Hay detalles que es difícil pasar por alto. Que la fiscal Griselda Tessio, responsable de la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe, se niegue a dar los nombres de los integrantes de una banda dedicada a la explotación de mujeres es uno de esos detalles que destellan como una señal de peligro. ¿Por qué no decir sus nombres? ¿Acaso la Justicia no debería estar interesada en que cualquiera que tenga datos sobre Martín Núñez, alias “Chino”, Juan Orzuna o Javier Archelasky, oriundos de Santa Fe y con negocios en al menos tres provincias argentinas, los provea lo antes posible? Existe la presunción de inocencia, es cierto. Tan cierto como que tienen orden de captura y por lo tanto deberían presentarse a derecho para dar cuenta de sus actos y que el resto de los ciudadanos y ciudadanas debemos colaborar para que así sea. Pero no. Nadie busca a estas personas, porque si las buscaran las encontrarían en el barrio Barranquitas, en Santa Fe, donde vecinos y vecinas suelen verlos. ¿Y por qué habrían de buscarlos? Bueno, la denuncia de Romina Gamarra es bastante clara además de creíble, ya que la gran mayoría de los datos que aportó pudieron ser verificados, no por la Justicia de su provincia, ya que el juez de instrucción Diego de la Torre que recibió su denuncia se tomó un mes de completa inactividad antes de declararse incompetente, sino por fuentes calificadas del Ministerio de Justicia que investigan el accionar de las redes de trata de mujeres a sabiendas de que estas causas no se mueven si no se las sigue de cerca. La fiscal Tessio tampoco llegó a hacer demasiado en la causa. Es cierto que recibió las actuaciones hace apenas una semana, pero no es menos cierto que se negó ante este diario a develar los nombres de los prófugos y tomó como cierta sin siquiera verificar el domicilio los dichos de María Cristina Ojeda, una chica desaparecida, denunciante de los mismos supuestos proxenetas, que se presentó de buenas a primeras en su oficina, con un letrado que no era su patrocinante, para decir que estaba bien, en un domicilio que no se verificó y que todo lo que había declarado hasta el momento en contra de sus supuestos captores era mentira. Lo extraño, sumamente extraño, es que la misma fiscal que se conforma con esa presentación había asegurado por lo bajo –lo que habitualmente se llama off the record– que el mismo día en que se denunció la desaparición de Ojeda los abogados de la parte acusada habían intentado negociar con familiares de la desaparecida y de Romina Gamarra un cambio de declaración.

Los hechos

Romina Gamarra tiene 18 años. Es alta, morocha, educada y a todas luces inteligente. La sonrisa que le ilumina la cara es tan blanca como es posible. Estaba en cuarto año del polimodal, a punto de empezar quinto y con buenas notas cuando desaparece de su casa en el barrio Barranquitas, el 13 de enero de 2006. Sus padres, vendedores de flores en el Cementerio de Santa Fe, presentaron una denuncia por su ausencia en la comisaría 6ª de Barranquitas el 14 de enero. Dos semanas más tarde, Romina aparece en la misma comisaría, acompañada de un abogado de apellido Del Sel y dice que está fuera de su casa por su propia voluntad. Del Sel es un conocido abogado penalista, relacionado con los Núñez, que ya cuentan con causas anteriores, en el caso de Martín Núñez por un intento de homicidio. Lástima que a la madre de Romina nunca se le comunicó esta presentación.

Recién 9 meses después, el 14 de septiembre, Romina se comunica con su papá. Le dice que le prestaron un celular y que por favor la vayan a buscar, que estaba en La Banda, Santiago del Estero, en una “whiskería” llamada Negro el 20. El papá de la joven parte el 15 de septiembre con su hijo de 15 años, como es analfabeto no podía reconocer los carteles que Romina le daba como referencia. El señor Gamarra sigue las instrucciones de su hija, la espera al costado de la ruta hasta que la ve saltar un paredón junto a otra joven, una vecina, María Cristina Ojeda. Una vez que salen de Santiago del Estero y llegan a su provincia, las chicas declaran lo que habían vivido durante el tiempo de su cautiverio. Dicen que fueron trasladadas de Santa Fe a General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, después a Córdoba y por último a Santiago del Estero. Los nombres de los prostíbulos donde estuvieron obligadas a prostituirse coinciden con locales en actividad. Sólo Negro el 20 cerró sus puertas no bien las chicas escaparon. También cuentan que se les prepararon pasaportes falsos, que una compañera de ellas de nombre Rita Tour ya había sido trasladada a España –dato que fue corroborado por Migraciones– y que en cada lugar donde estuvieron las chicas eran dejadas “en consignación” durante “plazas” de 30 días y que el dinero que generaban era entregado a sus “dueños”, en persona o vía giro postal. Ellas, por su parte, eran obligadas a atender “clientes” durante doce horas al día, clientes que debían dejar sus celulares antes de pasar a los boxes, y que dormían encerradas en cuartos con rejas.

El juez que tomó las denuncias de Romina Gamarra y María Cristina Ojeda dispuso, por presiones de ONG y funcionarios que investigan las redes de trata en el país y por la misma prensa, una custodia compartida en el barrio para cuidar a las dos chicas. Eso fue todo lo que hizo. Al mes se excusó. Las familias de Romina y María Cristina dijeron tener miedo más de una vez, que habían recibido amenazas de los mismos secuestradores. Desde el Ministerio de Justicia se empezó a tramitar su inclusión en el programa de testigos protegidos. Pero antes de eso, el 6 de noviembre, Cristina desapareció.

La version de los captores

Cristina Ojeda volvió a aparecer antes de que se cumplieran 48 horas de su última desaparición. Se desdijo frente a la fiscal Tessio, pidió que no “se manche a gente inocente” (por los Núñez), aseguró que ejercía la prostitución porque quería y que estaba en un domicilio que no fue verificado. Ninguno de los domicilios de los prófugos fue hasta ahora allanado. En el diario UNO de Santa Fe, en la tapa, la foto de las dos jovenes, Romina y Cristina, aparece a toda página con una leyenda: “Lo del secuestro fue mentira”, obviando que Romina nunca se desdijo de su denuncia. A nadie, ni a los periodistas del diario UNO ni a la fiscal, se les ocurrió preguntar por qué las chicas fueron hasta Santiago del Estero para prostituirse, por qué no pudieron volver, por qué se fueron sin llevar un bolso o un celular o los documentos. Dice María Cristina que “las dos fuimos juntas en colectivo a Santiago porque vimos un aviso en un diario, yo estuve un año y Romina 8 meses”. ¿Cómo fue que se fueron juntas, salieron juntas y una estuvo más tiempo que la otra? “Romina sólo quiere prensa, prensa, prensa”, dice María Cristina en el mismo medio, pero obvian preguntarle qué piensa a quien está tan ávida de salir en el diario. Sin embargo, lo único que desmiente Ojeda es el “secuestro”. Hay que aclarar que ella nunca había dicho antes haber sido secuestrada, al contrario, aseguró que Martín Núñez la había invitado a vivir con él y que dejó su casa soñando con ese destino. Pero el príncipe pronto se transformó en sapo. Tampoco nadie se preguntó por qué Romina Gamarra dejó la escuela cuando tenía un promedio por encima de siete, por qué tuvo que recurrir a su padre para que la sacara del lugar si estaba a su libre albedrío ni cuál sería el rédito de denunciar a vecinos suyos que rondan por el barrio a la vista de todos.

Preguntas pendientes

¿Por qué tardó un mes el juez de instrucción antes de darse cuenta de que era incompetente para atender la causa? ¿Por qué la fiscal no quiere dar los nombres de los prófugos? ¿Por qué están prófugos si el barrio los ve a diario? ¿Cómo fue que llegó tan rápido el pedido de la fiscal para que se desestime incluir a Ojeda en el programa de testigos protegidos cuando ninguna otra medida tuvo la misma celeridad? ¿Por qué es tan fácil creer su segunda declaración y no la primera? ¿No es llamativo el cambio de letrado patrocinante de la chica que primero dijo una cosa y después otra? ¿Cómo puede ser que el hilo se corte siempre por lo más delgado?