Vie 23.07.2004
las12

SALUD

Ley o no ley

El derecho a la atención de la salud de las mujeres embarazadas mediante fertilización asistida y de los hijos e hijas que tuvieran es una obligación que tienen que cumplir tanto las prepagas como las obras sociales. La queja de las empresas fue tan inmediata como el alivio de quienes podrían beneficiarse. Dilemas que se dan en un país sin regulaciones, aunque paradójicamente la ley pueda ser peor que su ausencia.

› Por Luciana Peker

¿Y... para cuándo?”. María Isabel Rolando sabía de memoria lo que los otros deseaban para ella cuando ella le puso fecha a su propio deseo. En 1982 empezó a buscar un hijo. En 1989, siete años después, nació (a través de fertilización asistida) Costanza, que hoy tiene 14 años. “¿Y el hermanito?”, empezó a escuchar. Las presiones sociales –que no pasan de moda– interrogan por confites, hijos y hermanitos como si la vida fuera un álbum al que hay que llenar siempre con las mismas figuritas. “Las mujeres tenemos encima el mandato de casarnos y tener hijos. La presión de la maternidad es fortísima y por eso es muy grande el dolor que causa la infertilidad. Para el hombre también es difícil. Pero el hijo lo tenemos, o no lo tenemos, las mujeres y el vacío también. Cada menstruación es un duelo. La vida se va transformando al punto que, para evitar las preguntas o las miradas, te vas aislando, con tal de no sentirte sapo de otro pozo”, relata.
María Isabel sabe de la sensación de sentir del cuerpo fluyendo lo que no se quiere sentir. La mística –no inocente– del cuerpo como casa, como nido, como tierra fértil de semillas, como cuerpo vivo sólo si da vida se diluyen cuando las ilusiones de maternidad se chocan contra el cuerpo real de muchas mujeres que sufren –y cada vez más– de infertilidad. María Isabel buscó siete años quedarse embarazada. Y, finalmente, como muchas otras argentinas, con una enorme carga de frustraciones, costos económicos y tratamientos donde hay que ponerle el cuerpo al dolor, lo logró. Después, volvió a intentarlo y, también como muchas otras argentinas, no lo logró. Pero ella no quiso que su experiencia previa a Costanza se terminara en Costanza.
Por eso, creó la Fundación Concebir, que la semana pasada tuvo su mayor logro: la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación –a cargo de Patricia Vaca Narvaja– les dio la razón ante una presentación legal e intimó a las prepagas y obras sociales a cubrir los embarazos, partos y cuidados de los bebés engendrados a través de algún método de fertilización asistida, que, según estimaciones, serían entre 1200 y 3000 por año, en Argentina.
La polémica se había abierto a través del mediático caso de Guillermo Guido, que tuvo trillizos a los cuales la obra social de su mujer (del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires) no quería atender, o, en realidad, quería cobrar por atender. “Es muy tedioso para la pareja infértil (se estima que un 15% de las parejas argentinas en edad de reproducirse tienen problemas para tener hijos) luchar por embarazarse para que después haya que esconder el origen del embarazo como si la ayuda de la ciencia fuera un delito. Por suerte, ahora pudimos frenar la discriminación y los palos en la rueda de las obras sociales y las prepagas”, enfatiza María Isabel.
Pero las prepagas se defienden demonizando la fertilización. Tanto que un vocero llegó a declarar ante los medios: “Las empresas van a colapsar poresta disposición. Van a tener que subirse las cuotas o cerrarse empresas”. “Además, todos los días se pide algo nuevo. La próxima va a ser que cubramos las cirugías estéticas”, se burló. En principio, el Plan Médico Obligatorio obliga a atender a los bebés, nazcan como nazcan, por un concepto básico de salud. Pero, además, la información empresaria también es falsa.
Sergio Papier, especialista en medicina reproductiva y director asociado del Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción, explica: “Los bebés que requieren tratamientos de alto costo son los que provienen de embarazos múltiples (que en general nacen prematuros y con bajo peso). Pero estos embarazos se pueden prevenir no transfiriendo más de tres embriones en los casos de fertilización asistida. Por ejemplo, en la actualidad, en nuestro centro, la tasa de embarazo múltiple no supera el 5%”. Ramiro Quintana, subdirector del Instituto de Fertilidad (IFER), responde: “En nuestro centro se realizan cerca de 1000 procedimientos por año, el 40% termina en un embarazo y, dentro de ellos, apenas el 15% son más de un bebé. O sea, de 100 embarazos, 85 son de un bebé, 14 mellizos y 1 de trillizos. Esto significa que se ha disminuido notablemente la cantidad de embarazos múltiples. Los chicos nacidos por estos tratamientos no tienen mayor incidencia de complicaciones o enfermedades posteriores que otros recién nacidos”. Mientras que Stella Lancuba, directora de Cimer Instituto de Fertilidad y Ginecología, sugiere: “A mi juicio, si los especialistas cumplimos con guías que previenen los embarazos múltiples estamos contribuyendo a que las prepagas tengan una mejor aceptación de los tratamientos. Nos tenemos que sentar a conversar todos en una misma mesa para poner al alcance de la población una medicina de vanguardia con la mejor distribución de los recursos económicos”.
En este país, donde abrir la boca para decir aborto despierta una inquisición siempre latente, en este país, hasta hace diez días, los chicos que llegaban al cuerpo de sus madres con un empujoncito de la ciencia no eran atendidos en sanatorios privados o de obras sociales. Las mismas mujeres que se escondían de las tías que las increpaban por el combo de confites, hijos y hermanitos tenían que esconder sus hijos (o el origen de ellos) para tener sus partos o para atenderlos a ellos. Una vez más, el cuerpo femenino es la cuestión a cuestionar: vacío o lleno.

Sin ley y con trampas
“El derecho de ser mamá”, es el título de la última edición de la revista Vanity Fair, en donde la actriz italiana Monica Bellucci posó desnuda con el objetivo político de repudiar la ley de fertilización asistida que aprobó el gobierno de Silvio Berlusconi y que es absolutamente restrictiva. “En el Islam te ponen el chador para hacer que te calles; en Italia, basta que no estés casada para que te impidan recurrir a la ciencia para tener un hijo”, criticó Bellucci.
“La ley italiana es un retroceso y demuestra una vez más la presión que ejerce la Iglesia. Aunque la mayoría de la población pertenezca a una religión, no hay por qué imponer en una ley las convicciones religiosas a todo el país. Igualmente, la reacción a esta ley fue que muchos centros de Italia y España hicieron acuerdos para trabajar juntos y poder derivar parejas que sean correctamente asistidas en España, donde hay una de las mejores leyes de fertilidad del mundo. Esto implica que los que tienen recursos van a viajar al exterior pero las parejas con problemas económicos son las que realmente sufrirán la imposición de Berlusconi”, subraya Sergio Pasqualini, especialista en reproducción asistida y director médico de Halitus.
En Argentina se da una clara parajoda. No hay ley de fertilización asistida y, por eso mismo, hay una gran libertad. Por ejemplo, acá los médicos practican todo lo que en Italia se prohíbe (inseminación a mujeressolteras, donación de óvulos y espermatozoides, criopreservación de embriones, etc). Mientras que los debates sobre una posible ley de fertilización, durante 1997, mostraron que la Iglesia ejerce un gran lobby para generar una norma ultraconservadora. Por eso, los médicos y pacientes con problemas de fertilidad prefieren que el país siga sin ningún tipo de regulación y que apenas la ética propia marque los límites morales (que cada vez se corren un poquito más) sobre qué hacer y qué no hacer.
Un ejemplo: en 1997 ningún médico reconocía inseminar a mujeres solteras, en el 2000 algunos pocos ya lo decían en público, hoy casi todos los expertos no tienen problema en admitir que ayudan a embarazarse a mujeres sin pareja pero con ganas de tener un hijo.
“Considero que una mujer sola, si es responsable, es mucho mejor para el niño que una pareja con problemas afectivos. No existe ningún trabajo que evidencie que la maternidad de mujeres solas sea perjudicial para el niño. Y, por otro lado, creo que es mucho más loable que recurra a una técnica de fertilización asistida a que tome a cualquier hombre para que le haga un hijo sin su consentimiento”, reivindica Pasqualini.
Probablemente en la Argentina, donde Carmen Argibay llega con los votos contados a la Corte Suprema, si los senadores tuvieran que sancionar una norma, las mujeres solteras podrían perder su libertad de ir a un banco de semen en busca de concebir un hijo. “Por suerte no hay ninguna iniciativa para reinstalar el debate sobre una ley de fertilización –asume Quintana-, es mejor quedarse así, porque los proyectos que hubo limitaban la cantidad de óvulos a fertilizar, impedían la donación de óvulos y semen y negaban la posibilidad de fertilizarse a parejas o personas que no estuvieran formalmente casadas.”
Cualquier ley implicaría un retroceso. Sin embargo, la libertad tiene un costo. La consecuencia de la falta de regulación estatal es que los tratamientos –que cuestan un promedio de mil a cinco mil pesos– no son cubiertos por obras sociales ni prepagas, y prácticamente no hay servicios en hospitales públicos.
“Los tratamientos son costosos, pero la enfermedad no es de clase. No es cierto que a los pobres no les toque la infertilidad”, aclara Quintana. Nicolás Neuspiller, director médico de Fecunditas, enfatiza: “Sería importante que la esterilidad fuese reconocida como una enfermedad, tanto en las obras sociales como en las prepagas, porque de ese modo, para la población con dificultades reproductivas, sería menos complicado acceder a los tratamientos”.
Sandra tiene 38 años y acaba de tener una beba después de cuatro años de diagnósticos, pruebas e intentos. “Cuando mi hija sea más grande quiero pelear para que las obras sociales y prepagas cubran algo tan importante como la posibilidad de tener hijos. Solamente el que pasa por esto sabe lo que significa.” Sin embargo, el sueño de Sandra de democratizar el acceso a la ciencia, es un sueño del que muchos prefieren no hablar para que la ley no termine, contradictoriamente, jaqueando las posibilidades de concebir que hoy da la ciencia.

Un nuevo derecho
a la identidad
El otro problema de la falta de ley es que no hay normas para proteger el derecho a la identidad de los chicos que hoy son concebidos a través de los métodos más complejos de fertilización: los que utilizan material genético de donantes que no son, ni serán, la mamá ni el papá de esos chicos. Sin embargo, en muchos casos, eso se hace, pero no se dice (y, menos, se registra).
La cultura del ocultamiento está instalada institucionalmente. Tanto que, hasta ahora, los padres tenían que esconder los orígenes del embarazo para poder ser atendidos en la clínica de su prepaga o su obra social. Más alláde una necesidad, la mentira, a veces, se instala como estrategia. “Como mi marido no podía tener hijos, en un instituto me ofrecieron inseminarme con semen de un donante y me dijeron que después ni siquiera lo tenía que contar porque con un embarazo normal nadie tiene por qué enterarse de nada”, cuenta una mujer –que pide reserva de su identidad– y que prefirió adoptar –y criar a su hijo con la verdad sobre su origen– a fertilizarse en la mentira.
Sin embargo, las mentiras y ocultamientos son muy frecuentes. “A diferencia de la adopción, en los tratamientos de fertilización hay embarazo y eso se usa mucho para encubrir la verdad. Pero en el 2020 se puede producir un colapso porque hoy es común que los padres no les quieran decir a sus hijos la verdad sobre su origen y en 15 años, por alguna razón (como la necesidad de que el hijo le done sangre a su mamá), es posible que el secreto (por ejemplo, de una donación de óvulos) no se pueda guardar”, advierte la psiquiatra Luisa Barón, especialista en infertilidad y presidenta de la Fundación para la Investigación Médico Psicológica.
“Yo atiendo casos de madres con hijos nacidos con donaciones extraídas de un banco de semen y la relación es fantástica. Pero la verdad siempre ayuda. Eso sí, la verdad la necesitan el padre, la madre, el hijo y los hermanos. El resto de la familia y del entorno social dependen de una decisión personal. Yo creo que una cosa es la verdad, que siempre es un atajo, y otra distinta es la privacidad”, diferencia.
“Es bueno para los padres reflexionar sobre la verdad y ocultamiento. Si no les cuentan a sus hijos la verdad sobre su origen es porque, en realidad, no están de acuerdo con lo que hicieron y es muy probable que esta contradicción se convierta en una traba en la relación con ellos”, agrega Barón. La verdad tiene varias caras. La primera es que el hijo no es un hijo biológico de ambos padres (según los casos, por donación de semen de otro varón o de óvulos de otra mujer). La segunda verdad sería quién es el progenitor/progenitora. En la Argentina sin ley, los datos sobre la identidad genética de los chicos nacidos por fertilización no son resguardados ni guardados y corren la suerte de las decisiones y la organización de los archivos de cada centro de inseminación artificial.
“Hay países en que la ley es muy evolucionada y se considera un derecho del niño saber quién fue su progenitor. Acá se necesita una ley para ordenar la información y que los centros y bancos de semen guarden la información de la identidad de los chicos, pero una ley democrática y no restrictiva.” ¿Eso será posible? ¿Es mejor conformarse a las desventajas de la trampa que a la trampa de la ley? ¿O, simplemente, hay que esperar? “Hay que tener en cuenta que primero aparecen los cambios científicos y después viene el ajuste social y ético –realza Barón–. Estamos hablando de nada menos que de un cambio en la ‘sagrada’ concepción.”

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