En septiembre de 2006 el gobierno de Michelle Bachelet aprobó las Normas Nacionales sobre Regulación de Fertilidad, que contemplan una serie de medidas destinadas, en parte, a reducir el embarazo adolescente. Entre ellas se prevé la entrega obligatoria de la “píldora del día después” y de métodos anticonceptivos a partir de los 14 años, sin necesidad de consentimiento de los padres y previa orientación del personal de salud. Desde entonces, la derecha arremetió por distintos flancos para desbaratar la iniciativa del gobierno. Como los consultorios dependen de las municipalidades, las alcaldías gobernadas por el conservadurismo encontraron en su ámbito de poder la primera brecha para burlar la medida. Alcaldes y alcaldesas de la Alianza por Chile, la coalición de derechas opositora al gobierno, se negaron a distribuir la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). Paralelamente, parlamentarios de ese sector presentaron un recurso de inconstitucionalidad de las Normas, lo que condujo a que el Tribunal Constitucional (TC) se abocara durante más de un año al análisis del requerimiento. La sangre llegó al río cuando, en los primeros días de abril, circuló públicamente un anticipo del contenido del fallo. De acuerdo con esta versión, por 5 votos contra 4, el TC acogería el requerimiento del grupo de diputados autodenominados pro vida en lo referido a la distribución de la píldora, pero también de todas las pastillas que dan los consultorios, la “T de cobre” (DIU) y los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres/madres. Finalmente, en la versión difundida oficialmente, el fallo sólo afecta la distribución de la “anticoncepción hormonal de emergencia”. Sin embargo, desestima la solicitud de los parlamentarios de declarar inconstitucionales las normas sobre los DIU y las otras medidas. ¿Qué pasó en el medio?

LA MARCHA ATRAS DEL TRIBUNAL

“No sabemos qué llevó a los miembros del Tribunal Constitucional a adelantar el fallo, ¿será que quisieron hacerlo coincidir con la Conferencia Episcopal?, ¿pensaron que en medio de la destitución de la ex ministra pasarían coladitos? Elíjalo usted mismo-a. Nosotras-os reconocemos su Derecho a Decidir”, provocaba la campaña organizada a través del blog movimien toanticoncepcion@blogspot. Cierto es que el anticipo del fallo permitió organizar múltiples acciones, virtuales y reales: marchas, campañas vía blog, e-grupos, convocatorias por facebook, difusión de artículos, informes y demás. En el espacio virtual no sólo se multiplica la información, también el entusiasmo carga las pilas.

A diferencia de la tardía reacción de gran parte de la ciudadanía chilena, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile alerta desde hace varios meses respecto de las catastróficas consecuencias que podría tener un retroceso en las políticas de salud sexual y reproductiva. Un informe presentado a los miembros del TC expone el posible colapso del sistema público de salud en caso de prohibir los dispositivos interauterinos y las pastillas anticonceptivas y demuestra con datos duros cómo los abortos podrían llegar a superar los nacimientos. La Universidad de Chile, única institución convocada por el TC a alegar en calidad de perito científico, destaca que los resultados de las políticas de salud pública se reflejan en la disminución de la mortalidad materna y neonatal a tasas ejemplares para la región. Según trascendidos, estos datos habrían sido decisivos para que el TC no acogiera los recursos interpuestos frente al DIU y las normas sobre confidencialidad en la orientación y consejería a menores de edad.

ANTE LA DUDA, EL TC NO TE AYUDA

El eje principal en que se centró el debate en si la píldora es o no abortiva. Quienes consideran que éste es el quid de la cuestión pretenden dilucidar si actúa inhibiendo la ovulación o bien sobre el óvulo ya fecundado, impidiendo que anide. Las divergencias al respecto habrían dado fundamento al fallo del TC, que señala que dado que existe una duda razonable sobre el efecto de la píldora de anticoncepción de emergencia y considerado que el artículo 19 Nº1 de la Constitución protege la vida por nacer, se prohíbe la distribución del fármaco en el sistema público.

Lejos de ofrecer perspectivas para un debate científico o ético de algún vuelo, la mayoría de los artículos publicados en estos días con relación a la PAE pone en burda evidencia a qué sector tributa el lobby de cada medio. “Gracias, mamá, por darme la vida. No más píldora del día después”, palabras puestas en ¿boca? de un embrión. La imagen ilustra una nota de El Mercurio. El artículo, publicado el 20 de abril, se titula “La ciencia y el efecto abortivo de la píldora del día después” y alude a un informe de la Universidad Católica. No se menciona ningún otro informe ni se concede que pueda existir otro punto de vista.

“La ley protege la vida del que está por nacer”, afirma la Constitución chilena. Sin embargo, el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, señala que ya en 1978 juristas que integraban la Comisión Constitucional entendían que esa norma no significaba prohibir, en términos absolutos, la interrupción del embarazo. Ya hace 30 años, aquellos juristas apuntaban a que la relación entre un embrión preimplantacional y un ser humano adulto era un asunto que la religión podía saldar sin problemas, pero no una regla constitucional. Para Lorena Fries, abogada y presidenta de la Corporación Humanas, “los problemas más graves del fallo son, en primer lugar, que miembros del TC ya se habían pronunciado públicamente sobre la PAE y no se inhabilitaron; segundo, que no se hayan tomado en cuenta los derechos fundamentales, sino las creencias sobre estas cuestiones, porque incluso frente a la ‘duda razonable’ lo que corresponde es que cada persona decida en conciencia y no que se prohíba”.

MODELITO DE FAMILIAS

¿Cuál es el criterio que debe prevalecer en la elaboración e implementación de una política pública? Aburre e indigna seguir escuchando a referentes políticos que aluden a sus propias elecciones religiosas, situaciones familiares o personales como fundamento de una decisión atinente a las políticas de Estado. Alcaldes, alcaldesas y parlamentarios se jactan de conversar con sus hijas e hijos sobre situaciones en las que se podría recurrir a la tan mentada píldora. De pronto nos enteramos de que en los hogares conservadores, las adolescentes relatarían a sus padres en amena reunión familiar que han retozado con sus “pololos” sin protección y solicitan su comprensivo consejo respecto de qué medidas tomar. Aun cuando estos envidiables niveles de comunicación familiar fueran ciertos, sus protagonistas olvidan que no se gobierna ni legisla desde y en virtud de su dichosa situación personal. Tampoco faltan quienes se enorgullecen de consultar con sus esposas o con Dios –menudo asesor–. Por fin, la ministra Soledad Barría en un programa de actualidad política del domingo 27 pasado, ante la presión de un periodista para que exprese su posición frente al aborto, zanjó la cuestión: “No importa lo que yo piense. Soy ministra de Estado, no estoy para exponer opiniones personales”.

EL MERCADO SE MIRA Y NO SE TOCA

Como el fallo no se pronuncia sobre la comercialización de estos productos farmacéuticos, se sobreentiende que todos ellos, píldora incluida, pueden adquirirse en las farmacias. Que la distribución privada sea inocua y la pública dañina es un círculo difícil de cuadrar. “El fallo genera una discriminación ipso facto, ya que la propia resolución atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, señala Lorena Fries. Una medida de este tipo profundizaría las inequidades que marcan a este Chile que, aunque se publicite como la casa rica en el barrio pobre de nuestra región, sigue siendo uno de los países con mayores brechas en la distribución del ingreso de Latinoamérica. Así como los sectores privilegiados acceden a abortos en consultorios o clínicas cinco estrellas que contrastan brutalmente con los ramitos de perejil de las pobres, quienes cuentan con recursos podrán comprar la píldora en las farmacias, a diferencia de quienes se atienden en consultorios y hospitales públicos. Otra vez sopa.

UN HUEVO NO ES POLLO

Entre quienes están a favor de la distribución de la PAE, muchos fundamentan su posición en que ésta no sería abortiva. Sin embargo, no todos acuerdan con llevar el debate a estos territorios. Desde el feminismo, las reivindicaciones pasan por otros carriles, aunque las mejores razones tal vez no coincidan con lo que parezca la mejor estrategia. Lo que está en juego es el derecho a decidir de cada mujer. Evidentemente, este debate abre la puerta a otro aún censurado en Chile: la despenalización del aborto. En el 2006, la Cámara de Diputados cerró la posibilidad de siquiera debatir el tema. Cecilia, estudiante de obstetricia de 21 años, comenta en medio de la marcha de repudio al fallo: “Personalmente me da lo mismo en qué preciso instante actúa la píldora, pero si lo dices, enseguida lo malinterpretan como que no te importan las guaguas. Una estupidez. Estamos por la maternidad voluntaria.

El escritor Pedro Lemebel se distancia años luz de los complejos detalles médicos o jurídicos que entran en juego cuando se debate sobre el comienzo de la vida humana, pero demuestra su cercanía a la realidad de miles de mujeres cuando resume la polémica en pocas palabras: “Un huevo no es pollo” y declara su complicidad “con la libertad del cuerpo de la mujer y sus decisiones de supervivencia”.

ESAS SOTANAS, FUERA DE MI CAMA

¿Qué hacen entretanto la derecha y los sectores más cercanos a la Iglesia? Deslizan columnas en los periódicos, insisten con los embriones parlantes y, según señala Natalia Díaz, una de las principales activistas del Movimiento por Defensa de la Anticoncepción, va copiando iniciativas: si el Movimiento organiza marcha, ellos hacen marchita; si unos escrachan a los parlamentarios autoproclamados pro vida, aquéllos les envían cartas de apoyo, y así sucesivamente.

Como contracara del conservadurismo más recalcitrante, grupos de católicos impulsan una curiosa iniciativa llamando a la “apostasía masiva”. Esta reúne a las personas interesadas en renunciar a la Iglesia Católica y piden ser retiradas de sus registros “porque no estamos dispuestas/os a que las creencias e intereses de unos pocos rijan a la mayoría”. Hasta el lunes 28, el grupo reúne unas 900 firmas.

REPENTINA SOLIDARIDAD

El adelanto del contenido del fallo en su versión más dura fue altamente positivo para sacudir a una opinión pública un tanto adormecida. La medida es claramente impopular. Tan es así que no son pocos los políticos de la coalición de derecha que expresan su desacuerdo. “La píldora es un tema de igualdad”, declara Karla Rubilar, médica y diputada del partido de centro-derecha Renovación Nacional. En sentido similar, el alcalde de la comuna de Estación Central, perteneciente al sector más conservador de la Alianza, señala que intentaría seguir distribuyendo la PAE e incluso financiándola en su comuna. Las desmarcaciones de las propias filas derechistas sorprenden por la repentina sensibilidad, o bien permiten intuir un tufillo oportunista en el viraje de los mismos sectores que impulsaron la intervención del Tribunal.

LA MAÑANA SIGUIENTE

Sin duda, entre las consecuencias más valiosas que provocó el fallo, se cuenta la instalación del tema en la ciudadanía. La marcha del 22 de abril convocada en repudio de la decisión del Tribunal Constitucional reunió a 15.000 personas en Santiago, además de manifestaciones desde Antofagasta hasta Punta Arenas que sumaron unas 35.000 personas en todo el país. Entre el revuelo provocado se destacan varias encuestas de opinión realizadas sobre la base de muestras representativas y métodos científicos. Sólo por citar un ejemplo de varios sondeos que arrojan resultados similares, según la encuesta realizada por Ekhos y publicada en el diario La Nación del 27 de abril sobre una muestra de 900 casos representativos de Santiago, el 75 por ciento de los jóvenes encuestados no está de acuerdo con el fallo, mientras que el 84 por ciento se manifiesta “enojado pues es un atentado a la libertad ciudadana”.

La polémica que se anticipa ahora es si el fallo impide o no la venta en las farmacias y la prescripción médica del fármaco. Cabe aclarar que la PAE se seguirá distribuyendo a mujeres violadas, porque esa norma es anterior a la impugnada. Más allá de ello, la ministra de Salud reiteró que el tema de la distribución masiva aún debe estudiarse y que el dictamen sólo considera inconstitucionales las normas que obligaban a los organismos del Estado a entregar el anticonceptivo de emergencia, pero no hace referencia a su venta. Esto significa que los municipios podrían recetarla –también a menores de edad–, pero no entregarla. Sin embargo, podrían distribuirla a través de ONGs o entidades no estatales. También se ha mencionado que los municipios podrían venderla a un valor simbólico de un peso, pero ¿hasta qué punto es posible buscar estos atajos sin burlar o debilitar la institucionalidad chilena? En opinión de Lorena Fríes, buscar estos resquicios implicaría “algún grado de desacato de fondo, pero formalmente se cumple con todo lo que se permite. Sucede que la práctica de distribución, control y regulación de la fecundidad en Chile es tan fuerte históricamente que, en definitiva, el que queda deslegitimado es el TC antes que el Estado”.

Por una u otra vía, todo indica que se encontrarán los canales para distribuir la PAE. Con la batalla antipíldora, la derecha parece haber lanzado un boomerang que, en su retorno, aggiorna la agenda política del país. Los cimbronazos sociales y políticos de estos días dejan un balance por demás positivo para quienes estamos a favor del derecho a la vida y a decidir de las mujeres.

* Directora de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Chile.