Las niñas y mujeres asesinadas en México tenían distintas edades, entre ellas hay niñas y ancianas; pertenecían a todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres o marginales; (...) la mayoría tenía pocos estudios; (...) a la mayoría las asesinaron en sus casas (...); algunas tenían huellas de violencia sexual, en la mayoría de los cuerpos no hay rastro; (...) todas estuvieron en cautiverio; todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, vivieron la más extrema impotencia de la indefensión; todas fueron agredidas y violentadas hasta la muerte; algunos de sus cuerpos fueron maltratados aun después de haber sido asesinadas. La mayoría de los crímenes está en la impunidad.” Así empieza la sección ¿Quiénes eran ellas?, de la Investigación sobre la Violencia Feminicida en México, un informe de 500 páginas realizado a instancias de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada y antropóloga feminista Marcela Lagarde.

La investigación, desencadenada por los asesinatos de Ciudad Juárez, develó algo que algunos sospechaban, pero de lo que nadie se responsabiliza aún: esa ciudad fronteriza y sórdida es sólo la punta del iceberg de una violencia que se extiende por todo el territorio mexicano. “Ciudad Juárez nos permitió correr las cortinas y darnos cuenta –explica la periodista Sara Lovera, a cargo de la coordinación de la investigación–. Sobre todo el trabajo de Esther Chávez, directora de Casa Amiga, que empezó a contar sistemáticamente las muertes y los crímenes de género en esa ciudad y con eso abrió un camino para México y para el mundo. Pero la investigación nos permitió ver que los crímenes contra las mujeres son naturalizados por parte de la sociedad e incluso por el movimiento de mujeres, tan enfrascado en la denuncia de lo que sucede en Juárez que todavía no percibe el tamaño de la tragedia nacional e internacional.”

El equipo intentó no enfatizar en los números fríos que resultaron de 900 entrevistas, observación empírica, y los informes de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, “porque creemos –afirma Lovera– que el feminicidio no son los homicidios aislados, las cifras, sino el resultado de una permanente violación a los derechos humanos de las mujeres que las atraviesa desde el nacimiento hasta la muerte y es lo que hace que algunas de ellas sean asesinadas”. Sin embargo los números están presentes. 364 homicidios de mujeres fueron contabilizados sólo en Ciudad Juárez desde 1993, pero más de seis mil fueron reportados en los últimos seis años en los diez estados que abarcó el informe y donde vive más del 40 por ciento de la población del país: Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Sonora, Chiapas y Veracruz; tres niñas y mujeres murieron cada día en estos estados entre 1999 y 2005; en todo el país una mujer es asesinada cada seis horas, cuatro por día; una de cada cinco sufre violencia reiterada a lo largo de su vida en pareja en todo el territorio nacional; y hasta un 34 por ciento de los agresores eran sus parejas o tenían alguna relación con ellas.

“Se trata de la primera investigación sobre violencia feminicida en México, de carácter científico y rápido, con perspectiva de género –señala Lovera–. La muerte de las mujeres, estos crímenes en su conjunto, precedidos de la violación a los derechos humanos en su vida pública o privada, es lo que definimos como feminicidio y tienen una relación directa con la desigualdad, la discriminación y la exclusión de las mujeres por su condición de género. En esta investigación pudimos probar que la violencia feminicida es una de las características de cualquier sociedad fundada en un sistema jerárquico y antidemocrático.”Cumplida la primera parte del objetivo de la Comisión –visibilizar y dar entidad de delito a crímenes masivos ocultados y naturalizados socialmente–, la recomendación de sus miembros al Estado fue clara: se deben diseñar urgentes políticas públicas y debería aprobarse el proyecto de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque para ello deban convocarse sesiones extraordinarias de las Cámaras. “Las autoridades cómplices o indiferentes y la falta de políticas de prevención y análisis hacen de esta alarma social un crimen de Estado –concluye Lovera–. Los congresistas no han legislado y cuando lo hicieron solamente percibieron lo que se conoce como violencia familiar, que hace voltear la mirada a los efectos en niños, ancianos y otros integrantes de los núcleos familiares, haciendo invisible la violencia contra las mujeres, a pesar de que las estadísticas estatales señalan a éstas como víctimas principales hasta en un 90 por ciento de las denuncias conocidas. Por eso la Comisión ha urgido al gobierno mexicano a llevar adelante una política integral que prevenga, castigue, atienda y erradique la violencia contra las mujeres, y elaboró una ley integral para que sea el marco para que las mexicanas vivan una vida sin violencia.”