Suele operar por espasmo: cuando un delito sexual en particular resulta especialmente público (por la saña, por la aberración, por los antecedentes del violador y la indefensión extrema de su víctima; por el uso que se hace de esa información), la reacción no se hace esperar. En los últimos años, a la batería de declaraciones compungidas, promesas de acompañamiento a la víctima y su familia, y las consabidas palabras duras acompañadas de expresiones de deseo de justicia eterna (“que se pudra en la cárcel, que nunca salga, que no pueda volver a hacerlo”) que suelen pronunciar autoridades y referentes de opinión pública, se viene sumando otro ingrediente: la promesa de un registro que dé cuenta con nombre, apellido y señas particulares (inclusive genéticas) del autor del crimen.

No pasa solamente este año, en estos días, a poco más de dos semanas de que las Madres del Dolor y familiares y vecinos de Coronel Dorrego (donde ocurrió la violación y el posterior intento de asesinato de Rocío, la niña que todavía se encuentra internada en el Hospital Garrahan) reclamaran en una marcha pública ante el Congreso Nacional la pronta sanción de la ley que cree un Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

En junio de 2004, el Concejo Deliberante de Río Cuarto (Córdoba) aprobó la creación de un Registro Regional. Por entonces, en la capital de la provincia se reportaban, uno tras otro, casos de mujeres víctimas de un violador serial. En noviembre de ese mismo año, el legislador porteño macrista Helio Rebot presentó un proyecto de registro para la ciudad de Buenos Aires; preveía publicar en el sitio web de la ciudad los datos personales de los condenados por delitos sexuales. En diciembre de ese mismo año, cuando aún era gobernador de Mendoza, Julio Cobos firmó un decreto por el cual se creaba en la provincia el Registro de Defensa de la Integridad Sexual (“un mapa de violadores al que tendrán acceso miembros de la Justicia o referentes autorizados de barrios o comunidades educativas o religiosas”). En 2005, la legislatura tucumana aprobó un proyecto que creaba un “registro de condenados por delitos de índole sexual, que consiste en un relevamiento de aquellas personas que hayan sido condenadas por ataques sexuales”. El destino de esa información no quedaba claro. En abril del 2006, la diputada nacional Vilma Baragiola presentó un proyecto para crear el “Registro Unico de personas condenadas por delitos sexuales”. (Para “proteger a la sociedad de condenados que, al ser liberados, lleven en sí una gran carga de posibilidades de reincidir, además de contar con una herramienta más en la lucha contra el delito”.)

En junio de 2006, la Legislatura de Neuquén hacía lo propio para llevar la cuenta de los condenados por la Justicia local, y hacia fines de agosto del mismo año se presentó en la Legislatura provincial de Chubut un proyecto para crear el “Registro de Defensa de la Integridad Sexual” (Redis), que almacenaría datos personales y físicos, fecha de condena y pena recibida, antecedentes procesales “valorativos de su historial delictivo”, de los condenados por delitos sexuales. Los legajos también contendrían registros genéticos. Como demuestra la polémica que, durante estos días, agita a las y los diputados de la comisión de Asuntos Penales, la enumeración no agota los casos ni alcanza a describir la velocidad con que el debate se extingue en cuanto el tema de moda es otro. Declaraciones más o menos bienintencionadas son lo que sobra; difícilmente podría decirse lo mismo de políticas de largo plazo. En todo caso, todavía está por verse de qué han servido los diversos intentos y escasos registros efectivamente creados. Todavía, por otra parte, parece no cuestionarse de manera orgánica y sistemática qué podría hacerse, desde el mundo legislativo, para imprimir una perspectiva de género a la administración de justicia.