En el Chaco más pobre entienden que a la dignidad se la gana teniendo hijos cosecheros en las plantaciones. De tan natural que es el asunto, el paisaje que recortan sus cuerpos los días de lluvia no sorprende, aun cuando de tan pequeños, cientos de ellos puedan apiñarse bajo un árbol o junto al tractor más cercano. Gente de entre 2 y 7 años al cuidado de niñas de 10, esperando al resto de su familia para compartir un almuerzo de veinte minutos. Todos sentados sobre bolsas de algodón que los más grandes arrastran con el cuerpo doblado por el calor y la mosquitada, sin salirse del surco de plantas donde hombres, mujeres, niños y niñas trabajan. Juan tiene 13 años. Le está enseñando a su hermana Antonia, que cumplió 8, el trabajo de la cosecha. “Hago esto desde los 7 años. Si está buena la plantación y el algodón, cosecho unos cien kilos por día. Me pagan unos diez centavos por kilo. Salgo de casa a las 5 de la mañana para llegar de noche y fui a la escuela hasta 4º grado.” El relato de Juan a un operador de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) se funde en una realidad que sobrepasa los programas de gobierno: las estadísticas oficiales muestran que en la Argentina trabajan 1.500.000 niños y niñas, la mayoría en condiciones críticas.

La cifra de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), del Ministerio de Trabajo, refleja el cuadro de una situación que creció en un 600 por ciento desde 1998, cuando el número de niños y niñas trabajadores ascendía a 250.000, de acuerdo con un informe actualizado de la organización Save the Children. Son proyecciones que hasta hoy se miden fragmentadas por regiones como Gran Buenos Aires, Mendoza, Noroeste (Jujuy, Salta y Tucumán) y Nordeste (Formosa y Chaco), adonde llegó la última Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna) para registrar que entre el 5 y el 9 por ciento de quienes tienen de 5 a 13 años han trabajado alguna vez. Es decir que sobre un universo de 3 millones de chicos y chicas de esas edades, 200.000 manifestaron haber trabajado al menos una hora durante la semana en que se realizó la encuesta.

“Que los/as ‘niños/as aprendan trabajando’ no es una expresión casual. Forma parte del lenguaje cotidiano por el cual se refleja la constante y sistemática imposición de conceptos culturales que responden a un modelo social, político y económico instalado”, sostiene Jorge Rodríguez, responsable del área de Trabajo Infantil Rural de Uatre y representante de la temática Trabajo Infantil de la Confederación General del Trabajo (CGT) ante organismos nacionales e internacionales. “Y hablar del trabajo infantil rural implica analizar un componente ilegal e inhumano del proceso socioeconómico y laboral de la Argentina”, que es “negado por quienes lo aplican, ejercido como un recurso de supervivencia social para quienes lo cumplen y una necesidad laboral muchas veces consentida y hasta impulsada por el entorno familiar de quienes lo sufren”, a través de pautas culturales establecidas que aumentan la invisibilidad de esos niños y niñas, sobre todo en el noroeste y nordeste argentinos, los territorios más golpeados por la pobreza.

En el municipio de San Vicente, por ejemplo, en Misiones, unos 18.000 obreros se desempeñan en las tabacaleras locales junto con sus familias. Así, 25.000 niños, niñas y adolescentes terminan realizando alguna actividad laboral en conjunto. La mayoría acompaña a sus padres a las unidades productivas porque el trabajo a edad temprana forma parte de su educación: en el ámbito rural, el juego suele estar ligado al trabajo que se realiza, por lo que el límite entre jugar y trabajar no resulta claro para esos adultos, expone un relevamiento del proyecto Sembrando un Futuro de Oportunidades, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT/IPEC).

En su artículo 32, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) establece que todos los niños y niñas deben “estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. La Argentina ratificó estos derechos en una batería jurídica que incluye legislación laboral, como la ley 20.744, de Contrato de Trabajo, estableciendo en los 14 años la edad mínima de admisión al empleo en cualquier actividad, persiga o no fines de lucro.

“Pero la agudización de las desigualdades sociales que ha sufrido el país en los últimos años, sin duda, resulta un grave problema para el ejercicio de los derechos de niñas y niños, que requiere de políticas públicas decididas y efectivas”, remarca la socióloga Eleonor Faur, coordinadora del área de Derechos de las Mujeres de las oficinas de Unicef en la Argentina.

De la Patagonia a la Mesopotamia, las chicas trabajan con sus familias desde los 5 años, manipulan herramientas peligrosas, fumigan con agroquímicos, recogen cosechas que gotean plaguicida y sufren alteraciones en el proceso de maduración que dejan secuelas irreversibles. En Tucumán, los niños cosechan nueces a garrote desde los 7 años y las niñas se dedican al cultivo y la cosecha del tabaco. En Mendoza se los/as utiliza en vitivinicultura, cosecha de frutales, siembra de ajo, cosecha de cebolla y olivo. En el cinturón verde de Córdoba, Villa Dolores, Cruz del Eje y Paso Viejo, chicas y chicos de 14 años cosechan algodón, vid, papa, olivo y trabajan en los tambos. La Pampa emplea familias enteras para ganadería y horticultura. En Entre Ríos, como en otras provincias, los niños comienzan a trabajar entre los 9 y 10 años, y las niñas realizan el trabajo doméstico y familiar, al igual que las pequeñas cartoneras del Gran Buenos Aires, que reparten sus horas entre la recuperación de residuos y las tareas del hogar. En el norte y sur del Gran Rosario prevalecen el trabajo familiar y doméstico, pero también la explotación sexual por comida o monedas. “Derivados de los focos de pobreza, muchos casos se potencian cuando se advierte al trabajo infantil como método de subsistencia familiar”, precisa Darío Lacuadra, que integra el equipo técnico asesor de Uatre sobre Trabajo Infantil.

En el pueblo de Nemecio Palma, sobre el límite con Corrientes, niños y niñas se destacan por la precocidad con que abandonan la escuela. El guardapolvo se cuelga a los 6 o 7 para iniciarse en los trabajos domésticos y más tarde trabajar en las plantaciones. En esa transición, “muchas chicas de 12 y 13 años quedan embarazadas por violación de sus padres u otros adultos”, pariendo a sus hijos en las peores condiciones. En cualquier caso, la cadena familiar de trabajo no se detiene. Y esos niños sumarán una nueva boca que alimentar.

En junio último, el Gobierno admitió “que se requieren acciones inmediatas y urgentes” para combatir la problemática, pese a que todas sus carteras exhiben programas volcados a la temática infantil. “Es muy terrible lo que pasa en la Argentina”, lamenta Pilar Rey Mendes, titular de la Conaeti, desde donde “se trata de implementar políticas activas que tiendan a la eliminación del trabajo infantil mediante el fortalecimiento del trabajo adulto”. Las estrategias posibles, para esta funcionaria, hablan de “generar oportunidades laborales, combatir el trabajo no registrado y mejorar las capacidades de los que hayan quedado desocupados para que puedan insertarse, y a la vez fortalecer el ingreso de los trabajadores para que las familias no necesiten recurrir a los miembros más jóvenes”.

Las adolescentes rurales de Posadas no saben de estrategias, atadas como están a la plantación de la yerba mate, el tabaco y la limpieza del té, y delegando en sus hermanas menores el trabajo doméstico y el cuidado de los más pequeños. En su mayoría, chicas de entre 6 y 17 años victimizadas por trabajos opresivos que impiden su acceso a la educación, por enfermedades que provocan los agrotóxicos, por el abuso sexual de patrones o de otros adultos durante el hacinamiento en épocas de cosecha, o por la explotación sexual comercial.

“En la ciudad de Posadas se ven padres y madres con sus hijas de entre 8 y 9 años en las avenidas, que las entregan a hombres que les pagan. Se sabe de casos en que los padres dan a sus hijas a los camioneros a cambio de alimentos y/o dinero; en todas las zonas limítrofes sucede lo mismo”, deploró uno de los participantes de las jornadas que organizó en Misiones el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil Rural, un convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo, la Federación Agraria Argentina (FAA), Conaeti y Uatre.

De esos encuentros surgió un mapa de la explotación sexual que recorre Tucumán, Salta (donde también se utiliza niñas para el tráfico de drogas), Santa Fe, Necochea, alrededor del puerto, y se planta en Corrientes y Misiones, donde a la ciudad de Posadas se agregan San Vicente y San Pedro, con circuitos de explotación sexual “más organizados”. La OIT estima que en la zona de la Triple Frontera, al menos 3500 chicos y chicas menores de 18 años se encuentran en situación de explotación sexual obligados por sus padres o utilizados como mercancía por mafias.

El diputado nacional por Misiones Diego Sartori presentó un proyecto de ley sobre responsabilidad empresaria en el turismo sexual, a partir del aumento de la prostitución infantil relacionada con el turismo en la Argentina. La iniciativa busca tipificar en el Código Penal el delito que “cometieren las empresas dedicadas a la actividad turística”, al promover o facilitar la prostitución de menores de 18 años.

“Los informes de organismos nacionales e internacionales advierten del crecimiento de esta práctica en nuestro país –confirma Sartori–, con especial incidencia en Iguazú, utilizando la infraestructura turística de la zona de cataratas, y en la zona de la Triple Frontera, pero también expandida en otras provincias y Capital Federal.” La Argentina ratificó mediante Ley 25.255 el Convenio 182 de la OIT sobre Peores Formas de Trabajo Infantil, que implican la utilización de niños y niñas en actividades pornográficas, de explotación sexual comercial, su venta y tráfico, servidumbre por deudas y producción y venta de estupefacientes, entre otras. Pero “la resistencia de la mayoría de la sociedad a reconocer la importancia, la magnitud y la gravedad de la problemática es muy grande: el imaginario social tiende a ver estas situaciones como casos aislados y propios de culturas de la marginalidad”, resalta un documento reciente de ese organismo acerca de la acción pública para prevenir y combatir el trabajo infantil.

En el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia observan la situación como “un fenómeno multidimensional. Entre sus causas surge un entramado de factores de carácter económico, social y cultural, así como de salud, de organización y dinámica familiar”. Por lo que “cualquier intervención propuesta deberá tener una estrategia global y multisectorial e interdisciplinaria” que instrumente respuestas contra el abuso y la explotación comercial en territorios rurales y urbanos, donde la actividad cartonera constituye una tarea predominante y el trabajo más visible. “La situación de calle en esta ciudad se está trabajando de manera focalizada, cuando lo que se necesita es articular con la provincia de Buenos Aires una política de atención metropolitana que frene la exclusión social de estos chicos y chicas sobre quienes, además, creció el maltrato policial desde la sanción del Código Contravencional”, explica el abogado Gustavo Gallo, especialista en temas de infancia.

En la ciudad de Buenos Aires trabajan unas 8762 personas en la recuperación de materiales reciclables; de esta cifra, 4223 corresponden a niños, niñas y adolescentes, precisa un informe sobre trabajo infantil en la recuperación y reciclaje de residuos elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones y Unicef. Otro estudio de la OIT destaca que en el Gran Buenos Aires, 107.671 chicos y chicas de 5 a 13 años trabajan; el 53,7 por ciento lo hace con su familia y un 28,4 por ciento en la calle. “Esta situación requiere además, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, de un fuerte énfasis en la protección de sus derechos sexuales y reproductivos”, advierte Faur, “para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual y vih. Los niños y las niñas que trabajan o se encuentran en situación de calle padecen una vulneración de derechos en cadena”.

En la provincia de Juan, el cosechero chaqueño de 13 años que enseña a su hermana Antonia a encontrarle algún sentido a esa tierra que le curte los dedos, no es novedad la infantilización de la miseria: hacia el nordeste argentino, el 68 por ciento de los niños y las niñas menores de 14 años es pobre. Hace rato que Juan y los suyos se cayeron del mapa social. “Debemos incorporar en las definiciones de políticas públicas nuevas formas de reglamentaciones para reducir las consecuencias del trabajo infantil”, propone la titular del Cdnna, María Elena Naddeo, “y saltar por encima de lo que algunos pretenden como irremediable”.