Esta semana, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados firmó el dictamen en el cual se llegó a un acuerdo: los cerca de ocho proyectos diferentes (aunque similares, en algunos casos algunos detalles hacían que los planteos y los supuestos fueran radicalmente otros) terminaron por confluir en un único proyecto de Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

La nueva iniciativa cuenta con las firmas positivas de Nora César, Nora Ginzburg, Diana Conti, Beatriz Halak, Paola Spátola, María Angélica Torrontegui, Oscar Massei, Eugenio Burzaco, Hugo Perié, Héctor Recalde, Juan Carlos Vega (en disidencia parcial, aunque aún no ha sido fundada), Pedro Azcoti, Carlos Kunkel, Rubén Lanceta y Felipe Solá.

De acuerdo con el texto de consenso, el Registro –que funcionará bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación– tendrá por finalidad reunir información sobre personas con condena firme, en cualquier jurisdicción del país y se sustenta en “la necesidad de mejorar las actividades de prevención e investigación de delitos contra la integridad sexual, respetando los derechos existenciales del condenado”. En cada uno de los casos, se dispone que el tribunal responsable de la sentencia ordene, “como pena accesoria”, la constancia de una ficha básica: nombre y apellido de la persona condenada y sus padres, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y estado civil, documento de identidad (y también número de registro fiscal), domicilio legal y real; teléfonos, correos electrónicos y sitios web (“o cualquier otro sitio digital que haya tenido hasta el momento de la comisión del delito, describiendo en estos casos el contenido de los mismos”); grado de instrucción; fotos actualizadas (rostro y cuerpo entero), además de descripción física que incluya “señas particulares”; condenas anteriores (y tribunales que intervinieron), hayan sido en Argentina u otros países; profesión, empleo, oficio u ocupación (“identificando el domicilio en donde desempeña sus actividades”); fecha y lugar del delito por el cual se lo condena, además de fecha de iniciación del proceso y especificación de condena y delito; huellas dactilares, y registro de ADN “no codificante”.

El proyecto también prevé que el Registro se actualiza cada dos meses, y que cada uno de los condenados cuyos datos pasen a formar parte de él tenga la posibilidad de, a pedido del juez, ser evaluado por un equipo profesional “en la procura de un tratamiento psicoterápico de contención y esclarecimiento”. Sin embargo, la decisión de realizar el tratamiento será “opción libre del condenado”, y en caso de realizarse será brindado en forma gratuita y efectiva. La compilación de sus datos sólo cesará con la muerte del condenado.

De aprobarse finalmente en la Cámara, el Registro, tal como está formulado, también prevé un registro de información genética correspondiente a autores de delitos no identificados, para lo cual se solicitaría al Ministerio de Justicia la comunicación pertinente “a los servicios de ginecología de todo centro de salud, sea público o privado, y a las fuerzas de seguridad, sobre la importancia de conservar el registro de material genético obtenido” de víctimas de delitos contra su integridad sexual.

El futuro del proyecto depende de la Comisión de Justicia, presidida por Luis Cigogna, y de la de Presupuesto y Hacienda, cuyo presidente es Gustavo Marconato.