a cargos de poder y responsabilidad. Cuando sobreviven desigualdades ilegítimas, no sólo es válido sino obligatorio que el Estado actúe asegurando derechos a los menos favorecidos.

Estamos convencidas que la paridad en la representación traerá perspectivas más comprensivas sobre estos problemas que nos afectan de un modo particular. Estamos bien preparadas y dispuestas a seguir probando nuestras capacidades y méritos. Pero es justo que lo hagamos en paridad.

(*) Diputada FpV-PJ.