El brazo de Patricia Troncoso no permite que una enfermera le coloque el suero. Está internada en el hospital de Temuco, al sur de Chile, y su cuerpo, aunque se deteriora con el paso de los días en huelga de hambre, parece no querer aceptar el aliciente que le imponen desde el sistema hospitalario de la cárcel donde está presa desde hace cuatro años. Patricia y tres compañeros mapuches fueron condenados a 10 años de prisión y al pago de una multa de 423 millones de pesos chilenos por el supuesto incendio de tierras que, según la ley oficial, pertenecen a una forestal, y según el pueblo mapuche, les pertenece a ellos desde siempre. Cien testigos fueron convocados a declarar frente al juez y aseguraron haber visto iniciar el fuego a estos cuatro mapuches. Una ley “antiterrorista” –nacida durante la dictadura de Augusto Pinochet– sirvió para que el año pasado la condena se efectivizara. Troncoso encabezaba el año pasado una lista de indultos, pero se negó a ser la única liberada. “O nos vamos todos, o no se va nadie”, dijo, y permaneció encarcelada. Allí estará, probablemente, el 14 de julio, cuando cumpla 39 años. Sin embargo, su lucha no cesó, ya que desde adentro llevó adelante reivindicaciones de derechos humanos para mejorar los tratos a las presas y hasta logró que instalaran una guardería.

A Patricia le faltaba un cuatrimestre para recibirse en la carrera de Teología de la Universidad Católica de Valparaíso. Como parte de sus prácticas universitarias, concurría a la comuna mapuche de Temuco para realizar trabajo voluntario. El incendio se produjo en las tierras cercadas por la forestal Miñinco, que los mapuches mantenían ocupadas en reclamo de sus derechos ancestrales. Cuando Patricia vio por primera vez en la televisión desde su casa, en Santiago de Chile, que se había producido el incendio en los bosques de esa empresa, miró a su hermana y le dijo: “Vas a ver que me van a culpar a mí”. Y así fue. Meses después, Patricia viajaba en un auto por la ruta que une Santiago con Temuco; los carabineros pararon el vehículo y lo inspeccionaron. En cuanto la vieron, la bajaron a los tirones y la tiraron dentro del camión policial.

Según cuenta Moira Millán, mapuche pero de este lado de la cordillera, Troncoso “ha batallado contra las represas de Ralco, luego contra las forestales, en particular contra Miñinco, convencida de resguardar la vida y la forma de vida de nuestro pueblo mapuche”. La prensa la trata de “infiltrada” (pero ella se define mapuche como su abuela, de apellido Millar). “Es una mujer extraordinaria, de esas personas arrojadas al mundo para marcar caminos, llena de dignidad. Ha participado en recuperaciones de tierra sin tener ella siquiera medio metro de esas tierras recuperadas, lo ha hecho por convicción y por solidaridad”, sostiene Millán.

Gladys Troncoso, hermana de Patricia, cuenta que “ella se considera una mapuche más, aunque nació y creció hasta los 28 años en Santiago”. “Un día empezó a buscar sus orígenes por el lado de mi papá, pero no hay registro. Pero acá todo el mundo es descendiente de mapuche, de ahí venimos. En los medios le dicen ‘activista’, pero ella dice que es una mapuche más. Hay mucha discriminación con los mapuches, pero en realidad es con todas las personas de bajos recursos.” A Moira Millán no le alcanzan las palabras para definir a su compañera de lucha. “Ella rechazó el indulto porque no quiere privilegios, quiere justicia. En cada una de las cárceles por las que pasó, contribuyó desde la lucha a visibilizar los abusos a las internas y a denunciar las violaciones a los derechos humanos. Sus huelgas de hambre para pedir mejores condiciones, no sólo para ella sino para todos, han sido emblemáticas. Tras mucha lucha consiguió que las reclusas de la cárcel de Angol cuenten con una guardería en donde poder educar y recrear allí mismo a sus niñitos, porque muchas mujeres presas viven en el interior de la cárcel con sus hijos”, aunque ella no tiene hijos. Gladys Troncoso sostiene que “el señor que se supone dueño de las tierras fue el que los culpó a ellos”. “Hubo cien testigos, les pagaron, atestiguaron en contra de los cuatro mapuches detrás de un biombo, con la voz distorsionada. La causa se llevó en el juzgado de Temuco y ahora ya están condenados. Les dieron 10 años y una multa de 423 millones de pesos. Mi hermana y los otros tres presos llevaron adelante más de dos meses de huelga y se bajaron porque su salud no resistió. Ahora, senadores y diputados van a buscar una solución, si no, se retomará de nuevo la huelga. Patricia está ahora en una unidad de tratamiento intensivo, en el hospital de Temuco, y por haber pasado tanto tiempo de huelga de hambre no resiste ni que le coloquen el suero.”

En medio de un clima político caldeado por las luchas de estudiantes secundarios y universitarios, los mapuches, junto con organizaciones políticas y sociales chilenas, acompañaron el proyecto de ley presentado por el senador socialista Alejandro Navarro para posibilitar la libertad de los presos políticos. La iniciativa se había presentado para ser tratada “con suma urgencia”, pero ya le quitaron esa calificación al proyecto, por lo que se especula que no será tratado antes de fin de año. Por su parte, el Poder Ejecutivo, encabezado por Michelle Bachelet, cerró definitivamente la posibilidad de promover un indulto a todos los mapuches presos. “Nosotros no podemos indultar, ni rebajar pena, ni decretar la libertad incondicional, ni condicional. Tenemos que cumplir con la sentencia dictada por los tribunales”, había dicho hace dos meses el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, a la prensa de su país.

Moira Millán está entre enojada y preocupada. “La mapu se nos está muriendo y en cada respiro exhala un guerrero para que junto a otros intente frenar el siniestro crimen que la sociedad de consumo capitalista y homocéntrica le está generando. La Chepa es una de esas guerreras, sumamente cariñosa, generosa y considerada, llena de pasión y deseo de justicia.”