Mientras su mamá la bañaba, V se tocó los genitales y le dijo que por ahí era, que en esa zona de su cuerpo “el pito de papá” la lastimaba. Esto fue en agosto de 2003. Actualmente V tiene 7 años, desde fines de noviembre no vio más a sus amigas ni a sus hermanos ni a sus juguetes. La cambiaron de escuela. Y ya no puede abrazar a MDV, su mamá, todos los días. Porque fue entonces cuando después (y a pesar) de todo, un fallo judicial le otorgó su tenencia al mismísimo padre de V, al “presunto” abusador, que se llama GFP y conoce bien los puntos flacos de la ley: es abogado.

Entre aquella confesión y hoy, pasaron muchas cosas. Primero, D corre con su hija a un sanatorio donde le certifican “lesión vaginal y anal, prolapso, micosis”. Luego, por supuesto, denuncia a su ex por violación, acusación que los peritos que actúan en estos casos avalan. Pero éstas no resultan pruebas suficientes para encontrarlo culpable. Ni las cicatrices en el cuerpo ni la confianza de las voces autorizadas. El acusado queda sobreseído.

Si bien judicialmente se reconoce que V es agredida, no se precisa quién es el victimario ni se piden nuevas pruebas. Luego, todo intento por hallar justicia sigue los carriles formales pero se corrompe por arbitrariedades y omisiones: mientras V declara la interrumpen, a la madre le niegan la compañía de su abogado... Y así. Ejemplos que conducen, principalmente, al incumplimiento de la Convención sobre de los Derechos del Niño —que exige que sean escuchados/as por la Justicia—, y a la Cedaw, que prohíbe todo tipo de discriminación contra la mujer. También se violan otras leyes, como una que obliga a los asesores de menores a intervenir a favor de las víctimas.

En medio de semejante panorama, MD hizo lo que tenía que hacer: proteger a su hija. Los abogados llaman a ese hecho “actuar en estado de necesidad”. La madre consideró que era un peligro quedarse en su casa, y provisoriamente encontró refugio en la casa de una amiga. Fue entonces cuando FP, el “presunto” abusador, creyó tener argumentos para reclamar la tenencia de V. Un juez de apellido Güiraldes (del Juzgado Nacional Civil Nº 56) le dio la razón: ordenó su “secuestro judicial”, concretado en noviembre pasado.

“A la madre se la podría haber culpado, en el peor de los casos, de obstaculizar las visitas, pero jamás sacarle la tenencia —sentencia el abogado Fernando Sorrentino, de Casadin, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño—. En un país que se compara, como decían hace unos años, con el nivel económico de Bruselas, están pasando cosas con niños, niñas y adolescentes propias de la dictadura. El Poder Judicial viola, además, los derechos de la mamá. Hay una formalidad jurídica que se aparta de la ley y convalida una apropiación ilegal.”

Por eso hoy, 28 de marzo, marchan los familiares de V para hacer visible el caso, y piden a los medios que ayuden con el escrache. Se reunirán a las 10 de la mañana frente a Tribunales. Por la restitución de V, contra el abuso sexual y para pedir juicio y castigo a los abusadores. Cuánta será la desesperación: les sirve la ayuda de muchos de los mismos medios que reproducen los prejuicios que ahora se les vienen encima, como el que sostiene que las mujeres denuncian violencia para apurar trámites de divorcio, mejorar la cuota alimentaria o negarles caprichosamente a hijos e hijas el derecho de estar con sus papás.

Son muchas las instituciones que acompañarán a MDV. Como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Red Alto a la Trata y al Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes. En su nombre, allí estará la hermana Martha Pelloni. “La madre de V ha sido escuchada, pero no tenida en cuenta. Desde entonces estamos golpeando puertas. Yo misma he ido a Tribunales a expresar mi apoyo —cuenta Pelloni a Las12—. Es un escándalo lo que está viviendo la Argentina. Todos los días recibimos mails sobre abuso, violencia familiar y trata. No solamente miramos para otro lado y no nos comprometemos, sino que la Justicia es corporativa en estos casos. Por favor, esto ponelo bien fuerte porque es así.”

“La Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que los niños y niñas tienen derecho a ser oídos. ¿Hay correcta escucha de jueces y juezas? ¿Tienen capacidad para hacerlo? ¿Deben, con su limitado saber jurídico, hacerlo? ¿Qué saber tienen integrantes del Poder Judicial respecto de estos temas interdisciplinarios? En general: ninguno. ¿Qué saben de los avances producidos por las mujeres, en cuanto a los derechos de sus hijos e hijas? ¿Qué autocrítica hace ese Poder respecto de estas situaciones? Sólo aisladas y brillantes figuras”, analiza la abogada Viviana Vladimirsky, directora del curso Derecho y Género de la UBA. Y relaciona: “Romina Tejerina no estaría presa, el violador libre, y los padres abusadores conviviendo con sus hijos o hijas si el sistema de In—Justicia trabajara interdisciplinariamente y los principales operadores del derecho escucharan a los colaboradores”.

MD sigue adelante. Actualmente denuncia al padre de V de abusar sexualmente de su hija, de impedir el contacto entre ambas y de desobedecer a la Justicia. No es todo. Acusa al Estado argentino —lo acaba de hacer, ante la OEA— de denegarle y retardar la Justicia, le pide por la salud de Valentina y por reencontrarse con ella. Porque no hay ningún motivo para que estén separadas.