Me llamo Lucía, estoy embarazada de cinco meses y desde hace dos me encuentro detenida en el calabozo número 2 de la Comisaría de la Mujer y la Familia, de Don Bosco. Me detuvieron agentes de la comisaría 4ª de Francisco Solano, y me dieron una paliza brutal. Todo el tiempo les rogué que pararan porque estaba embarazada, pero igual seguían golpeándome. Las patadas también se dirigían a mi vientre. Tantos eran los golpes que presentaba, que en la comisaría de Don Bosco se negaban a recibirme. Todavía no me hicieron un control médico especializado, sólo una ecografía que descubrió una línea de sangre en la placenta. Creo que es de los golpes que me dieron en el momento de la detención. Finalmente logré que pidieran un turno en el hospital de Solano, pero no me llevaron porque ese día el presidente inauguraba obras y los patrulleros tenían que estar disponibles para el acto. Quisiera estar en el pabellón de madres de un penal y no en una comisaría, porque en este lugar no sé qué puede llegar a pasar con mi embarazo.” Pese a los riesgos de vida a los que sometieron a Lucía, su hijo nació en abril de 2007, y juntos fueron derivados a la cárcel de mujeres de Ezeiza. Ella agradeció la posibilidad de vivir “en un infierno menor”.

El relato forma parte del Informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires 2006-2007, que presentó este miércoles el Comité Contra la Tortura (CCT), de la Comisión Por la Memoria, en su capítulo sobre el funcionamiento de las Comisarías de la Mujer y la Familia bonaerenses, que desde 2004 alojan mujeres por todo tipo de delitos. Ese año se creó en la esfera del Ministerio de Seguridad la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género, que convirtió a las 23 Comisarías de la Mujer, creadas en 1990, en Comisarías de la Mujer y la Familia. La denominación es por demás sugestiva, desde el momento en que la acompañó un proceso de vaciamiento presupuestario, la disposición de tomar detenidas en esas dependencias y el debilitamiento ostensible de la formación de personal policial con perspectiva de género.

Según el informe del CCT, esta situación generó “la convivencia de dos áreas con funciones específicas y ¿complementarias, contradictorias? dentro de una misma dependencia policial. Por un lado, un área que atiende las denuncias de violencia familiar y abuso sexual, que según su reglamentación evalúa y propone criterios, acciones e instrumentos vinculados a la política de género para implementar en las unidades policiales y verificar el cumplimiento, acorde a la normativa vigente de aplicación. Por otro, un área destinada a alojar mujeres privadas de su libertad”. Cada Comisaría de la Mujer y la Familia depende, de manera directa y única, de la departamental de su distrito, liderada, en la mayoría de los casos, por un hombre. Es el jefe de las comisarías de partido o región el mismo que supervisa, regula y asigna sus presupuestos, y es también quien determina la ubicación de las detenidas en los calabozos de esas dependencias. Con el agravante de que algunas de las relevadas en la investigación, como La Plata, Merlo y Don Bosco, cuentan con la presencia de personal masculino para custodiar a las mujeres.

EL REGIMEN DEL SOMETIMIENTO

En octubre de 2007, la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo alojaba a 16 detenidas; 24 se encontraban en la de Don Bosco, con capacidad máxima para 16 mujeres. Mientras que otras 16 permanecían encerradas en la Comisaría 1ª de la Mujer y la Familia de La Plata. Las tres dependencias, que abarcan los cordones más castigados del conurbano, registran un ingreso sostenido de presas embarazadas. “En las inspecciones que realizó el Comité en estas comisarías se comprobó que el hacinamiento no es el problema principal, sino las condiciones de detención referidas al régimen estricto de visitas familiares, a la imposibilidad de las detenidas de mantener relaciones íntimas con sus parejas, a la ausencia de una atención médica adecuada, que por caso desemboca en la vulnerable situación de las mujeres con vih-sida y las embarazadas. Tampoco acceden a elementos de higiene personal, a canales de comunicación ni a actividades laborales, recreativas y educativas”, detalla la coordinadora del área de género del CCT, Laurana Malacalza. Según el informe remitido por la comisaría de La Plata en septiembre último, la única actividad organizada por el Ministerio de Seguridad para las detenidas es “la asistencia espiritual. Misas”.

Es el mismo régimen que no considera el derecho al ejercicio pleno de la sexualidad. “En las Comisarías de la Mujer y la Familia no está permitido que las mujeres puedan acceder a visitas íntimas –declara el informe–. En los casos en que sus parejas estén también detenidas, pueden solicitar el beneficio de una visita íntima en la unidad penitenciaria donde se encuentre alojada. Los hombres pueden recibir en sus lugares de detención a las mujeres. El traslado de éstas a las unidades penitenciarias con el fin de mantener una visita íntima es parte de las vejaciones que sufren de las fuerzas de seguridad. En muchos casos, agentes de seguridad masculinos son los encargados de realizar dicho traslado, y agentes penitenciarios también masculinos las reciben en las unidades. Todos saben el motivo de sus visitas, y eso les genera todo tipo de burla y humillaciones.” No existe ejercicio posible de la sexualidad frente a la imposibilidad de decidir sobre el propio derecho. “Para nosotras, las relaciones pasan a último lugar. Primero queremos ver a nuestros hijos y después salir a la calle”, explican las mujeres. “Para las detenidas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, el ejercicio de sus derechos sexuales es parte de las prohibiciones y castigos —advierte Malacalza—. La esfera de la sexualidad ni siquiera está regulada por la lógica de premios y castigos que impera en las unidades carcelarias. Es absolutamente prohibida, invisibilizada por las prácticas y reglamentos del Ministerio de Seguridad.”

Cuando se le consultó a la jefa de la comisaría de Don Bosco por la suspensión del traslado de Lucía al hospital de Solano para realizar la visita médica pautada, dijo que “sólo tenemos dos móviles. Los traslados a hospitales no dependen de la Comisaría de la Mujer; salvo que fuera un caso de mucha gravedad, no sale al hospital. La situación de Lucía depende de que la departamental envíe un auto para trasladarla”. El beneficio de la atención hospitalaria pende de una orden judicial que permita salir de la dependencia y de la posibilidad de contar con vehículos y personal disponible para solicitar el turno y efectuar el traslado. No parece redundante aclarar que en estas comisarías no hay personal designado para cumplir con tales funciones.

“En el hospital no me recibieron porque soy una presa”, se lamenta Isabel, que perdió su embarazo al sexto mes. Mientras permaneció detenida en la comisaría de La Plata no recibió atención médica especializada pese a sus reclamos y a la presentación de varios hábeas corpus que fueron rechazados por el Tribunal Criminal N° 1 de La Plata. Sólo cuando su situación ya era crítica la trasladaron al Hospital Gutiérrez, donde le realizaron una ecografía y le informaron que su hijo estaba muerto. Regresó a su celda sin recibir atención médica; no pudo internarse “porque soy una presa, por eso me mandaron de vuelta a la comisaría”. Recién volvió a ser derivada al Gutiérrez cuando llegó la orden del juez, “y allí me tuvieron una semana, esperando que expulsara al bebé. Después me hicieron un raspaje”. Ese mismo día fue trasladada a la comisaría platense. “La atención y el acceso a la salud de las detenidas –remarca el informe– son sumamente deficientes y violatorios de los derechos fundamentales de las mujeres.”

Por lógica, el servicio médico general también es deficitario, no provee atención especializada ni acceso a centros de salud. Ninguna dependencia cuenta con personal médico permanente y sus recorridas son esporádicas, lo que genera mayor vulnerabilidad para embarazadas o mujeres con enfermedades crónicas. “Ninguna de las comisarías donde se encuentran detenidas brinda asistencia ginecológica, psicológica ni odontológica.” Los miércoles son días de visita médica en la comisaría de Don Bosco. El profesional de turno sólo ve a las presas a través de las rejas y les pregunta si están bien. La médica de policía que concurre a la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata limita su control a hacerles levantar las prendas a las mujeres. En caso de acusar alguna dolencia, los únicos medicamentos que habilita son analgésicos.

LOS CUERPOS ANULADOS

En la comisaría de La Plata sus autoridades se enorgullecen de los locutorios vidriados que separan a las detenidas de sus familiares y apenas unen sus voces dos veces por semana, a través de un teléfono. “Logramos que el contacto físico sea nulo”, explicaron con satisfacción a los veedores del Comité. El régimen de visitas no está reglamentado por ninguna disposición ministerial, sólo se regula por antojo de las autoridades de la dependencia policial. La arbitrariedad “genera una constante vulneración de los derechos humanos. La pérdida de contacto entre las mujeres y su núcleo familiar, así como el contacto de las madres con sus hijos”, sostiene el informe. Las requisas de familiares son materia obligada y los niños son revisados, al extremo de desnudarlos si se trata de hijos o nietos mayores, por lo que los adolescentes se niegan a visitar a sus madres o abuelas.

En la comisaría de Don Bosco los encuentros duran media hora, en un pasillo angosto y húmedo que conecta la entrada con las celdas. Para la última Navidad, las familias pudieron reunirse una hora y media en el patio. En La Plata, los hijos menores de 8 años ven a las internas en el pasillo, sólo la mitad del tiempo previsto para la visita, y deben permanecer en las faldas de sus madres para no “provocar” la sanción de los policías. Los nietos de esa edad no tienen derecho al contacto con sus abuelas detenidas. En la Comisaría de la Mujer de Merlo, las visitas no pueden tener contacto físico entre sí, y las detenidas sólo reciben a sus hijos una vez por mes: ese día, los niños pueden ingresar en las celdas y mantener contacto con sus madres.

“En definitiva, cada una de estas prácticas habla a las claras de objetivos de disciplinamiento del cuerpo de la mujer —concluye Malacalza—-. Cuerpos entendidos como objetos, sometidos a una variedad de prácticas violentas en los mismos ámbitos institucionales que intervienen en aquellos delitos que los victimizan. Las pautas abusivas ocurren, entonces, en espacios irónicamente destinados a cumplir una acción social y a prevenir la violencia contra la mujer.”