En lugar de la necesaria discusión sobre la legalización del aborto, es decir, del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la sociedad argentina parece un cangrejo, y en los últimos meses se ponen en discusión temas ya superados, como las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal. Los abortos no punibles son objeto de una avanzada de sectores conservadores, que llegaron a meterse de prepo en la habitación de una niña de 12 años para convencerla de que no interrumpiera su embarazo, el año pasado en Mendoza. Esta semana, en el hospital Regional de Santiago del Estero, le hicieron un aborto a una chica de 22 años, con una discapacidad severa, que la ubica en una edad mental de 2. El debate previo incluyó la oferta de un abogado para adoptar al niño, publicada por el diario más importante de la provincia, y melodramáticas apelaciones a la familia de la joven. Sin embargo, la integrante de la comisión de Articulación de la Campaña por el Derecho al Aborto y referente en aquella provincia, Silvia Borsellino, hace un análisis más complejo y optimista. Para ella, es inconcebible que “los médicos desconozcan de esa manera el artículo 86 del Código, que es de aplicación en el sistema público”. El Ministerio de Salud de la Nación nunca hizo efectiva la guía técnica para estos casos, elaborada durante la gestión de Ginés González García. Pero la activista de la Campaña también cree que es notoria la “mayor apropiación que hacen muchas mujeres de sus derechos. Y la herramienta que significa la Campaña. En este caso, fue la propia familia la que vino a buscarnos para que la ayudemos, con una gran convicción”.

Borsellino consideró que sin la participación de la Campaña, las historias de estas chicas no se conocerían, y pasarían a engrosar la lista de muertes maternas, como ocurrió con Ana María Acevedo, la chica santafesina que falleció a los 20 años, de un cáncer en la boca para el que no recibió ningún tratamiento porque los médicos se negaron a practicarle el aborto terapéutico. Borsellino cree que el acceso al derecho se garantiza por la decidida acción de la Campaña. Y la puesta en debate público de situaciones que no debieran ser discutidas se debe a la reacción de los sectores conservadores ante la presión de la Campaña. “Hay un bache, una falencia muy importante de las políticas públicas, porque no se establece claramente un protocolo para realizar los abortos no punibles sin que trascienda”, puntualizó.

También recordó que ante el temor a la condena social de los médicos del sistema público santiagueño, ella misma propuso apelar a la opinión pública, y pese a la fuerte toma de posición negativa al aborto del diario El Liberal, el resultado fue contundente: un 76 por ciento de los lectores consideró justo que se interrumpiera el embarazo. En ese caso, los médicos también debieran recordar el antecedente insoslayable del fallo del juez correccional de Santa Fe, Eduardo Pocoví, que el año pasado procesó a los médicos que se negaron a realizarle el aborto terapéutico a Ana María Acevedo, en un fallo inédito en el país. La imputación fue por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este magistrado consideró que no cumplir con el artículo 86 era delito. Porque una mujer en situación de aborto no punible tiene derecho a una interrupción de embarazo seguro. “Cuando mi hermana entró al quirófano respiré aliviada, porque sabía que estaba en las mejores manos y no corría peligro”, indicó O., tutora legal de la joven. Por su expreso pedido, y para resguardar la identidad de la familia, se omiten los nombres y también el pueblo en el que viven, ya que es muy pequeño.

Para Borsellino es crucial que la existencia de la Campaña posibilite a muchas mujeres acceder a derechos antes negados. “Jamás me hubiera imaginado que una familia de una zona rural muy alejada, que vive a 280 kilómetros de la capital de la provincia, tenga la certeza y la convicción de venir a buscarnos y pedirnos ayuda”, indicó. El relato de O. es elocuente. “Llegué a Silvia por una amiga mía del pueblo, que fue alumna suya, y me dijo que seguramente podría ayudarme”, relató O. Ellos viven en una zona rural, y subsisten con la cría de animales. “En el campo es diferente. Necesitamos menos dinero para vivir que en la ciudad”, explicó esta mujer de 27 años, que debió hacer el trámite de curatela para pedir la intervención quirúrgica. El centro de salud más cercano a su casa queda a 40 kilómetros. “Ese fue el primer problema, en los hospitales de la zona era difícil. Costó que detectaran el embarazo. Nos decían que era un problema psicológico, pero luego conseguimos que le hicieran una ecografía y fue terrible”, relató con serenidad. “Ella es una persona discapacitada, y esto fue una violación. Alguien nos tiene que ayudar”, le dijo O. a su madre apenas supo. Sobre las presiones del diario de su provincia, afirma que fue duro. “Pero me fortaleció para no bajar los brazos. Sabía que era un derecho de mi hermana, como de todas las mujeres”, afirmó. Cuando publicaban sobre la vida del bebé, ella se indignaba. “No es un bebé, es un embrión que no tiene vida fuera de la panza de mi hermana. Y ella es menos que una nena, nunca llegó a saber lo que estaba pasando”, agregó.

Así las cosas, hay una nueva pelea en puerta, ya que una niña de 11 años, que fue violada –al parecer por su padre–, fue rechazada en el sistema público de salud de Mendoza porque vive en la Pampa. “Eso es totalmente incorrecto. El Código Penal es nacional, por lo tanto no puede argumentarse una jurisdicción provincial para no cumplirlo”, puntualizó Borsellino. Una vez más, se abrirá una discusión pública que sólo está destinada a obstaculizar, y pone en la picota a una nena.

“Está claro que es un retroceso discutir el artículo 86 del Código Penal”, consideró Marité Yanos, integrante de Mujeres Autoconvocadas Rosario y también de la Campaña. “Hace 88 años que el Código es muy claro en ese sentido. Hay instrumentos que no se están usando, como la guía técnica aprobada por el Ministerio de Salud en 2007, y nunca aplicada. Aquel documento contenía la interpretación amplia del artículo 86 en cuanto a violación, sin discriminar si se trata de una mujer discapacitada. Nosotras venimos exigiendo que se le dé rango ministerial a esta guía, y se distribuya en todo el país, para garantizar el acceso en todo el sistema de salud nacional”, agregó la activista rosarina.

Sin embargo, y tal como pasa con cualquier mujer con un embarazo no deseado, Borsellino tiene bien claro que el mayor agravante es la pobreza. “Es llamativo que en todos estos casos donde ha mediado la interpretación de alguien con ideas conservadoras, siempre han sido casos de mujeres o jóvenes pobres, en situación de doble vulnerabilidad y doble riesgo”, indicó la militante.

Mientras el Ministerio de Salud de la Nación tiene a mano instrumentos para evitar nuevas –y peligrosas– discusiones, en el Congreso de la Nación espera un proyecto de ley presentado en mayo de 2007 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esa iniciativa, que legaliza el aborto hasta la semana 12, recién tomó estado parlamentario el año pasado, también en mayo, cuando la legisladora santafesina Silvia Augsburger, con la firma de 20 diputados de distintos partidos, le dio ingreso. Ese debate, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la penalización que sólo pena la pobreza, porque los abortos se realizan igual, está pendiente. Y lo retrasan debates mucho más antiguos, como los que se vienen dando ante cada caso de aborto no punible.