Acaba de cumplir un año y de multiplicar varias veces las expectativas que se habían proyectado para su primera etapa. “El objetivo era una provincia por región –una en NOA, una en NEA, y así–, y alrededor de 200 mujeres en cada una de esas provincias. Pero ahora nos encontramos con que terminamos incorporando la totalidad de las provincias, excepto Tierra del Fuego, que ya vamos con casi 300 localidades donde se está desarrollando el programa, y sigue creciendo.” Eso dice Cecilia Merchán, coordinadora del Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres Juana Azurduy, con las cifras para apoyar el entusiasmo sobre la mesa: entre el 12 de julio (la fecha de nacimiento de Azurduy) de 2006 y la misma fecha de 2007, 25.060 mujeres de distintas edades y de varias regiones del país se vincularon con alguna o varias de las instancias de trabajo y capacitación en derechos que buscan “propiciar la participación social y política de las mujeres articulando estrategias de trabajo con (...) otras instancias del Estado nacional, provincial y/o municipal”. De acuerdo con el relevamiento, la mayor participación se da entre mujeres de 41 a 45 años (15%), seguida por mujeres de entre 46 y 50 (14%), y por una franja amplia de entre 21 y 35 años (13% entre 21 y 25, lo mismo entre 26 y 30, y entre 31 y 35); luego, un 12% de mujeres de entre 36 y 40; un 8% de hasta 20 años, 7% de entre 51 y 55, 3% de entre 56 y 60, y 2% de más de 60. El espectro, entonces, resulta amplio, casi tanto como el listado de localidades sobre las que se avanzó, no necesariamente en función de capitales administrativas –aunque de ellas hay varias– sino más bien en una tarea de hormiga que no olvida localidades poco atendidas.

Foto: Rafael Yohai

El proceso, explica Merchán, conlleva mucho del trabajo de base propio de organizaciones de la sociedad civil –que conoce, en parte, por su participación en la Red de Mujeres Solidarias–, pero la diferencia viene marcada justamente allí porque el Programa no es tal cosa, sino que parte desde el mismo Estado, al revistar bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de Presidencia.

–Cuando llegamos a un lugar por primera vez, tanto si vamos por nuestra cuenta como si lo hacemos porque nos llaman, explicamos que es preciso convocar a todas las organizaciones e instituciones de la localidad. Hay que hacerlo de la manera más abierta posible. Después mandamos unos materiales que producimos y vamos modificando en función de las experiencias concretas, y después viaja un equipo de trabajo. Vamos tres o cuatro, de acuerdo a la cantidad de gente que participa en cada localidad; en el equipo hay médicas, médicos, trabajadoras sociales, psicólogas, distintas profesionales, y en todas las provincias tenemos coordinadoras provinciales, que van armando equipos propios de cada lugar. Algunos municipios se muestran muy interesados, y también a veces es personal propio del municipio el que quiere seguirlo y coordinarlo por su cuenta. En esos casos, lo hacen como un extra personal, como algo que se hace por su propia voluntad. Y así fue como logramos que, en un año, hayan participado todas esas mujeres.

Una vez que el equipo se fue del lugar, las mujeres que participaron de esa primera capacitación trabajan sobre el material específico (historia de las mujeres argentinas, participación política y social, salud, violencia, cuidado de niños y niñas con perspectiva de género) y se reúne nuevamente con la coordinadora local.

–Refuerzan los temas y después cada una de ellas tiene que salir y dar un taller, el que se anime: de salud, de violencia, de historia, de cuidado de niños y niñas, de lo que quiera, a 5, 2, 10 mujeres más. ¿Por qué insistimos tanto en esta cuestión de la réplica? Porque nosotras siempre decimos con mis compañeras que si a nosotras nos cambia la vida ser coordinadoras de un taller, ¿por qué no se las va a cambiar al resto de las mujeres?

–Totalmente. Cuando una mujer se atreve a coordinar un taller y a ponerse en ese rol, realmente pega un salto importante. Esa de dictar un taller es una de las primeras tareas, pero va acompañada de otras. Las coordinadoras locales también empiezan a trabajar con todos los poderes del Estado del lugar, a presentar el Programa, a presentarse ellas como coordinadoras, y a la vez empiezan a hacer un reconocimiento de lo que hay en cada uno de los lugares.

–Exactamente.

–En general, funciona bien. Con la Ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, como coordinamos directamente con el Ministerio de Salud, con el programa nacional, todas las denuncias que no podemos trabajar localmente las trasladamos para trabajarlas con el ámbito nacional. Pero, por ejemplo, en el caso de violencia resulta extremadamente más complejo, porque en cada lugar la resolución es totalmente diferente. Entonces, lo que hacemos –y que nos da muchísimo resultado– es que, cuando hay una denuncia, se presenten con su certificado de coordinadora, su cuadernillo de trabajo y las leyes: la ley local y la ley nacional. Les decimos que vayan con todo eso y que no bien reciban un rechazo de la otra parte a recibir la denuncia, para avanzar con la cuestión, insistan en que es una decisión del gobierno nacional, que esa institución se las va a tener que ver con eso. Y que ante la duda, cuando las aprietan con la cuestión de “bueno, esto no se puede denunciar”, digan “momento, vamos a leer la ley y vamos a ver si efectivamente corresponde o no”. Lo estamos haciendo así y nos está dando resultado, porque las mujeres efectivamente se van organizando y de a poco va cobrando un impacto local.

El Programa es ambicioso y tiene vocación de cubrir el espectro más amplio posible: realizó un par de cortos televisivos (uno, en colaboración con el Incaa, aborda la violencia a partir de una animación de la Ramona y otros motivos de la obra de Berni), extiende sus actividades desde la Cátedra Juana Azurduy “Historia de las mujeres, mujeres en la Historia” que produce sus propios materiales recogiendo la experiencia generada en su mismo marco, y que dio pie a una campaña “Historia, ¿de quién te olvidaste?”, hasta la campaña de salud “Mujeres sanas, ciudadanas libres”, y las de prevención de la violencia de género “8 de marzo todos los días” y “Contra la violencia hacia las mujeres”. Cada una de estas acciones supone la producción de volantes y textos de trabajo, proyecciones de películas y realización de espectáculos, talleres en espacios públicos y radios abiertas... Todo ello, además, gestionado a partir de una base que puede proveer materiales de mano, pero no honorarios por gestión y trabajo: las coordinadoras locales, las talleristas, pueden encontrar un apoyo desde el Programa mismo, pero el resto es ad honorem.

–Hay una cosa fundamental para que pueda funcionar y es que incorporamos a las mujeres como protagonistas, no como beneficiarias: el objetivo es que las mujeres estemos en el centro de la vida social y política de nuestro país. Entonces no consideramos a cada una de las mujeres como una beneficiaria a la que hay que darle respuestas, sino a cada una de las mujeres como una respuesta en sí misma, o al menos como una posible respuesta. Y creemos en la organización, y en el rol promotor del Estado. Porque nuestro Programa tiene que ver con un concepto del Estado muy fuerte, que es que el Estado somos todos, lo tenemos que hacer, todo parte de la experiencia de las organizaciones y de los individuos, de las mujeres en particular en nuestro caso, que tienen que incorporarse a una política de Estado. Con todo esto, que parece un versito pero no lo es, encontramos formas organizativas para que, en cada lugar, el Programa se desarrolle con su propia lógica. Nosotras no tomamos un único modelo, pero sí rescatamos las experiencias de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones sociales, de los trueques..., en los talleres lo rescatamos desde el punto de vista de la participación de las mujeres. Una pregunta clásica cuando empieza un taller es “¿acá alguien participó de la experiencia de los comedores comunitarios?”, “sí”, “¿de los trueques?”, “sí”, “¿de asambleas comunitarias?”, “sí”... “bueno, dentro de esas organizaciones, ¿cuántos eran hombres y cuántas eran mujeres?”. Todas dicen “¡ah!”, “¡oh!”, y ahí cambió el taller.

¿Qué resultados van arrojando esos monitoreos informales?

–El resultado más notable es ver la gran descoordinación que hay en el tema de violencia, la enorme dispersión, la mala resolución que hay muchas veces en las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en la policía. Nos pasa que empiezan a participar, justamente por eso, mujeres policías en nuestro Programa. Ha habido una capacitación del Consejo Nacional de la Mujer en varias provincias, pero cuando se empieza a ver la cuestión localmente, se suman muchas mujeres policías, también hombres. Nosotras también hacemos encuestas, aunque son totalmente exploratorias, no tienen validez porque no hay selección estadística de muestra, etc. Pero de esas encuestas tenemos resultados como la confirmación de que la mayoría de las mujeres, por lo menos las que respondieron, conoce algún caso de violencia: el 70%. Por otro lado, un 70, 80% dice conocer que existen leyes que las protegen, pero cuando empezás a preguntar si saben que pueden hacer una denuncia por violencia psicológica te responden que no lo saben. Es decir, el detalle de las leyes no lo conoce casi nadie, y cuando decimos casi nadie nos referimos a casi nadie de las instituciones, casi nadie de las mujeres que vienen trabajando en el tema..., eso es bien llamativo. Al ver estos resultados, nos damos cuenta de que es necesario hacer una promoción, y también de que son temas que pueden abordarse desde distintos lugares. Otra cuestión que aparece muy marcada es la que se refiere a los anticonceptivos: están en todos los lugares. En general, no parece haber una gran dificultad, salvo con los DIU.

En el futuro inmediato, además de la campaña de prevención de violencia de género prevista para noviembre (el mes, claro, del Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres), el Programa buscará incorporar la capacitación a distancia –internet mediante–, para trabajar fundamentalmente con “municipios, docentes, trabajadores y trabajadoras del Estado; lo vamos a hacer con la Dirección de Modernización del Estado, que depende de Jefatura de Gabinete, y que habitualmente organiza capacitaciones a distancia junto con el INAP –Instituto Nacional de la Administración Pública–”.