Hace 22 años que Marina Schifrin enseña ese mundo poblado de problemas que es la matemática. Pero en la Argentina enseñar es un problema en sí mismo y por más cuentas que hiciera a ningún docente el sueldo (de 300 pesos) le alcanzaba el 21 de marzo de 1997, cuando ella y 300 maestros, padres y alumnos (que, además de mejoras salariales, también reclamaban por las condiciones edilicias, la copa de leche y la continuidad de los talleres extracurriculares) cortaron la Ruta 237, a la altura del puente Ñireco, a la entrada de Bariloche. El corte de ruta duró dos horas. En 2001, a Marina la condenaron a tres meses de prisión y le prohibieron volver a participar en cualquier marcha. Siete años después, apelaciones mediante, Marina espera que el mayor órgano judicial del país, la Corte Suprema de Justicia, ratifique o rectifique su condena. Por eso, su causa –que tendría que tener sentencia en menos de tres meses porque prescribe en septiembre– es el caso testigo que va a sentar jurisprudencia sobre la posible condena o absolución de más de tres mil luchadores/as procesados actualmente por el delito de manifestarse.
Hoy Marina va a participar de un alegato público frente a las escalinatas de Tribunales, y en una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco del encuentro “La protesta social no es delito”, organizada por Alerta Salta y el sitio de información alternativa lavaca.org. “Yo creo que es un triunfo de la lucha estar en la Corte Suprema”, enfatiza Marina, que apeló todos los fallos en su contra –que avalaron la condena de primera instancia– junto al abogado Darío Rodríguez Duch y el Comité de Acción Jurídica de la CTA. En su decisión de no renegar de su derecho a cortar la ruta, incluso optó por no aceptar una probation que la invitaba a ir a pintar el frente de un hospital público –como la penitencia benévola de Tom Sawyer– a cambio de la promesa judicial de olvidar la causa. Marina decidió pisar fuerte y no pedir perdón por pedir más y mejor educación: “Hay que pelearla porque no puede ser que en democracia reclamar por derechos fundamentales sea un delito”.
–A mí me condenan por obstruir el tránsito y el transporte público. Me pasaron el video que era la prueba del delito. Y el fiscal cuando me acusó resaltó que había una turista española que decía “A Bariloche no venimos nunca más”. En realidad, a esa turista un remís la llevó hasta una parte del corte y después la fue a buscar a la otra punta y llegó perfectamente a tomar el avión. Pero el fiscal dijo que el turismo es un bien de toda la comunidad y que era terrible lo que yo había hecho porque no iba a venir más turismo. A mí me juzgaron el 20 de septiembre del 2001, a pocos días del 11-S. Cuando me pidieron que diga mis últimas palabras alegué: “Seguramente los turistas españoles van a elegir Bariloche antes que NuevaYork” porque realmente me pareció muy ridículo. Pero, en realidad, el juez federal Leónidas Moldes quería criminalizar la protesta social.

Luchadoras
Marina nació en Buenos Aires y se fue a vivir hace 22 años a Bariloche. No bien llegó, empezó a trabajar en una escuela y el primer día de clases se afilió a la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, integrante de Ctera y al segundo día fue a una reunión gremial. Nunca llegó a ser dirigente. Sin embargo, cuando se le pregunta si tuvo miedo por estar condenada a tres meses de prisión (que no tuvo que cumplir efectivamente sólo porque no tenía antecedentes), ella responde que para nada. “No, porque para cuidar que mis hijos (Malena, de 19 años, y Pablo, de 11) no se hicieran problemas tampoco me hice problemas yo”, explica con la lógica de la razón pura que aplica en su casa y como docente del Centro de Educación Media Nº 45 y de las materias de álgebra y geometría I y II, en la carrera de ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Mara Puntano es la abogada de 600 imputados por participar de alguna manifestación social, entre ellos, José “Pepino” Fernández, referente de UTD Mosconi. Vive en Salta, el otro extremo del país que Marina, pero las dos se entienden en un idioma sin geografía y con un territorio claro: el de calles, rutas, puentes, el de los caminos que se cortan como forma de protesta, de barrera a los abusos de un país sin siquiera banquinas sociales para los excluidos. Mara también tiene un hijo (Nahuel, de 11 años) y comparte con Marina las charlas sobre el equilibrio entre la lucha, la vida, la culpa por el tiempo que se quita a los hijos para darle a otros, aunque se sepa que las causas son justas, la mesa, la comida, la ruta, la justicia, la vida en donde todo se hace.
–¿Es casual que sea una mujer el leading case argentino de la criminalización de la protesta social?
Mara: –No me parece casual. Para la Justicia si sos una maestra subversiva no podés estar con los niños.
Marina: –Nunca lo pensé, pero la verdad es que en el corte de ruta éramos más mujeres que hombres, pero después hasta con el lenguaje hablamos en masculino. Nosotras mismas nos definimos como luchadores sociales. Y la verdad es que somos luchadoras.
Mara: –Y, a la vez, la discriminación es muy grande. Yo la siento todos los días, primero, por ser mujer, después por ser negra, por ser petisa. En la mesa de entradas si va un hombre con un portafolio le dicen “doctor” y si va una mujer le dicen “señora”.
–Marina, ¿si vas a una marcha la policía te puede meter presa?
Marina: –No sé, es muy arbitrario y anticonstitucional. Eso muestra la hilacha de lo que quieren. ¿Cómo me van a prohibir un acto lícito? El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ante la Corte como amigo de la causa para repudiar esta argumentación.
Mara: –La Justicia lo que quiere es amedrentar. En Salta también ponen como medida preventiva la prohibición de participar en asambleas y no concurrir a la ruta. Ahí dejan a descubierto que el objeto de su persecución es la organización del pueblo.
Marina: –El juez Leónidas Moldes dice que la única manera de expresión en democracia es el voto. Todo lo demás es sedición. Eso fue ratificado por la Cámara de Casación. Ellos están convencidos de que ninguna protesta es legítima. Es una locura. Pero no la única. En el juicio los testigos se presentaban directamente como integrantes del servicio de inteligencia de Gendarmería. Para el juez habrá quedado probada otra cosa, pero para mí quedó probado que hay una práctica de los servicios de inteligencia de mandar infiltrados a las marchas para marcarnos. No me parece que sea la función de la Gendarmería.
–Muchas veces, ante la preocupación social por la inseguridad, se propone darle más funciones a la Gendarmería. ¿Sería peligroso para la protesta social?
Marina: –Sería gravísimo que le den más poder a la Gendarmería con la excusa de la inseguridad.
Mara: –En Salta hay cinco muertos (Orlando Justiniano, Matías Gómez, Aníbal Verón, Oscar Barrios y Carlos Santillán) por pedir trabajo digno y la zona ya está militarizada. Desde el 2000 hay norteamericanos cuidando la frontera con el pretexto de combatir el narcotráfico cuando la droga no pasa por la ruta, sino en pistas privadas de aviación que no tienen razón de ser en el medio del campo. Se está cuidando el petróleo de Salta, pero no para la Argentina, sino para afuera. Sin embargo, los 20 mil habitantes de Mosconi no tienen condiciones dignas: están desocupados desde hace 12 años y una garrafa que te dura 15 días cuesta 45 pesos. No hay agua potable porque las petroleras tiran los desechos a cielo abierto y contaminan las aguas y el medio ambiente. Hay un altísimo índice de diabetes, pancreatitis, cáncer, chicos defectuosos, celíacos. Eso es a causa del envenenamiento del agua.