En enero de 2004, cuando denunció a los jefes de la sección policial Moralidad Pública por extorsionar a una trabajadora sexual, Sandra Cabrera no temía a la muerte, aunque sabía que todos los días se metía con gente poderosa, “pesada”. No era inocente ni temeraria, pero sabía que su única arma era la visibilidad, la denuncia pública, el “escrache”, como ella decía. Pocos días después, el 27 de enero, apareció muerta a pocos metros de la Terminal de Omnibus de Rosario, en la zona donde trabajaba, y también agitaba permanentemente a sus compañeras para que no se sometan a la extorsión de los policías. A cuatro años del asesinato, la impunidad está consagrada: el principal sospechoso, Diego Parvluckzyk, fue definitivamente desvinculado de la causa el 21 de noviembre pasado, por falta de pruebas. “La sensación que tenemos es que el último juez (Alfredo Ivaldi Artacho) no nos creyó, no se preocupó para nada, porque total era una trabajadora sexual”, expresó Claudia Lucero, amiga, comadre y sucesora de Sandra en la organización sindical que integra la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA).

El propio fiscal del caso, Ismael Manfrin, reconoció que la ausencia de un programa de protección de testigos atentó contra el esclarecimiento, ya que no juntaron suficientes pruebas para acusarlo. Y confirmó que no hay otro sospechoso a la vista. “Las circunstancias que rodearon el crimen eran de total ilegalidad”, puntualizó, antes de afirmar: “Hay que ser valiente para testificar en una causa así”.

En cambio, Lucero tiene otra percepción, y es la falta de crédito que dieron en la Justicia a las palabras de sus compañeras. “A una de las chicas que fue a declarar, la Cámara de Apelaciones la trató de confabuladora, y ésa es la sensación que tenemos. Que no pasó nada, porque habían matado a una trabajadora sexual”, dijo la dirigente, indignada por el manejo del expediente. “Lo único que hicieron desde el principio fue investigarla a Sandra, inventarle causas”, consideró.

La asimetría entre el acusado, que era subjefe de la delegación de la Policía Federal de Rosario, y las personas que pudieron verlo durante esa madrugada, cuando recogió a Sandra, era mayúscula. La última compañera que vio con vida a la dirigente nunca se animó a declarar y si bien el primer juez de la causa, Carlos Carbone, salió a la calle a tomar más de 100 testimonios, no alcanzó a desmontar el miedo que paralizó a las mujeres que todos los días se ganan la vida en la zona de la Terminal de Rosario y ponen el cuerpo a la extorsión policial. Si bien ese magistrado no pudo hacerse de pruebas contundentes, consideró que sí había “indicios suficientes” para procesarlo. Pero el abogado del acusado, Carlos Varela, pidió su separación de la causa por prejuzgamiento, y la Cámara de Apelaciones le hizo lugar. Desde entonces, no hubo ninguna prueba nueva para avanzar en la investigación.

El sobreseimiento definitivo del único sospechoso significó, virtualmente, el cierre de al causa. Sin embargo, la dirigente de Ammar, Elena Reynaga, prometió que no se quedará de brazos cruzados. “Hasta ahora no pudimos ser querellantes de la causa por el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que no contempla la representación de las víctimas, pero también porque nos negaban la personería jurídica, que acabamos de obtener”, indicó la dirigente nacional. “Luego de una larga lucha, hoy tenemos la personería. Pero no tenemos a Sandra”, dijo con amargura.

Ahora, Ammar quiere contratar a una abogada que pueda darle impulso a la causa. “Si se pudieron reabrir tantos otros procesos, confiamos en lograr que éste también pueda revisarse”, dijo, y apuntó directamente al poder político de la provincia. “Confiamos en las nuevas autoridades, en el gobernador Hermes Binner, en su sinceridad y honestidad, para que realmente se haga justicia con Sandra”, expresó. El escollo es grande, ya que Parvluczyc no puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito.

“La causa podría reabrirse si aparece algún elemento importante como prueba. Pero Parvluckzyk quedó definitivamente sobreseído, contra él no se puede hacer más nada”, reconoció la diputada provincial Alicia Gutiérrez, que integró la Comisión Investigadora del crimen. Para la legisladora, el principal problema para avanzar en la investigación fue “el temor de los testigos fundamentales o quienes podían dar testimonios”. La Comisión tomó declaraciones a distintas personas que vieron a Sandra esa noche. “Realmente yo percibí que la gente que podía tener elementos se abstuvo de declarar por temor a represalias. Algunos testigos, como la mujer que atendía el quiosco donde vieron por última vez a Sandra, evidentemente tenían más datos, y no los aportó. Tampoco las compañeras de Sandra, sobre todo cuando empezaron a difundir que vendía droga, porque significaba investigar a la víctima”, razonó Gutiérrez, quien atribuyó el silencio a “al temor, ya que las mujeres trabajaban en el mismo lugar, tenían que encontrarse con los mismos policías”.

Para Gutiérrez, el asesinato de Sandra Cabrera fue “uno de los hitos de la impunidad en la provincia de Santa Fe”. Justamente, la actual secretaria general de Ammar Rosario recordó que la investigación de la causa nunca se centró en “qué hacía la policía, qué pasó con los boliches que Sandra hizo cerrar y los efectivos que hizo destituir. Ahí empezaron las amenazas contra ella. Y además, esos policías siguen en actividad”.

Es que las denuncias de Sandra provocaron el cierre de confiterías en las que trabajaban menores, así como la separación de policías por pedir coimas. Los más notorios fueron Javier Pinatti, entonces jefe de Moralidad Pública, y el subjefe Walter Miranda.

La muerte de Sandra precipitó la disolución de esa área policial, cuya principal actividad era la extorsión a las trabajadoras sexuales y sus clientes. Pero las demás promesas del entonces gobernador, Jorge Obeid, quedaron en la nada. Porque sigue vigente la principal herramienta de los efectivos: los tres artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución escandalosa, el travestismo y el ataque a la moralidad. “Hubo distintos proyectos y no logramos nunca que se derogaran los artículos del Código de Faltas”, apuntó Gutiérrez.

Pese a las declamaciones, la recaudación ilegal de la policía se defendió con uñas y dientes. Pero la organización sindical –que inició Sandra– permitió mover un poco el foco. “Ahora no extorsionan tanto a las chicas sino al cliente, como lo hicieron toda la vida. Antes, cuando vos no les dabas plata, lo seguían al cliente y se la sacaban. Y eso sigue. Por eso, cuando la gente pregunta adónde está la policía, yo les digo que vayan a la zona roja, ahí están todos”, apuntó Lucero.

Que la impunidad sea un hecho no significa que las compañeras de Sandra se queden de brazos cruzados. Desde Ammar nacional prometen batallar y recuerdan su importancia como dirigente. “Denunció la trata de personas cuando muy pocas voces se animaban a hablar del tema. Defendió a las trabajadoras sexuales del mayor proxeneta, que es la policía, hasta las últimas consecuencias”, apuntó Reynaga, quien consideró que “a Sandra la asesinaron, pero no murió. Vive en la lucha de cada compañera que se pone de pie y se organiza para cambiar tanta desigualdad e injusticia”.