Hace diez años –el 21 de marzo de 1997– la maestra patagónica Marina Schifrin cortaba la Ruta 237 –de ingreso a Bariloche– en medio de una protesta docente. La procesaron junto a doce personas. Les ofrecieron pintar el frente de un hospital –una probation– para perdonarles el delito de obstrucción de tránsito y transporte público. Ella no aceptó. “Decidí pelearla porque no acepté que reclamar por derechos fundamentales sea un delito”, se plantó. El 20 de septiembre del 2001 fue condenada por el juez Leonidas Moldes a tres meses de cárcel en suspenso y a la prisión de no poder volver a participar de una marcha. Apeló.

Marina Schifrin frente a los tribunales de Buenos Aires. Foto: Ana D´angelo

La Cámara de Casación Penal –criticada ahora por su actuación frente a los genocidas de la dictadura militar– la volvió a condenar con el filoso argumento de que en democracia todo ejercicio más allá del voto constituye sedición. Apeló. Su caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, de la Nación. Su nombre, se suponía, iba a funcionar como el caso testigo que frenara o blanqueara la judicialización de la protesta social (o que diera pie a un reclamo frente a un tribunal internacional de derechos humanos). Sin embargo, en diciembre del 2005, el máximo tribunal argentino dejó que su caso prescribiera. No la condenaron, pero tampoco utilizaron la oportunidad histórica de sentar jurisprudencia sobre esta modalidad de protesta que surgió frente al desempleo (que no puede hacer huelga) o el acostumbramiento a huelgas sin efecto político.

Marina Schifrin es la maestra de matemática de tres colegios secundarios de Bariloche que protagonizó una reivindicación de los reclamos públicos en una historia que muestra hasta qué punto se podría haber cambiado la historia. O dejar que la historia pase. Siga. Prescriba. Vuelva. Mate. A menos de siete metros. Tan cerca, tan lejos de Carlos Fuentealba.

¿Por qué saliste a cortar rutas hace diez años?

–Por la educación pública y el salario junto a docentes, padres y estudiantes. En el ’97, igual que ahora, no nos dejaban alternativas.

¿Por qué no aceptaste hacer una probation y, en cambio, preferiste exponerte a una condena judicial por cortar rutas?

–Fue para que no se llegara a esto, justamente, porque veía la gravedad de la criminalización de la protesta social que hoy está signada por la tragedia de la muerte de Carlos Fuentealba. Yo veía que podía pasar un proceso, me podían condenar, pero seguía viva. Creo que era una posición correcta, que no fue tomada ni militada a fondo por las conducciones sindicales. No hubo una denuncia permanente, sistemática e inclaudicable con el tema de la criminalización de la protesta. La dirigencia sindical de Ctera, de mi gremio UnTER, hizo algo, más que nada retórico, pero poco en concreto. Incluso a mí me dejaron sola, por lo menos en un principio. Después tomaron mi caso, pero jamás incorporaron la cuestión de la criminalización de la protesta como central. Y sí era central porque el primer paso fue considerarnos delincuentes y, el segundo, matarnos.

¿Cómo fue que tu causa prescribió sin una definición de la Corte?

–La Corte la dejó morir. No quisieron jugarse. Pienso que tendrían que hacer una autocrítica. Pero pedirles eso a los jueces... es pedirle peras al olmo. Ahora, la doctrina de la criminalización de la protesta sigue y es de aplicación en todo el territorio nacional. La Corte tenía servido un caso para sentar jurisprudencia y no lo hizo deliberadamente. El efecto es el procesamiento de los que luchan, la cárcel y la muerte.

¿Temiste alguna vez que las tizas se podían manchar con sangre?

–Sí, era una de las posibilidades. Yo misma he visto a la Gendarmería y la represión en los cortes de ruta. Así como pasaba con otros trabajadores, también podía pasar con los docentes.

¿Qué te produce, en lo personal, la muerte de Fuentealba?

–Tristeza, mucha tristeza. En estos días, como muchísimos docentes, estoy conmocionada y dolida.