Las huellas en los dedos, la tinta negra, indeleble sobre las líneas circulares de su identidad. No se despintan más allá la suciedad removida con un algodón y desalojada por el agua de la ducha. Los dedos pintados sobre un prontuario para que el ADN haga escarnio y selle sus laberintos minúsculos entre papeles policiales como un resabio de la criminalización que Camila no borra.

Camila no es su nombre, es un nombre para que no la reconozcan, ya bastante quedaron sus huellas pegadas a prontuarios por los que no quiso ni debió quedar asomada. Camila tiene, ahora, 34 años, es jefa de hogar a cargo de hijxs a lxs que no quiere nombrar para que la zozobra no se vuelva dedo acusador por las calles con nieve de Tierra del Fuego, donde conocerse las caras no siempre es sinónimo de abrigo.

En el 2010 la procesaron por consentir un aborto a través de escuchas telefónicas -surgidas en la investigación de otro delito- en las que terminaron apuntando hacía ella y otra mujer que, también, fue procesada.

-Me hacían sentir que era una delincuente. Tenía que ir a la policía, registrar que estaba en la isla, no podía hablar por teléfono con nadie. Estar en mis zapatos fue muy duro. La incertidumbre de lo que van a decidir con tu vida. Querían que cumpliera con un año de prisión o tareas comunitarias. Tenía pánico a perder a mis hijxs. Y mis hijxs tenían miedo que yo no vuelva a casa. Era demasiada la impotencia que sentía -describe Camila, desde Tierra del Fuego, entre viajes y recuerdos, que no impiden que sus nudos se desaten en lágrimas.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia - integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Guillermo Jorge González y Maximiliano García Arpón- las absolvió en mayo de este año. Pero no borraron las huellas de la criminalización. El tribunal no se expidió sobre la nulidad de juzgar a las dos mujeres por abortos no punibles, ni sobre el derecho a no autoincriminarse que reclamaban desde la organización -que las apoyó en la causa- La Hoguera. Tampoco fueron tomados en cuenta los amicus curiae del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

-La policía te marca y quedás marcada de por vida. La policía te ve en la calle y son los que te hicieron el pintado de los dedos. Eso no se te va, esa sensación de que te están persiguiendo. Ni a los narcotraficantes, ni a los pedófilos, ni a los tratantes los tratan como a nosotras. Nos absolvieron, pero no reconocieron nada -critica Camila.

Camila no tenía ni 30 años cuando la acusaron de realizarse un aborto. Ya era madre. Y su mayor amenaza era su ex marido, que la amenazaba con matarla. La buscaba en la calle y le frenaba el auto encima. “Tenés demasiado miedo y pánico de salir afuera de tu casa”, grafica Camila, que también sufrió violencia sexual. La violencia le acorraló el cuerpo adentro y fuera de su casa, con la Justicia también como enemiga.

-Los jueces lo querían dar a conocer y era la oportunidad perfecta para el violento para quedar como una buena persona cuando me destruyó la vida. Es abuso de poder. No maté a nadie. No entienden cómo está la vida. Te dicen “tenelos”, y cuántos chicxs se están muriendo de hambre y de sed y no miran eso. Las pobres nos morimos para que las ricas sigan tapando sus vergüenzas. No pensé jamás con mis hijxs en hacerme un aborto. Yo tengo un montón de problemas de salud. ¿También iba a ser juzgada si me hacía un aborto? No entiendo las leyes. Es mi cuerpo y yo quiero poder decidir. No somos contenedores y nos usan como contenedores. ¿El hombre no aborta a una mujer que deja embarazada o que deja a sus hijos tirados? ¿Por qué no pagan de la misma forma que tiene que pagar una mujer?- se pregunta. Y reafirma:

-No voy a bajar los brazos. Quiero que esto les sirva a otras mujeres.