En Argentina y en Brasil el aborto es legal por causales. Pero apenas uno de cada diez médicos/as le abre la puerta a un aborto legal, seguro y gratuito con solo escuchar la palabra de la mujer. En Argentina el derecho es más amplío (cuando corre riesgo la vida o la salud de la persona, cuando existió una violación o cuando el embarazo es inviable) que en Brasil (sin que los efectos sobre la salud de la mujer se tomen en cuenta). Pero en Brasil el sistema es más claro: los hospitales amigables están señalizados en todo el país para que las mujeres sepan a dónde recurrir sin riesgos de ser maltratadas, denunciadas u obstaculizadas. Sin embargo, persisten diferencias regionales en el territorio (hay más posibilidades de acceso a derechos en las grandes ciudades que en los territorios rurales o más empobrecidos) y, por supuesto, la demanda de legalizar el aborto en todos los casos para que todas las barreras sean levantadas sin excusas.

El derecho al aborto legal no es solo para los países o localidades con leyes de aborto legal como Uruguay, Cuba y México DF. En la mayoría de los países las interrupciones seguras del embarazo se pueden hacer cuando existe una causa. Salvo en Chile y El Salvador (donde el aborto está prohibido en todos los casos y eso justamente es lo que se quiere reformar en el senado trasandino). Pero, generalmente, el aborto legal con causales encuentra más barreras que las que exige la ley y la jurisprudencia. Y esas barreras la ejercen los y las profesionales que ostentan guardapolvo blanco y un machismo que es su peor receta.

Por ejemplo, en Brasil el 40 por ciento de los ginecólogos se declara objetor de conciencia y, cuando sí realizan abortos legales, solo el 13,7 por ciento de los y las médicos/as solo requiere la palabra de la mujer víctima de violencia sexual para realizarle un aborto legal como indica la ley. La normativa para abortos no punibles no exige más requisitos, pero la burocracia del sistema de salud, con el ceño fruncido frente a la demanda de las pacientes se convierte en un freno sin fundamentos. Ya que el 18,7 por ciento de los médicos y médicas también le piden a las víctimas de violación la denuncia policial (que no es necesaria y que revictimiza a quienes no quieren concurrir a pericias policiales). El 9,3 por ciento de los y las profesionales de la salud también requiere la opinión de un asesor/a externa al centro de salud. Y el 9,5 por ciento pide autorización judicial en cada caso aunque los tiempos de las intervenciones y de la justicia son incompatibles y contradictorios y ya hay fallos que desanudan la necesidad de una sentencia por mujer. Mientras que el 6,6 por ciento pide una autorización al comité de ética de la institución o el hospital antes de acceder a la realización de la práctica.

El juego de la oca sobre cómo hacer desistir a una mujer de un aborto en un hospital público no termina con esas demandas. Los y las profesionales no amigables juegan todas sus fichas y hacen un combo anti derechos. En el 2 x1 para lograr expulsar a las mujeres al circuito clandestino el 9,1 por ciento de los y las ginecólogos/as exige una constancia policial y una constancia de un experto/a antes de practicar un aborto en el hospital. Y si donde se piden dos papeles se pueden pedir tres un 5,7 por ciento apuesta a que la tercera es la vencida (o a vencer a las mujeres) y va por un triple de autorización judicial, policial y de expertos. ¿Sigue participando? Si las victimas de violaciones no se disuadieron o se cansaron con todos esos requisitos un 6,1 por ciento de doctores/as va por un menú ejecutivo con entrada, plato principal y postre que incluya toda la carta de requisitos y (de mesa dulce) el aval del comité de ética. Hay, todavía, otro 16,6 por ciento que exige otros requisitos y un 4,7 por ciento que no expresa su opinión, según una investigación sobre las barreras y la objeción de conciencia en los abortos legales en Brasil, realizado en el 2014, de Cristião Fernando Rosas, Debora Diniz y Alberto Madeiro, con 1690 entrevistas a ginecólogos/as.

La conclusión es que el mayor impedimento contra la aplicación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo son los médicos o enfermeras u administrativas/os que ponen barreras innecesarias o que se declaran objetores/as de conciencia. Contra ese obstáculo teñido de creencias superiores o de burocracia el médico tocoginecólogo Cristião Fernando Rosas vino a hablar a Buenos Aires, en el Primer encuentro latinoamericano de prestadores públicos de abortos seguros y legales, organizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), realizado el 11 y 12 de agosto.

Rosas es Coordinador de la Red Médica por el Derecho a Decidir, de Brasil; Presidente de la Comisión de Violencia Sexual y Aborto Legal de la Federación Brasileña de Ginecología y Obstetricia y Jefe del Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Maternidad Escuela de Cachoeirinha, en San Pablo. Y remarca, en una entrevista con Las/12: “Se vienen incentivando movimientos de objeción de conciencia que representan la mayor barrera contra el acceso al aborto”.

¿Cuál es la situación del aborto legal en Brasil?

–Desde 1940 se permite la interrupción del embarazo cuando la mujer tiene un riesgo para salvar su vida o cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Desde el 2012 la Suprema Corte aprobó la autorización en caso anencefalia. Hay tres permisos legales. Estamos entre los países con leyes más restrictivas, lamentablemente. No tenemos posibilidad de hacerlo por amenaza a su salud mental, ni por su voluntad, ni por situación económica. De todos modos Brasil ha avanzado mucho en la atención humanizada al aborto, en la norma del uso de misoprostol y de la anticoncepción de emergencia con distribución, incluso, no solo por médicas, sino por enfermeras. Un decreto presidencial (de la ex mandataria Dilma Rousseff) determinó una atención integral en la policía, la justicia y el sistema de salud. Pero, a pesar de todos esos avances normativos, legislativos y reglamentarios, aun no es tan fácil el acceso de una atención de alta calidad en todo Brasil.

¿Cómo funcionan los hospitales amigables donde las mujeres saben que pueden pedir acceso a los abortos legales?

–Hoy tenemos sesenta y ocho hospitales catastrados por el Ministerio de Salud como referencia para abortos legales. Pero no están homogéneamente distribuidos y se encuentran más en las grandes ciudades. Hay muchas dificultades en el norte y en el interior por cuestiones de desigualdad en la distribución de esos servicios. Los centros de referencia son importantes, pero lo ideal sería que todos los hospitales atendieran todas las situaciones demandadas por las mujeres.

¿Cómo atiende el resto del sistema de salud los abortos legales?

–Hay barreras administrativas y poca capacitación. Es necesario comprender la cuestión de género para darle credibilidad a la palabra de una mujer porque sino se revictimiza a quien ya fue violada y pide socorro. Infelizmente en Brasil hay una gran intervención de las iglesias evangélicas adentro de los parlamentos.

¿Cuál fue el rol de Eduardo Cunha (destituido de su cargo de diputado el 12 de septiembre por ocultar cuentas en Suiza) en el juicio político a Dilma Rousseff y en la motorización de la propuesta de prohibir el aborto en todos los casos?

–Tuvo un rol fundamental. Se creó una bancada anti derechos con los grupos agro-exportadores y evangélicos. El propuso un proyecto de ley para penalizar la inducción al aborto y que el profesional de la salud, que hable a la mujer sobre medicamentos o tecnologías que provocan un aborto, pueda ser procesado. Sería un disparate inconmensurable tener la única ley en el mundo que criminaliza la información científica. Es muy preocupante porque pasó a la comisión de constitucionalidad del Congreso.

¿Cuáles son los requisitos para que las mujeres accedan a los abortos en hospitales públicos?

–La palabra de la mujer ante el equipo de salud. Ella firma un consentimiento informado. Y tiene que coincidir la fecha de la violación con la del embarazo. Muchas tienen miedo de hacer la denuncia policial porque el violador las amenaza con sus hijos, saben donde viven y tienen miedo. O quieren distancia con el violador. No es fácil para una mujer enfrentar esta situación. El sufrimiento mental agudo, con stress post traumático, puede llevarla al suicido. Si una víctima sufre un tiro nadie se imagina que va primero a la comisaría para ser atendida.

¿Cuántos abortos legales se realizan?

–Anualmente hay de 1500 a 1600 abortos legales por año en una población de 200 millones. ¿Por qué el número es tan pequeño? El número, por supuesto, es mayor. La mayoría de los hospitales, a la hora de notificar, ponen aborto espontáneo y no aborto por razones médico legales. A mí me pasó de internar a una mujer por un aborto legal y que después la apunten como un aborto espontáneo o incompleto. Las interrupciones para salvar la vida de la mujer entran como inducción al parto o parto prematuro y no como aborto legal. Las mayores resistencias se dan en los casos de violación.

¿Qué pasa con el uso de la objeción de conciencia?

–Hicimos una encuesta que respondieron ginecólogos de todo Brasil. Y el 40 por ciento dijo que era objetor de conciencia. El 70 por ciento no cree en la palabra de la mujer. Y, aun quienes realizan abortos legales, piden documentos innecesarios. Lo único obligatorio es la solicitud de la mujer y el consentimiento informado, pero piden la denuncia policial. Hay desconocimiento y barreras administrativas.

¿Los médicos son machistas?

–Esa es la cuestión. La objeción de conciencia por motivos religiosos es menor al 20 por ciento. El mayor problema es el machismo. No se comprende la magnitud (de la violación) en la vida de las mujeres, no se reconoce lo que es la desigualdad de género. Para los ginecólogos una mujer para probar violencia tiene que venir con marcas de puñal y quemaduras. A veces pasa, pero la gran mayoría no viene con marcas porque un cuchillo no deja marcas físicas o un revolver no deja marcas. Vienen destruidas emocionalmente y, si no hay sensibilidad de los ginecólogos, la revictimizan y generan barreras administrativas que postergan el proceso.

¿Cuáles son los límites de la objeción de conciencia?

–La objeción de conciencia no puede ser institucional, ni colectiva. La conciencia es individual. Hay situaciones en donde pesas valores morales y religiosos, pero no llegan al 40 por ciento de los ginecólogos, claro que no. Tampoco pueden ejercer objeción de conciencia el conductor de la ambulancia, la recepcionista o el camillero: tienen que ser los que directamente van a producir el aborto. Y no se puede alegar sin formular previamente, por escrito, que se es objetor de conciencia al jefe del departamento. El hospital tiene que viabilizar otros profesionales. No le pueden dar la espalda a la mujer, eso es omisión de socorro y es anti-ético.

¿Cómo violan los médicos y médicas los derechos de las mujeres?

–Hay médicos que tratan de convencer a la mujer que la mejor opción no es interrumpir el embarazo o piden exámenes innecesarios y ponen barreras que resultan en que la mujer pierde la posibilidad de interrumpir el embarazo. Es muy frecuente que no les digan en que servicio pueden interrumpir el embarazo. Hay médicos que no tienen claro si son objetores, o no, pero como tienen mucho trabajo dicen “yo también soy objetor de conciencia” y son cómodos y están los oportunistas que no lo hacen en los hospitales públicos, pero sí en las clínicas privadas: eso es hipocresía, no objeción de conciencia. Hay objetores parciales que dicen “si es anencefalia lo hago y si es violación no lo hago”: eso no es objeción de conciencia, eso es una opinión política.