44. En la Argentina mueren 44 mujeres cada 100.000 nacimientos, durante el embarazo, el parto o el puerperio. La mortalidad materna es más alta aquí que en Uruguay o Chile –países limítrofes y con niveles de desarrollo humano similares al de Argentina– y que, sin embargo, no tienen el mismo nivel de desgarro en el costo de las mujeres por ser mujeres. Pero la primera causa de la mortalidad materna, en el país, es el aborto, que no es solamente un delito, es un costo. Un costo que se cobra, se paga y se lleva vidas. 44.

Foto: Julio Pantoja

Pero 44 es un promedio. En la ciudad de Buenos Aires, en cambio, está la menor tasa del país –12 muertes de mujeres cada 100.000 nacidos vivos–, aunque ese índice bajito –similar al de los países desarrollados– es algo más que un logro: es el costado prodigioso del promedio nacional. Del otro lado está el agujero, tal vez tapado por la cifra de 155 muertes cada 100.000 nacidos vivos, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación del 2005, que tiene, que muestra, que descarna la realidad de Jujuy, esa provincia al Norte, al olvido, esa provincia donde los promedios mienten. Esa provincia al extremo, sin medios ni medias tintas.

A pesar de que la mortalidad materna en el país retrocedió de 46 muertes, en el 2002, a 44, en el 2004, en los lugares más postergados del país no retrocede: crece. Las cifras del 2006 todavía no se difundieron oficialmente. Sin embargo, la titular del Departamento de Salud Perinatal del Ministerio de Salud jujeño, Lilia Laje, el 14 de enero le reveló al Diario de Jujuy: “Lamentablemente, en el 2006 hubo un incremento global (de la mortalidad materna) del 50 por ciento y la primera causa es la práctica abortiva”.

Aunque todavía estas declaraciones no están inscriptas en las estadísticas nacionales, prueban la confesión de un problema que no se detiene –porque en el norte del país no se termina de aplicar, igual que en otras provincias, también de raigambre conservadora, el reparto eficaz, gratuito y consecuente de anticonceptivos– o porque hacen falta medidas más drásticas para garantizar la salud de las mujeres que quieren –y, de hecho, lo realizan hoy en día aun poniendo en riesgo su propia vida– interrumpir un embarazo.

“El aborto sigue siendo la práctica elegida por las mujeres como método anticonceptivo”, disparó Laje. El problema es que su función –igual que la de los responsables estatales del Ministerio de Salud provincial y nacional– es que los anticonceptivos lleguen a las mujeres. Y, en el caso de que los abortos no sean evitables, que no provoquen la muerte.

Según las cifras que difundió Laje en el Diario de Jujuy, ya en octubre del 2006 se sabía que 17 mujeres habían fallecido después de realizarse un aborto. Una de las 17 era adolescente y la mayoría tenía más de 24 años, ya tenían hijos y también antecedentes de otros abortos. Esta realidad no sorprende a nadie. Y eso es lo peor. Es clandestina y está naturalizada. Si en la provincia de Buenos Aires hubieran secuestrado a 17 mujeres la palabra secuestro no saldría de los titulares de los diarios.

En cambio, 17 muertes de mujeres desangradas en el costado de la clandestinidad y la desidia, 17 mujeres que querían otra vida sin dar vida, 17 mujeres que murieron por no poder hablar, ni pedir turno, ni recibir –siquiera– un antibiótico, una curación o un consejo, 17 mujeres que murieron porque el aborto en la Argentina es una ruleta rusa que depende de la buena o mala voluntad del comercio de las camillas clandestinas, 17 mujeres, esas 17 mujeres, no importan.

O peor, son tildadas de culpables de su propia muerte. “Las mujeres deben entender que los abortos siempre traen consecuencias y que el daño que causan es mayor: dejan huérfanos a sus hijos”, arengó Laje. En principio, sin reconocer la responsabilidad estatal en el aumento de mortalidad materna. Y, además, como si después de morir las mujeres madres que no reciben la adecuada atención para cuidar su salud reproductiva fueran culpables, también, de dejar huérfanos a sus hijos. “Lo que sucede en Jujuy es un fuerte llamado de atención a las autoridades nacionales y provinciales para generar políticas más activas”, increpa Susana Checa, socióloga, investigadora de la UBA e integrante del Comité del Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders).

Igualmente, la pregunta es si la ley nacional y el Programa de Salud Sexual y Derechos Reproductivos no tendrían que haber logrado que más mujeres lleguen a usar una anticoncepción eficiente. “Aunque exista la ley y las mujeres puedan acceder a la información y los anticonceptivos, esto no tiene un efecto inmediato en los comportamientos de las mujeres, quienes, lamentablemente, siguen acudiendo al aborto como método anticonceptivo”, diagnostica Checa.

En la verificación del cumplimiento de la ley que tiene que hacer llegar los anticonceptivos a las mujeres de todo el país, Checa visitó Jujuy. Y, a partir de esa experiencia, remarcó: “En Jujuy la pobreza es muy alta y eso influye en la falta de recursos educativos y simbólicos. En las áreas rurales se tiene poco acceso a la información y a los anticonceptivos. También influye una cultura patriarcal muy arraigada en donde difícilmente las mujeres tomen decisiones autónomas y la oposición de los sectores católicos y conservadores al reparto de anticonceptivos”.

Solamente en el Hospital Pablo Soria, de la Capital de Jujuy, internan a 2800 mujeres, por año, que llegan con abortos incompletos y tienen que recurrir al centro de salud –las que llegan– ante graves consecuencias para su salud. “La mayoría muere en la sala de terapia intensiva”. alertó el jefe de la Unidad de Obstetricia del Hospital Soria, Ricardo Cuevas, en una consulta –también– del Diario de Jujuy (al menos, un medio provincial que pone en agenda la salud y la muerte de las mujeres). La utilización de sondas intrauterinas, tallos de perejil o permanganato de potasio (una pastilla que es utilizada como desinfectante) son los métodos clandestinos e inseguros que generan infecciones y hemorragias en las mujeres. “Muchas no sobreviven. En algunos casos no podemos ni operarlas porque llegan en un estado en el que no se puede hacerles ni una anestesia”, desnudó Cuevas, que intenta fomentar el método de aspiración manual intrauterina para mujeres con abortos incompletos de embarazos de hasta dos meses con anestesia local. “Esto permitiría que en dos horas las mujeres puedan irse a su casa previo paso por salud reproductiva y con un preservativo en su mano”, propuso el obstetra. Por su parte, Eugenia Trumper, integrante del Comité Científico de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, analizó: “Hubo una disminución, a nivel país, de la mortalidad materna. Pero, en algunos lugares, persisten altos niveles de desinformación y prejuicios culturales que atentan contra la anticoncepción. Igualmente, si tenemos la ley y los insumos es desconcertante e inexplicable que sigan creciendo las muertes de mujeres”.