En minutos, la casilla de correo electrónico de la diputada provincial Laura Berardo estalló: unos 150 e-mails la acusaban de promover la castración, “como a perros y a gatos”, según algunos de los textuales que leyó azorada. Quienes le remitieron tales enguisados son integrantes de organizaciones provida, alarmadas por su proyecto de difusión de la Ley Nacional 26.130, de Ligadura de Trompas y Vasectomía votada hace dos años, y que encrespa los ánimos de la jerarquía eclesiástica. La polémica culminó en desafío la semana pasada, cuando la propia Berardo, acompañada por sus pares Marta Medici, Liliana de Leo y Sandra Cruz; la coordinadora provincial del Programa Nacional Juana Azurduy, Verónica Catinari, y referentes de organizaciones feministas se plantaron en las escalinatas de la legislatura bonaerense exigiendo el cumplimiento de la norma. La jornada sirvió para arrancarle al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, una promesa de audiencia con el ministro de Salud, Claudio Zin, de quien hasta el momento las legisladoras no obtuvieron ni un buenas tardes.

El gesto es alarmante, si se tiene en cuenta que el ex columnista televisivo y radial y actual funcionario y el gobernador Daniel Scioli sí tuvieron la deferencia de reunirse a mediados de abril con 17 obispos que manifestaron sin anestesia su “preocupación” por la existencia de un proyecto de ley “que promueve la esterilización quirúrgica”. Más preocupante aún es que Zin les respondiera “éste es un gobierno de posición provida” y que más tarde, en sintonía, el director de Culto, Enrique Moltoni, advirtiera que “el gobernador pidió que se hicieran las averiguaciones correspondientes en la Legislatura y el proyecto fue retirado”.

La misma celeridad con que la Cámara de Diputados bajó la iniciativa de Berardo fue aplicada días atrás para aprobar sobre tablas y con mayoría una transferencia “a título gratuito” al obispado de Lomas de Zamora, de un inmueble ubicado en ese distrito. “Resolví abstenerme de votar por la sospechosa velocidad de las cosas, y aproveché para quejarme por la falta de respaldo que estamos teniendo en esta legislatura en términos de garantizar los derechos sexuales de mujeres y jóvenes.”

Por estas horas, lo que más la inquieta son las declaraciones de Moltoni, publicadas en el diario La Nación. “Son dichos peligrosos, porque ponen en duda la independencia de poderes y el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia.”

Acostumbrado a que las arenas de la salud sexual en la Argentina obligan a un continuo barajar y dar de nuevo, “el bloque femenino” de la diputación bonaerense entregó al Ejecutivo provincial y al presidente de la Cámara baja, Horacio González, una declaración crítica sobre la posición de la Iglesia Católica contra la aplicación de legislación en derechos sexuales, acompañada por unas 300 firmas, entre ellas las de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo.

La iniciativa que quita el sueño a las eminencias eclesiásticas propone una campaña de difusión masiva de la ley 26.130 en todas las instituciones de salud y de educación públicas o privadas de la provincia de Buenos Aires, para informar a la población sobre los requisitos, naturaleza e implicancias para la salud, además de “las posibilidades de reversión, los riesgos y las consecuencias que atañen a las prácticas mencionadas”. A propósito, el Ministerio que comanda Zin retiró de su sitio oficial los textos del protocolo de aborto no punible y la resolución sobre ligadura de trompas y vasectomía. El Programa Materno Infantil de la provincia abarca a 2.200.742 mujeres en edad fértil “no comprometidas dentro de las adolescentes” y a 2.394.429 adolescentes de entre 10 y 19 años. Al volumen de las cifras debería precederlo el Subprograma de Salud Sexual provincial, pero por el momento esta página tampoco se encuentra disponible.

Para la legisladora, “el problema excede la posición partidaria. Aquí hay cuestiones ideológicas y culturales, por eso es necesario sostener el debate. Pero el Estado no puede hacerse el distraído: aunque escuche a todos los sectores, tiene la obligación de cumplir la ley”.

–¿Cuáles fueron las principales objeciones de los obispos que asistieron al encuentro en la gobernación?

–La excusa es su preocupación por conocer los contenidos en materia de educación sexual que van a darse en las escuelas, cuando en realidad pretenden condicionar que se implemente cualquier tipo de información sobre sexualidad responsable en esos establecimientos. Quieren que el Estado provincial se limite a proveer a la población de métodos naturales. En definitiva, la Iglesia hace lo que hizo siempre: incidir en el acceso igualitario a la información, que tiene que ver con la prevención.

–¿Qué señales está dando la Legislatura con respecto al proyecto de difusión de la ley?

–Ninguna. Hasta el momento, la única respuesta es que hay que estudiarlo un poco más y generar mayor consenso hacia adentro de la Cámara de Diputados.

Antes de sancionarse la norma que posibilita el acceso libre y gratuito a intervenciones quirúrgicas anticonceptivas en los servicios del sistema de salud, la ligadura tubaria sólo se realizaba en pacientes que corrieran riesgo serio de salud o vida en un embarazo futuro. A partir de 2007, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires comenzaron a realizarse un promedio de nueve ligaduras al mes, a mujeres mayores de 30 años, o a las que tuvieran cinco hijos o más, aun siendo menores de esa edad. Es destacable que en la práctica privada, donde se asiste al polo social de mayor poder adquisitivo, las solicitudes de esterilización son, en porcentaje, similares a las que llegan a las consultas hospitalarias.

“Es fundamental difundir los contenidos de la ley para ayudar a reducir el número de embarazos no deseados y a partir de esto el aborto ilegal y sus consecuencias”, concluye Berardo. “Por eso debemos dar la discusión profunda: para que las mujeres no entren en riesgo de muerte, para que abordemos el cuidado de la salud sexual en forma integral y para tener el poder de decidir sobre nuestros cuerpos.”