La combinación se dio hace exactamente una semana: mientras en la Justicia se decidía el destino del embarazo no deseado de LMR –la joven de La Plata violada y con discapacidad mental leve–, en un ámbito institucional se llevaba adelante un encuentro internacional para debatir sobre aborto. El resultado de la intervención judicial sobre el cuerpo de LMR lo conocemos: la Suprema Corte bonaerense avaló la interrupción –a pesar de los fallos previos, de primera y segunda instancia–, pero lo avanzado de la gestación hizo que los médicos decidieran no practicarla. Por otro lado, las consecuencias del seminario “Aborto, derechos, subjetividad y poder”, que tuvo por sede al Anexo del Congreso nacional, todavía están por verse. Están, por lo pronto, las actas que testimonian que, precisamente en esos días, en un espacio cedido por el Poder Legislativo nacional se expuso, se charló y se debatió sobre el aborto entendido como un derecho (la organización, de hecho, corrió por cuenta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto), y eso quiere decir algo nada menor: que el aborto forma parte de la agenda pública de debates, o que ha quedado, ahora sí, fuertemente incorporado a partir del impacto público del caso de L.M.R.

No es poco, en primera instancia, porque el eje parece haber cambiado, y las posiciones están en tren de reacomodarse. “De algún modo, lo que pasó en ese caso fue sentido como una injusticia, o al menos los medios de comunicación, más allá de variaciones, lo han presentado así. Eso quiere decir que se ha fisurado el poder de excluir al aborto de la agenda.” Eso plantea Juan Marco Vaggione –doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la New School for Social Research de Nueva York–, que mientras las noticias médicas y judiciales acaparaban la atención participó del panel “El Estado y la garantía de los derechos. Ciudadanía, democracia y Estado laico”. Esa forma de decidir qué se discute públicamente o qué no –y en todo caso en qué términos– en cuanto a sexualidad y cuerpo, sostiene Vaggione, cambió a partir de una fragmentación (de discursos asumidos como sentido común, de saberes supuestos como indiscutibles) inesperada por lo impactante, y que obliga, además, a replantear los términos desde el propio discurso progresista, por ejemplo, ante el discurso religioso.

–El poder religioso, puntualmente de los sectores católicos conservadores para decidir qué entra en la arena del debate político se fisuró. No implica que esos sectores no sigan siendo poderosos, porque lo siguen siendo hasta el extremo de hacer pasar por no existente un derecho legítimo, como el de interrumpir un embarazo en el caso de una “demente” –ese término horroroso que usa la ley– violada. Sin embargo, se trata de pensar el ejercicio de poder de una manera distinta. En los últimos años estamos viendo cómo esos sectores conservadores se rearticulan y toman el tema de la sexualidad para llevar adelante intervenciones políticas, en especial cuando se trata del cuerpo de la mujer. Para eso, opera a partir de alianzas estratégicas: con los conservadores y la derecha política, esdecir, hay una articulación entre la derecha religiosa y los sectores jerárquicos de la Iglesia. Lo vemos en articulaciones entre algunos países y el Vaticano que actúan en Naciones Unidas, entre grupos fundamentalistas islámicos y la derecha religiosa de Estados Unidos, y también con lo que está pasando en España, entre el Partido Popular y la Iglesia católica cuando se habla de cambios en derecho de familia. Todo eso indica que hay una repolitización de sectores religiosos, que se reposicionan para intervenir como parte del sistema democrático: gracias a dinámicas de la sociedad civil y grupos como los feministas, hay un pluralismo inevitable, en el sentido de que estas presencias rompieron la capacidad de la Iglesia de pautar qué se debate y qué no; entonces, estos sectores se articulan de manera distinta.

–¿Cuál es el reacomodamiento de la reacción?

–Se vuelven estratégicamente seculares. Cuando ves los juicios que inician, las manifestaciones públicas que hacen, vas a notar que no hablan ni de Dios ni de la Biblia, sino de derechos naturales, o de discusiones en apariencia científicas. Lo que hacen, en realidad, es tomar la apariencia de la secularización en las intervenciones políticas. Yo lo llamaría “politización reactiva”: reaccionan y copian una de las estrategias, por ejemplo, los grupos provida que judicializan la cuestión y plantean en la Justicia acciones contra la píldora del día después. En esta reacción al avance del pluralismo, tratan de llevar el tema cuatro pasos más atrás. Entonces, si el progresismo pide una legalización, ¿qué logra? Logra que los casos en los que ya hay un amparo legal de un derecho, se vuelva imposible el ejercicio efectivo de ese derecho.

–La reacción, entonces, opera apropiándose de las mismas estrategias y discursos de las minorías.

–Lo que hace es intervenir desde las mismas dimensiones de la democracia y el juego político para defender una agenda religiosa. Por eso el modelo del Estado laico no es suficiente para pensar cómo debatir con estos grupos conservadores: ya no se trata sólo de un problema de separación entre Estado e Iglesia –que en Latinoamérica sigue siendo una discusión importante, como sigue siendo necesaria la defensa de esa separación–, sino que también hay que pensar que hay una dimensión en las democracias contemporáneas donde la religión y la política se relacionan. Aunque todavía es importante seguir trazando las fronteras entre el Estado y la Iglesia, el crimen y el pecado, la religión y la política, el progresismo se tiene que hacer cargo de que las fronteras son porosas. Cuando se discuten el aborto o la sexualidad, se está discutiendo el rol que las religiones tienen en las agendas políticas, y ahí está la cuestión: al progresismo le cuesta captar la dimensión de lo religioso como una dimensión de la política, sobre todo en sexualidad. Indudablemente, la pregunta sobre la legalización del aborto es también una pregunta sobre cuál debe ser el rol de lo religioso en lo político.

–¿Y cómo dar entrada a lo religioso en la política sin acatar la reacción conservadora?

–Ahí está la clave: cuando la Iglesia se inscribe como actor político, pierde su capacidad de ser actor religioso y controlar las disidencias internas, que las hay. Lo religioso es pluralista por sí mismo, al interior de las principales religiones hay grupos disidentes que intentan compatibilizar identidades religiosas con pensamientos feministas, como pasa con Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, cuando la Iglesia decide ser actor político, tiene que incorporar sus propias disidencias y pluralismos, no puede pararse desde una postura única: el aborto, para algunos católicos es pecado, para otros no. En contextos sociales donde la gran mayoría de la población se identifica con la religión, con el catolicismo, es importante destacar la pluralidad.

–Sin embargo, la Iglesia parece presentar un frente único.

–Porque es la jerarquía la que habla, pero hay inclusive encuestas realizadas a católicos que demuestran que sí existe una pluralidad de posiciones. Es sólo la jerarquía la que se sigue presentando como si fuera un frente único, pero cuando aparecen temas como el aborto y se politiza, emergen las disidencias internas. Por el otro lado, si uno insiste en que el catolicismo es conservador, fortalece las jerarquías, porque invisibiliza la pluralidad que existe al interior. En cambio, si uno toma la religión como compleja, puede reinscribir disidencias y grupos que se movilizan por compatibilizar su doctrina con otros pensamientos más pluralistas. La Iglesia tiende a decir que el aborto es un crimen, y como cualquier sector de la sociedad tiene derecho a participar en debates tratando de que sus puntos de vista triunfen. Pero una vez que juega ese derecho, tiene que aceptar las reglas de la democracia: no puede sostener una postura única y tiene que defender sus argumentos con racionalidad, argumentación, distinción entre crimen y pecado. Eso quiere decir que la Iglesia se entrampa al actuar políticamente con esa estrategia: desde que se planta como actor político, acepta que el tema puede ser debatido con las reglas de un juego democrático.

–¿Qué pasa cuando desde espacios progresistas se plantea la necesidad de aceptar la dimensión religiosa en lo político?

–En general, cuesta romper el prejuicio y aceptar que la religión es un factor de cambio, por razones obvias y puntuales, especialmente en Latinoamérica. Cuesta romper el sentido común y decir que en estas luchas jurídicas y de cambio social hay aliados en las religiones. Pero también hay que entender que los derechos no son sólo una estructura formal, sino que hay que lograr un empoderamiento por parte de la ciudadanía. En general, la gente se sigue identificando con la Iglesia. La idea de secularización, de que las identidades religiosas iban a terminar debilitándose y desapareciendo no tiene sentido ahora: la gente sigue creyendo de maneras diferentes, la religión sigue siendo importante para pensar el empoderamiento de ciudadanas y ciudadanos como sujetos de derecho, en especial en el terreno de la sexualidad, con la desculpabilización. Es importante entender que en estos discursos progresistas religiosos, que los hay, también existe un elemento importante de desculpabilización y empoderamiento fundamental para la real eficacia de futuros derechos que se puedan tener, como el derecho a la interrupción del embarazo.